Al inicio de la gestión de Javier Milei, una de las batallas que no logró ganar frente a las sociedades científicas y los laboratorios fue su intención inicial de eliminar el nombre comercial de los medicamentos en las prescripciones. Una normativa inicial en este sentido fue revertida, y hasta el momento actual, ese poder compartido por la industria farmacéutica y los médicos permanece inalterado. Incluso, según información obtenida por Clarín, existen numerosos profesionales de la salud que se resisten a sustituir una marca por otra más económica y con beneficios equiparables.
En este contexto ambiguo se encuentra la nunca implementada creación de la Agencia Nacional de Evaluación de Financiamiento de Tecnologías Sanitarias (ANEFiTS), anunciada el 27 de marzo de 2025 pero sin materializarse, lo cual imposibilita que un organismo imparcial valore el costo-beneficio de un nuevo medicamento para negociar su precio y evaluar su cobertura por parte de financiadores, compuesto por el sistema público, las obras sociales y las prepagas.
Desafíos del sistema actual
Actualmente, las decisiones que afectan las finanzas y el acceso equitativo a la atención médica quedan a merced de médicos y jueces. Este problema se observa particularmente con los medicamentos de alto costo. Un importante financiador del sistema de salud informó a Clarín que, según sus registros recientes, “aproximadamente el 20% de los médicos, en promedio, se opone a que la cobertura ofrecida a los pacientes sea de un biosimilar en lugar del medicamento original. Sin embargo, no se cuenta con una justificación documentada que avale esa oposición, ni por efectos adversos ni por eficacia”.
Los medicamentos biosimilares son producidos por laboratorios nacionales o extranjeros como versiones copiadas de los originales importados, y tienen un costo menor debido a ello. Así, este mecanismo sirve como regulador del mercado, reduciendo ciertos costos que en otras naciones pueden estar mejor dirigidos por las respectivas agencias de evaluación de tecnologías sanitarias.
La experiencia entre los distintos actores del mercado difiere. Un reconocido laboratorio nacional productor de un biosimilar oncológico informa que este medicamente recibió buena aceptación por los médicos y no generó grandes inconvenientes para su prescripción. Contrariamente, otro laboratorio local enfrentó resistencias cuando lanzó una droga para la fibrosis quística, a pesar de que la versión copiada tenía la misma eficacia que el medicamento innovador.
La dinámica que debería regir este sistema —según exponen desde el sector de los financiadores— es que “cuanto menor sea el número de biosimilares de una droga, y escasa la influencia de médicos prominentes sobre esa medicina, mayor oposición enfrentarán las copias debido a la concentración de decisiones y su influencia en las sociedades científicas. A medida que crezcan la oferta y los expertos se diversifiquen, ese control tiende a diluirse”.
Informes obtenidos por Clarín revelan que las especialidades que más evidencian el rechazo médico a las versiones copiadas son la neuroinmunología (esclerosis múltiple), la oncología, la oncohematología y la reumatología. Las diferencias de costos entre originales y copias pueden ser sustanciales: “Mientras un tratamiento para la esclerosis múltiple con una copia nacional cuesta 50 mil pesos mensuales, el original alcanza los 5 millones de pesos”, señaló un representante del sector financiero.
Impacto político
¿Qué opinan los médicos sobre estas acusaciones? ¿Son responsables o es una cuestión más amplia del sistema? Un reconocido líder de una sociedad científica, familiarizado con la prescripción de medicamentos costosos, declaró: “El número de médicos que se niega a prescribir copias de medicinas está lejos del 20%. Podrían haber casos puntuales, pero no a esa escala. Es más, estimo que existe una tendencia a recetar más medicamentos nacionales porque esos laboratorios tienen políticas de venta más agresivas mediante visitadores médicos, mientras que los laboratorios extranjeros se alinean más a las normativas de compliance (N. de la R: procedimientos internos y códigos de ética).”
Este mismo médico agregó: “Como profesional de la salud, estoy en la obligación de ofrecer al paciente lo mejor que el mercado tenga disponible. Mi papel no es cuidar las finanzas de la prepaga o de la obra social. A menudo el tema va más allá de la marca: solicitamos la cobertura del medicamento más innovador pero la prepaga sólo está dispuesta a pagar por el anterior, más económico. Por ello, sería fundamental poner en marcha una agencia de evaluación de tecnologías que deje estas decisiones en manos de un organismo externo”.
Determinar si el medicamento pagado por el Estado, obras sociales y prepagas es el caro original o su versión más económica es crucial en el contexto actual de crisis persistente del sistema sanitario, donde los recursos limitados deben redistribuirse. “El exceso de gasto en medicamentos impacta directamente en el salario del médico y la calidad general de la cobertura para el paciente”, repiten frecuentemente los financiadores.
El rechazo de médicos a las versiones más económicas de las medicinas a menudo culmina en los tribunales con amparos judiciales. Sin un marco sanitario al que referirse y sin consenso político claro, los jueces priorizan naturalmente el derecho a la salud del paciente en sus veredictos. Actualmente, un 10% de los amparos en salud están relacionados con reclamos sobre la marca del medicamento.
¿Qué lleva a los médicos a rechazar medicamentos más asequibles si son igual de seguros y efectivos que los originales? Las respuestas de las fuentes oscilan entre pasados buenos o malos resultados con pacientes que han usado esas medicinas —a menudo sin una sistematización formal— y conjeturas sobre posibles intereses mutuos entre profesionales de la salud y ciertos laboratorios.
Este complejo escenario, influenciado por recientes acontecimientos del país relacionados con patentes de medicamentos, podría volverse aún más complicado. El gobierno de Javier Milei prometió al de Donald Trump ofrecer un entorno favorable a los laboratorios extranjeros. Para ello, ya revocó una resolución de 2012 que limitaba los criterios de patentabilidad en el país y ahora intenta que, por medio del Congreso, Argentina se adhiera al Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT).
Los laboratorios nacionales, que hasta ahora operaban en un ambiente relativamente estable, temen enfrentar una avalancha de solicitudes de patentes extranjeras con plazos inciertos si la propuesta del PCT —a la cual se han adherido 158 países— finalmente prospera entre los legisladores. Al mismo tiempo, los financiadores observan con cierto recelo el potencial nuevo panorama.
Las fuentes de la Unión Argentina de Salud (UAS), que aglutina a las principales prepagas y prestadores del país, comentaron a Clarín: “Para evitar costos desmesurados y en ocasiones de poco beneficio, es fundamental contar con un Estado robusto que controle los abusos de posición dominante. Se necesita imperiosamente una agencia de evaluación de tecnologías, un sistema centralizado de compras para medicamentos de alto precio (por ser durante un tiempo prolongado monopólicos) y un Fondo Nacional de Recursos que financie estas prestaciones a toda la población sin desfinanciar el sistema. Todo ello debe basarse en un análisis de costo-beneficio social que tenga en cuenta no solo la solidaridad, sino también la equidad en la distribución de un recurso limitado”.