Un Impactante Suceso en San Cristóbal
En una mañana que parecía ser como cualquier otra, un adolescente de 15 años ingresó armado a su colegio en San Cristóbal, Santa Fe, y le quitó la vida a un estudiante de 13 años. Este terrible acontecimiento, que también resultó en que otros dos alumnos quedaran heridos, se produjo a las 7:15 del lunes en la escuela Mariano Moreno. Un trabajador del colegio logró desarmar al joven y mantenerlo controlado hasta la llegada de la Policía.
La Ley de Responsabilidad Penal Juvenil
A pesar de que el Congreso Nacional aprobó bajar la edad de imputabilidad penal a 14 años, esta regulación aún no ha entrado en efecto. La preocupación y el debate sobre qué sucederá con el joven agresor está presente.
Perspectivas Legales y Opiniones de Expertos
Según Pablo Cococcioni, ministro de Justicia en la provincia, el joven no puede ser procesado debido a su edad. Cococcioni también destacó que el chico vivía bajo una “situación familiar complicada”. Ian Cabrera Núñez, el joven de 13 años que perdió la vida, fue víctima de un compañero de colegio.
Fernando Burlando, abogado, explica que aunque se ha sancionado un Nuevo Régimen Penal Juvenil que baja la edad de imputabilidad, este entra en vigor dentro de 180 días. De estar vigente, las penas podrían haber incluido una sentencia de hasta 15 años. Sin embargo, bajo la legislación actual, el joven sería sujeto a medidas de seguridad hasta alcanzar la mayoría de edad.
Implicaciones de la Legislación Vigente
Rodrigo Morabito, juez de la Cámara de Responsabilidad Penal Juvenil de Catamarca, aclara que según el principio de legalidad, solo se aplica la ley vigente al momento del acto penal. El decreto Ley 22.278, aún en vigor, determina que menores de 16 años no pueden ser enjuiciados penalmente. La nueva ley no puede usarse retroactivamente para agravar la situación del adolescente.
Javier Ignacio Baños, ex fiscal y doctor en Derecho, considera que la reacción estatal será protectora e integradora, enfocándose en apoyo psicológico, intervención de trabajadores sociales y medidas de protección bajo un enfoque de familia y niñez, sin entrar en procedimientos penales.