Cerca de 4.5 millones de blísters, ampollas, comprimidos y soluciones de los laboratorios HLB Pharma y Ramallo se encontraban almacenados en las estanterías y refrigeradores de los hospitales de la provincia de Buenos Aires. Estos medicamentos fueron retirados del uso tras revelarse un escándalo de contaminación con fentanilo que causó al menos 90 muertes. La Anmat ordenó la “recuperación” de todos los productos de las compañías que fabricaban y comercializaban el anestésico contaminado, y han permanecido sin ser tocados en centros de salud y clínicas del sistema sanitario de la provincia durante más de un año.
Orden de descarte
El Ministerio de Salud provincial emitió recientemente una resolución que exige a los centros de atención pública desechar estos productos de acuerdo con un protocolo de eliminación meticuloso y seguro.
Un total de 98 centros médicos deben realizar el retiro de estos productos con recursos propios, ya que el Juzgado Federal N° 3, dirigido por Ernesto Kreplak, ordenó la confiscación de todas las ampollas de fentanilo distribuidas en el país como parte de la investigación penal vinculada a las muertes.
De forma paralela, la Anmat, a través de la resolución 3158/2025, prohibió a HLB Pharma Group S.A. y Laboratorios Ramallo S.A. continuar con sus actividades de producción, así como la utilización, distribución y comercialización de todos los productos registrados bajo estas empresas en Argentina.
Acciones deficientes
A pesar de las prohibiciones, desde La Plata se reportó que el Ministerio de Salud de la Nación nunca proporcionó instrucciones ni asignó los recursos necesarios para eliminar los medicamentos. “Realizamos solicitudes y peticiones a diferentes autoridades sin obtener respuesta. La decisión final fue retirar y costear esto con los fondos de cada institución”, declararon fuentes del ministerio provincial.
La Resolución N° 7414, firmada por Nicolás Kreplak, ministro de Salud de la provincia, detalla cómo proceder con estos medicamentos y fue publicada en el Boletín Oficial, enumerando los elementos a eliminar.
En total, se trata de 4.463.951 unidades de productos que están distribuidos en casi un centenar de hospitales. Esto incluye 2.764 registros de lotes que fueron manufacturados por Ramallo y comercializados por HLB.
Se trata de una variedad de medicamentos como antibióticos, analgésicos, anestésicos, anticonvulsivantes, corticoides, soluciones y otros insumos farmacéuticos. Entre las drogas se encuentran la difenhidramina, fenitoína, diclofenac, dexametasona, gentamicina, noradrenalina, lorazepam, ketorolac y paracetamol, esenciales para la operación hospitalaria.
Estos productos fueron adquiridos a través de procesos de compra habituales y figuran en los registros del ministerio de Salud. Para poder eliminar estos medicamentos de manera adecuada, el ministerio elaboró un plan de retiro.
“No podemos simplemente desecharlos en un basurero. Es necesario cumplir con leyes y regulaciones nacionales y provinciales. Se desarrolló un manual aprobado por los organismos constitucionales de la provincia”, señalaron en el ministerio de Salud de Buenos Aires.
El plan de disposición está diseñado en cumplimiento de las leyes sanitarias y ambientales vigentes, incluidas las leyes provinciales 11.347 y 11.720.
Impacto en la salud
El juez Federal Kreplak ha documentado que, al menos, 90 personas fallecieron tras recibir fentanilo contaminado en hospitales de Argentina. Esto comenzó con una serie de muertes detectadas en el hospital Italiano de La Plata, lo que llevó a la presentación de un caso ante la Anmat y el inicio de una causa penal en mayo.
Ariel García Furfaro, propietario de HLB Pharma, está detenido desde finales de 2025. Recientemente, ex funcionarias de la Anmat e Iname, Agustina Bisio y Gabriela Mantecón Fumado, fueron arrestadas, pero tras pagar una fianza de 75 millones de pesos cada una, quedaron en libertad bajo proceso.
Tanto Kreplak como la fiscal Laura Roteta responsabilizan penalmente a las empresas HLB y Ramallo por las 90 muertes y el daño a 44 sobrevivientes debido a la administración de fentanilo contaminado. Además, el juez ha ordenado el embargo de bienes hasta cubrir 500.000 millones de pesos y estableció medidas para las acusadas, como no salir del país y comparecer mensualmente ante las autoridades.
La investigación iniciada hace más de un año, ha llevado al arresto de Ariel García y su hermano Diego, así como a otras 15 personas procesadas por la justicia.
La Plata. Corresponsalía
MG