Han pasado casi tres décadas desde que Argentina dio un primer paso hacia el Tratado de Cooperación en Materia de Patentes, conocido como PCT, un acuerdo que protege la propiedad intelectual de productos innovadores y que cuenta con la adhesión de cerca de 160 naciones. Sin embargo, este jueves, tras numerosos intentos fallidos y diversas resistencias políticas traducidas en prolongados conflictos de intereses, Argentina ha decidido sumarse al PCT.
Impacto en el sector farmacéutico
Esta decisión tendrá un impacto significativo en el ámbito farmacéutico, lo que nos lleva a cuestionarnos sobre las posibles implicaciones a nivel de farmacia o en el ámbito de los tratamientos médicos que requieren medicamentos específicos. Inicialmente, la respuesta es que poco cambiará a corto plazo, aunque este panorama tiene varias aristas.
La llegada de medicamentos innovadores
Desde la perspectiva del Gobierno y las farmacéuticas multinacionales, la adhesión podría facilitar la entrada de medicamentos innovadores al país, aquellos que aún no se encuentran en el mercado local, y permitir su venta más ágilmente. Por otro lado, empresas farmacéuticas de capital argentino, junto con una porción significativa de la política local, han mostrado preocupaciones de que tal adhesión podría encarecer ciertos medicamentos a mediano y largo plazo.
La realidad compleja de Argentina, junto con la reserva al capítulo II del tratado, sugiere que los efectos podrían variar y no ser tan lineales como se podría esperar. Esto es importante para quienes necesitan comprender cómo podría verse afectada la disponibilidad de medicamentos desde la perspectiva del ciudadano común. Aquí entra en juego el rol crucial del INPI, el Instituto Nacional de Propiedad Industrial.
El papel crucial del INPI
El INPI es el organismo que tiene la última palabra sobre la aprobación o rechazo de solicitudes de patentes en Argentina, independientemente de la adhesión al PCT. Este tratado ofrece a las empresas la posibilidad de gestionar la protección de sus innovaciones en varios países de manera más económica y rápida, lo cual beneficia a los inventores locales que buscan introducir sus productos en el extranjero.
Cuando una compañía farmacéutica extranjera busca ingresar al mercado argentino con una patente registrada a través del PCT, todavía debe obtener la aprobación de la ANMAT para el uso y venta del medicamento, además de la aprobación del INPI respecto a la protección de su patente.
Hasta ahora, el INPI ha rechazado en gran medida las patentes de las multinacionales farmacéuticas, un hecho que se ha atribuido a la influencia de la industria local. La pregunta ahora es si este patrón cambiará.
No se trata necesariamente de una pérdida de “soberanía”, sino más bien de cómo el PCT proporciona informes técnicos que ayudan en el proceso de patentamiento en los diferentes países, incluso si Argentina no adhirió al capítulo II, que contiene algunos de los informes más cruciales.
El PCT guía a los inventores sobre en qué países podría ser viable su producto y cómo presentar la patente en esos lugares, lo que ayuda a que su solicitud sea más sólida. No obstante, el hecho de que Argentina no considerará el informe técnico principal debilita los beneficios mencionados.
Finalmente, el INPI decidirá qué patentes proteger, un proceso que se complementa con el tipo de patentes otorgadas. Un factor polémico es el impacto que esto tiene en los biosimilares, que constituyen el 90% de los medicamentos vendidos en Argentina. Si más empresas patentan aquí, podría retrasarse o detenerse el desarrollo local de biosimilares, lo cual podría aumentar los costos de los medicamentos en el mediano plazo.
Como resultado, la aceptación de nuevas patentes dependerá de quién dirija el INPI y de los intereses en juego, haciendo que las respuestas sobre si veremos medicamentos más caros en el mercado argentino sean, en última instancia, inciertas.
