Este jueves, el Senado abordará la modificación de la Ley Nacional de Salud Mental, una propuesta que el Gobierno lleva meses tratando de aprobar. La discusión se centra en dos temas candentes que podrían provocar debates encendidos. Uno de ellos es el financiamiento, una disputa entre las provincias y la Nación sobre cómo costear las modificaciones sugeridas. El otro se refiere a las competencias profesionales, ya que el dictamen mayoritario del Ministerio de Salud prioriza a los médicos psiquiatras frente a los psicólogos, demandando la presencia de un médico para autorizar la internación involuntaria de un paciente.
Los conflictos en la Cámara alta
Los dos conflictos mencionados se reflejan en los dictámenes de mayoría y minoría que serán discutidos en el Senado, causando también diferencias entre los aliados del Gobierno. La Libertad Avanza (LLA) logró obtener el respaldo de 14 senadores para respaldar la reforma, pero cinco legisladores cercanos firmaron el dictamen con algunas diferencias, conocidas como “disidencias totales” o “parciales”, en relación con los aspectos clave mencionados previamente.
Aunque el dictamen de minoría, presentado por senadores del bloque Convicción Federal, nacido del kirchnerismo, cuenta con sólo tres firmas, las disidencias en el proyecto de mayoría auguran un debate intenso. Este proyecto de reforma de la ley 26.657 está programado para el final de la discusión del jueves.
Aspectos presupuestarios de la reforma
El debate sobre el presupuesto es crucial. Los defensores de la ley actual, sancionada en 2010, destacan la importancia del cambio de paradigma de entonces: alejándose de los manicomios, fomentando la atención interdisciplinaria, y priorizando la reinserción social del paciente. Ellos argumentan que la ley nunca se implementó debido a la falta de presupuesto. La falta de aplicación y financiación, junto con la escasa gestión del sector, ha tenido un impacto severo en los pacientes y sus familias, generando una fuerte demanda de cambios. Ya en abril, Manuel Adorni, ex vocero presidencial, anunció que el Gobierno propondría una reforma a la ley vigente.
Medio año después, el Senado elaboró dos dictámenes para discutir, priorizando el promovido por LLA. Si este resulta favorable, el otro no será debatido. No obstante, el proyecto podría someterse a votaciones por partes y podría ser modificado según el desarrollo del debate.
Un punto crítico es la financiación. La ley actual indica que la Nación debe destinar al menos el 10% del presupuesto total de salud a la salud mental. Aunque este porcentaje sigue presente en ambos dictámenes, la cuestión es cómo asegurar que se asignen recursos reales para implementar cambios, particularmente en las provincias que son responsables de gran parte de los servicios de salud.
El debate se clarifica al contrastar las versiones del proyecto. El texto original del Ministerio de Salud sugirió modificar el artículo 41, que trata sobre la cooperación entre la Nación y las provincias. La versión inicial hablaba de cooperación nacional sin especificar cómo sería esta asistencia, lo cual fue criticado por ser demasiado general. El dictamen de minoría, por otro lado, propone un Plan Nacional de Salud Mental quinquenal, desarrollado en consulta con el COFESA, con metas claras, indicadores, financiamiento y mecanismos de evaluación.
Además, exige a la cartera del ministro Mario Lugones presentar un informe anual al Congreso sobre el uso y asignación de recursos para la salud mental, con detalles específicos provinciales y nacionales. Aunque incluye más obligaciones a los funcionarios, este dictamen no prevé un aumento de presupuesto para las provincias.
El reclamo de fondos se extiende por los bloques oficialistas en el interior del país. En las negociaciones federales, las provincias insistieron en la necesidad de financiación para aplicar una norma que requiere equipos profesionales, servicios comunitarios y unidades especializadas, implicando costos e inversiones que las jurisdicciones deberán asumir.
La discusión sobre la labor de los psicólogos
La ley actual dicta que la atención en salud mental debe brindarse por equipos interdisciplinarios que incluyen psicólogos, psiquiatras, trabajadores sociales, enfermeros y terapeutas ocupacionales. Exige que dos profesionales de disciplinas distintas firmen una internación, uno de los cuales debe ser psicólogo o médico psiquiatra. No impone que uno deba ser forzosamente médico.
La propuesta inicial del Ministerio de Salud alteraba ese enfoque al requerir que los equipos incluyeran a un médico psiquiatra y que una internación fuera firmada necesariamente por un psiquiatra. Este cambio busca asegurar una intervención médica obligatoria, no prevista en la norma de 2010, según su nuevo planteamiento.
El dictamen de mayoría realizó algunos ajustes relevantes. Aunque mantuvo la necesidad de un psiquiatra en los equipos, aceptó que puede resultar difícil contar con especialistas en todas las provincias, facilitando la opción de teleconsulta sincrónica en estos casos cuestionables.
También ofreció mayor flexibilidad para las internaciones: en vez de exigir la firma de un psiquiatra, permite que un médico, preferiblemente psiquiatra o con formación en salud mental, junto con un profesional de otra disciplina, preferiblemente psicólogo, otorguen la autorización.
El proyecto original confiaba en la participación obligatoria de psiquiatras al decidir internaciones. Sin embargo, el dictamen de mayoría permite que otra especialidad médica realice esta función, aunque sigue requiriendo intervención médica, sin equiparar a psicólogos y psiquiatras como se hacía antes. La participación del psicólogo se contempla en las evaluaciones para altas.
Por el contrario, el dictamen de minoría sugiere mantener el planteamiento interdisciplinario actual. Para las internaciones, mantiene la regla de dos profesionales de áreas diferentes, uno de los cuales deberá ser psicólogo o psiquiatra, sin exigir formalmente que uno sea médico.
Otras áreas de la ley de salud mental
Los dictámenes también discrepan respecto a las garantías en casos de internaciones sin consentimiento. Ambos sugieren cambiar “riesgo cierto e inminente” por “riesgo grave”, modificando así las condiciones actuales para las internaciones involuntarias.
Una más de las diferencias surge en situaciones de urgencia, donde no se puede obtener inicialmente una evaluación completa. El dictamen de mayoría permite que un médico disponga la internación, bajo la condición de ser revisada por un equipo interdisciplinario dentro de 48 horas. El de minoría fija este plazo en 24 horas y demanda el fin de la internación si no se cumplen los requisitos necesarios.
Los desacuerdos también abarcan los tipos de establecimientos para estas internaciones. El dictamen de mayoría permite que estas se realicen en hospitales o centros especializados, públicos o privados, bajo ciertas condiciones, prohibiendo instituciones manicomiales. Mientras, el de minoría favorece hospitales generales y sólo acepta centros especializados si cuentan con planes de adecuación y no funcionan como asilantes.