Las consultas públicas están ganando popularidad en varios países como herramientas para avanzar en la regulación de políticas sanitarias. Sin embargo, el formato digital presenta una vulnerabilidad incrementada a interferencias automatizadas que aún no están convenientemente documentadas. Una reciente investigación de la Unidad de Políticas de Salud Global de la Facultad de Ciencias Sociales y Políticas de la Universidad de Edimburgo, en el Reino Unido, ha resaltado este problema en el contexto del vapeo y los cigarrillos electrónicos.
Intervención de bots en encuestas sobre vapeo
El estudio, publicado en el British Medical Journal (BMJ), analizó cómo los bots participaron en una consulta realizada por el gobierno británico en 2023, antes de que se aprobara una ley en 2026, hace apenas unos meses. La meta era conocer la opinión pública sobre la creación de una generación libre de humo y la problemática del vapeo entre los jóvenes. Se buscaba imponer restricciones al uso de tabaco y cigarrillos electrónicos desechables, productos diseñados para un solo uso. Los hallazgos fueron sorprendentes.
Impacto de los bots en los resultados
De las 118.756 respuestas recopiladas, el Departamento de Salud y Asistencia Social (DHSC) del Reino Unido descubrió que 90.835 (76 por ciento) eran respuestas fraudulentas generadas por bots. Los bots se enfocaron en una sola pregunta relacionada con la oposición a las restricciones propuestas sobre la venta de cigarrillos electrónicos desechables, y curiosamente, todas afirmaban haber conocido la consulta a través de redes sociales.
Principalmente, los bots se orientaron a evitar restricciones en la venta de cigarrillos electrónicos desechables. Al omitir estas respuestas fraudulentas, el 79,6% de los participantes reales apoyaron estas restricciones, una conclusión totalmente opuesta a lo que las respuestas no filtradas habrían indicado. Este caso parece ser el primero documentado de interferencia automatizada a gran escala en una consulta formal sobre políticas de salud pública.
La coherencia y magnitud de las respuestas de los bots sugieren una campaña organizada, similar a antecedentes de la industria tabacalera tratando de manipular consultas públicas mediante envíos masivos y coordinados”, señala el estudio publicado en el BMJ.
“Con el avance de la sofisticación de los bots y la extensión de las consultas públicas a variados contextos regulatorios, será crucial fortalecer las capacidades de detección y las salvaguardas de gobernanza para preservar la integridad de las políticas de salud pública, especialmente en regiones con recursos limitados donde la infraestructura de detección puede ser inexistente”, añade el estudio.
Nueva legislación sobre el tabaco y el vapeo
Finalmente, los autores remarcan que, aunque no es posible identificar los orígenes comerciales de estas campañas, empresas tabacaleras han saturado previamente consultas públicas con respuestas favorables a través de campañas masivas y envíos postales. Un ejemplo notable es la consulta sobre el empaquetado genérico de cigarrillos, que atrajo la mayor participación registrada en el Reino Unido, con 668.433 respuestas, de las cuales 665.989 formaban parte de dichas campañas.
El Reino Unido aprobó la Ley de Tabaco y Vapeo el 29 de abril de 2026, prohibiendo la venta de productos de tabaco a quienes nacieran después del 1 de enero de 2009. Esta legislación implica un cambio considerable en la regulación de la nicotina, incrementando cada año la edad mínima para la venta de productos de tabaco. Asimismo, establece la prohibición total de la venta de cigarrillos electrónicos desechables -populares entre los jóvenes-, junto con restricciones sobre sabores, publicidad y asequibilidad de los vapeadores en general.
Previo a la Ley, y tras la difusión del proyecto inicial, se realizó una consulta pública en octubre de 2023 cumpliendo con los requisitos regulatorios del Reino Unido, cuya respuesta gubernamental se publicó a principios de 2024. Ahí comenzaron a surgir los datos que fueron compilados en el estudio del BMJ.
La situación en Argentina
En mayo pasado, tras más de 15 años de enfoques prohibicionistas, el Gobierno argentino decidió regular los cigarrillos electrónicos y productos de nicotina, con el fin de abordar un mercado que funcionaba, hasta entonces, en la informalidad.
La medida, coordinada por los ministerios de Economía y Salud, la ANMAT y la Jefatura de Gabinete, se enfocó en regular tres grandes categorías: los vapeadores, el tabaco calentado y las bolsitas de nicotina. Se determinó que el esquema restrictivo vigente no había logrado frenar el consumo, sino que lo empujaba a la ilegalidad, eliminando cualquier control sobre el contenido de los productos y fomentando el contrabando.
Hasta ese momento, estos productos se consumían de manera masiva sin que el Estado pudiera fiscalizar o sancionar. “El escenario más desfavorable es el actual: consumo masivo en un mercado completamente negro”, señalaron desde el Gobierno. La nueva normativa establece un “registro obligatorio” para la comercialización de cualquier producto no registrado.
No obstante, desde el área médica se criticó la medida -que luego generó restricciones al vapeo en lugares públicos- argumentando que la legalización de los cigarrillos electrónicos podría abrir una nueva puerta al consumo de nicotina, una sustancia que genera adicción y, como han demostrado investigaciones científicas, incita a un consumo cada vez mayor.