Frecuentemente, cuando se revelan estadísticas sobre la crisis educativa en Argentina, la atención se dirige hacia los institutos de formación docente, responsables de preparar a los educadores que llegan a las escuelas.
¿Qué está sucediendo en este ámbito? ¿Qué ocurre dentro de un sistema que muchos catalogan como un “agujero negro”, con poca información pública y que, según varios análisis, no logra capacitar a docentes que puedan cambiar el deterioro de los aprendizajes?
El contexto es complicado. Con más de 1.300 instituciones de formación docente, aproximadamente 34 por cada millón de habitantes, Argentina se posiciona entre los países con más institutos de formación por persona. Más del 60% de estos centros son públicos y están bajo la jurisdicción provincial, que se encarga de pagar a los maestros.
Las críticas no solo se dirigen a la cantidad de instituciones, también a su calidad. Hay escasez de institutos en áreas clave, como ciencias exactas e idiomas, y varios expertos señalan deficiencias en su educación.
A esto se suma la carencia de una planificación educativa adecuada en un sistema disperso por todo el país, donde la creación de nuevas carreras se basa más en decisiones políticas locales que en verdaderas necesidades educativas.
Nuevo sistema de acreditación
En respuesta a esta situación, la administración de Milei ha introducido un sistema innovador de acreditación para los institutos de formación docente. Este sistema busca evaluarlos regularmente y establecer estándares más rigurosos para otorgar reconocimiento nacional a los programas de formación que ofrecen; y si no cumplen, procederá a su eventual cierre.
Después de un experimento piloto realizado a finales del año pasado, se prevé que el proceso comience este año con la evaluación de 300 institutos: 150 con acreditación completa y otros 150 en fase de autoevaluación.
El método ha sido acordado tras años de discusión a través del consenso entre todas las provincias en el Consejo Federal de Educación, que reúne a los ministros del área, pese a la resistencia de algunos sindicatos docentes.
Implicaciones y evaluaciones
El nuevo sistema de acreditación de los institutos de formación docente es semejante al proceso de evaluación universitario que lleva a cabo la CONEAU. Sin embargo, a diferencia de este, que acredita carreras, el nuevo mecanismo revisará el funcionamiento completo de cada instituto.
Este proceso comprende una autoevaluación interna, una revisión externa y recomendaciones de mejora. A medio plazo, los resultados traerán consecuencias concretas: tras completar el proceso de acreditación, aquellos que no logren acreditar no podrán alcanzar la validez nacional para los programas ofrecidos.
Lanzado a través de una resolución aprobada en 2024 por el CFE, este procedimiento exige que los institutos se sometan a acreditación cada seis años, con la meta de que para 2030 todos hayan completado al menos un ciclo de evaluación.
El proceso abarca dos etapas: una autoevaluación institucional y una evaluación externa conducida por una Unidad Federal de Evaluación, bajo la coordinación del INFoD, que supervisa la formación docente en el país.
Con base en los informes de las unidades evaluadoras, el INFoD determinará si los institutos reciben una acreditación “total” por seis años o “parcial” por tres. En casos de acreditación parcial, se formularán recomendaciones para mejorar las deficiencias detectadas, sin impedir la inscripción de nuevos estudiantes.
Ajustes y objetivos económicos
El Gobierno de Milei destaca que uno de los objetivos de estas reformas es alinear la oferta de programas de formación docente con las necesidades del sistema educativo obligatorio.
Para lograrlo, se han promovido cambios en el diseño de los programas formativos. En 2024, el CFE aprobó una resolución para actualizar las normas curriculares de la formación docente inicial, luego de más de una década sin revisiones.
Entres otras modificaciones, la reforma establece un límite a la carga horaria de los programas, a menudo diseñados para satisfacer las necesidades laborales de los docentes más que para la formación de los estudiantes; asimismo, se permite incorporar elementos de educación a distancia.
Además de los objetivos educativos, se persiguen metas financieras. En un clima de ajuste significativo en el sector educativo –casi un 50% en el ámbito nacional los últimos dos años–, el gobierno busca que las provincias, que gestionan los institutos, reduzcan gastos.
Responsables oficiales afirman: “Queremos que los gastos estén inteligentemente ligados a resultados educativos, como sucede con las universidades”. Aunque las universidades son financiadas por el gobierno federal y los institutos por las provincias, “al final del día, es dinero de los contribuyentes”, señalan, argumentando que también procede de la coparticipación federal.
Reformas en la formación continua
Además de la acreditación y reforma curricular, el plan oficial incluye transformaciones en la formación continua para los docentes activos.
El diagnóstico oficial resalta un exceso de cursos, muchas veces desvinculados de las necesidades reales de las escuelas.
Se sostiene que durante años se fomentaron cursos masivos que operaban como un “mercado de puntajes” para los docentes, que acumulaban certificados para mejorar posiciones laborales sin evidencia clara del impacto de estas formaciones.
Al asumir, el gobierno encontró varios convenios caros con universidades y sindicatos para cursos ofrecidos a través de la plataforma INFoD, incluyendo uno con un coste de 2.600 millones de pesos con seis universidades del Conurbano, los cuales fueron rescindidos.
Ahora, el enfoque busca que la formación continua esté alineada con las políticas educativas de cada provincia y no sea decidida unilateralmente desde la nación. En lugar de cursos masivos, el organismo pretende ofrecer apoyo técnico y financiero a los planes provinciales.
Un ejemplo son los “ateneos didácticos”, espacios de capacitación realizados en distintas provincias, conectados a planes de alfabetización. Los docentes participan de encuentros intensivos relativos a su práctica diaria y reciben una gratificación económica por su participación.
Para este año, el programa dispone de un presupuesto de cerca de 15.000 millones de pesos para financiar a los formadores y compensar a los docentes que participan en estas actividades fuera de su horario laboral.