La decisión del máximo tribunal sobre la regulación estatal de los incrementos en cuotas de prepagas: su impacto

El Tribunal Supremo ha resuelto que corresponde al Estado la tarea de controlar la subida de tarifas de las prepagas. En una medida que declaró inconstitucional dos artículos del decreto 70/2023, emitido por la administración de Javier Milei, se dejó sin efecto el retiro del control mensual por parte del Gobierno y se ordenó que retome esa función.

Fundamentos de la Decisión

La Corte Suprema subrayó que no es suficiente hacer referencia a una “emergencia general” como fundamentó el Poder Ejecutivo en ese decreto de necesidad y urgencia (DNU). Se precisó que es imprescindible justificar la emergencia y la urgencia de cada medida que se establece en el decreto.

Debido a los artículos objetados del DNU 70, las tarifas de las prepagas experimentaron un aumento significativo en enero de 2024. Esta situación provocó que la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS) presentara denuncias contra las prepagas. Finalmente, se logró resolver la disputa mediante un acuerdo judicial donde las empresas se comprometieron a reembolsar a los afiliados el incremento de cuotas de forma escalonada.

Reacciones del Mercado

Tras los primeros meses de agitación, la mayoría de las prepagas más grandes pactaron informalmente con el Gobierno para que los ajustes mensuales se basaran en el índice de inflación más reciente, tendencia que se ha mantenido hasta hoy, salvo excepciones.

Lo que hace ahora el Tribunal es cuestionar la manera en que el Ejecutivo optó por dejar de lado su papel regulador. Según se expresó, el decreto 70/23 no intenta justificar la relación entre la supuesta emergencia económica y social y la eliminación de competencias del órgano regulador; no se otorga ninguna explicación de por qué dichas medidas son necesarias y urgentes para abordar la supuesta “crisis económica y social del país”, señalaron por unanimidad los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti.

El fallo establece que el Estado debe fiscalizar los aumentos en las tarifas de las prepagas. Foto: Shutterstock

Un Precedente Importante

Esta resolución de la Corte marca la primera vez que se declara la inconstitucionalidad de artículos específicos del DNU 70. Hasta el momento, las impugnaciones habían sido realizadas por actores sin legitimación directa para esas demandas.

En este contexto, la Corte reiteró “la declaración de inconstitucionalidad de los artículos 267 y 269, sin que esta decisión aborde otros aspectos del decreto o su posible justificación, que serán evaluados en futuros casos concretos que surjan y lleguen a este Tribunal”, difundieron fuentes del alto tribunal.

El Origen del Litigio

La disputa comenzó cuando María Del Carmen Bobbio entabló una demanda contra la prepaga Swiss Medical tras experimentar un alza del 110% en su tarifa de diciembre de 2023 a febrero de 2024. Alegó que, de haberse seguido la resolución 2577/2022 del Ministerio de Salud, el incremento habría sido nada más que del 6.26%.

En ese marco, Bobbio solicitó que se declararan inconstitucionales los artículos que abolieron el artículo 5 inciso g y reemplazaron el artículo 17 de la ley 26.682, que regulaba el control estatal sobre los precios de las prepagas.

El juzgado de primera instancia desestimó el amparo. La Cámara Federal de Apelaciones de La Plata anuló esa resolución, declaró la inconstitucionalidad de esos artículos y ordenó a la empresa ajustar los aumentos de cuotas según el Índice de Precios al Consumidor (IPC), además de indicar al Estado retomara la función reguladora establecida por la ley.

Las prepagas se adecuaron a la inflación en la mayoría de los casos. Foto: Shutterstock

En su momento, se argumentó que el DNU dejaba a los usuarios “expuestos al fenómeno de la cartelización del mercado de salud”, algo que solo el Congreso Nacional podría autorizar. Además, se añadió que el Ejecutivo debió incluir el asunto en sesiones extraordinarias, como en otros casos, y que la urgencia no estaba demostrada.

Tanto el Estado Nacional como Swiss Medical apelaron. La Procuradora Fiscal solicitó confirmar la declaración de inconstitucionalidad de los artículos 267 y 269 del DNU y la orden al Estado de reasumir la función reguladora.

En sus fundamentos, los jueces destacaron un fallo reciente en el caso “Cencosud”, mencionando que “la Constitución Nacional no deja dudas de que la aprobación del ejercicio de facultades legislativas por el Ejecutivo es una medida de extrema excepcionabilidad y sujeta a formalidades que la limitan, no la amplían”.

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En esencia, la decisión del Tribunal no implicará cambios notables para los afiliados, pues se cuestiona la forma en que se decidió la subida de tarifas. Esto indica que si el Estado hubiera determinado los incrementos periódicos conforme al IPC mensual en lugar de dejar que las empresas decidieran, probablemente no habría surgido esta disputa legal y sus consecuentes efectos.

Consultados por Clarín, desde la SSS mencionaron que dado que el fallo modifica el DNU 70, excede a esa entidad y compete a la Casa Rosada brindar explicaciones. Al cierre de esta nota, no hubo declaraciones al respecto.

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