Envuelto en una controversia judicial y ecológica aún sin resolver, el proyecto inmobiliario en la costa sur de Mar del Plata ha recibido un apoyo institucional significativo desde el gobierno de Axel Kicillof en La Plata.
A través de una resolución, Carlos Bianco, el ministro de Gobierno de la provincia de Buenos Aires, aprobó una ordenanza que el Concejo Deliberante había sancionado a finales de 2022. Esta modificación en las normativas urbanísticas afecta un terreno frente al mar, donde se planea levantar nueve edificios en una zona de bosque y cerca de un arroyo. La controversia surge porque grupos ambientalistas y residentes locales se oponen a este desarrollo, ya que permite la construcción en un área de reserva forestal.
El proyecto denominado Reserva Explanada es un extenso desarrollo residencial que ya ha comenzado en el área del balneario más exclusivo y costoso de Mar del Plata, conocido como La Reserva, situado en el kilómetro 530 de la ruta interbalnearia 11, al sur del faro de Punta Mogotes.
Aprobación del Proyecto y Modificaciones Normativas
Gracias a la decisión de Bianco, el proyecto recibió la aprobación necesaria para expandir su capacidad de construcción en seis hectáreas del barrio Alfar. Los cambios en la normativa incrementaron el Factor de Ocupación Total de 0,16 a 0,30 y el de Ocupación del Suelo de 0,07 a 0,10, elevando la densidad de 80 a 100 habitantes por hectárea. También se incrementó la altura máxima permitida de 9 a 12 metros, lo que autoriza la construcción de edificios de hasta tres pisos en medio de la Reserva Forestal Paseo Costanero Sur.
Dictámenes Técnicos y Responsabilidad Municipal
El aval provincial se fundamentó en los informes técnicos emitidos por la Autoridad del Agua (ADA) y el Ministerio de Ambiente bonaerense, que ya habían provisto los documentos de prefactibilidad ambiental y de agua. No obstante, la principal responsabilidad del ordenamiento territorial recae sobre la Municipalidad de General Pueyrredón.
Se estipula que la autorización definitiva de subdivisiones o el inicio de uso del suelo requerirán conformidad con la legislación provincial vigente en materia de infraestructura y servicios, por lo que no se trata de un permiso de obra inmediato.
Resistencia Legal por parte de Grupos Ambientalistas
En el ámbito judicial, los grupos ambientalistas están tratando de detener el proyecto. La ausencia de la aprobación provincial era uno de los argumentos principales utilizados por los residentes para cuestionar la legitimidad del proceso.
En agosto de 2026, la Asamblea Playas del Sur y Surfrider Argentina interpusieron una demanda solicitando la nulidad de la Declaración de Impacto Ambiental que había sido emitida por EMSUR, el ente municipal. Exigieron una medida cautelar que suspendiera cualquier obra o tala en el terreno afectado, indicando que el proyecto significaría la construcción de 40.000 metros cuadrados cubiertos distribuidos en varios edificios con 198 unidades habitacionales.
Criterios de Sustentabilidad y Respuestas del Proyecto
Las organizaciones sostienen que el desarrollo amenaza los médanos, el acceso público a la costa y el entorno del arroyo Corrientes, además de requerir la remoción de numerosos árboles en un ecosistema vulnerable. Aseguran que un proyecto de este tamaño, tan cercano al mar, aniquilaría completamente la reserva.
Desde el despacho a cargo del diseño, Lapiz Architects, se defendieron los aspectos de la propuesta urbana y los criterios de sostenibilidad aplicados. Según los arquitectos Susana La Porta Drago y Axel Zemborain, el proyecto busca integrarse con la topografía del entorno. Afirman que solo se usará el 10% del terreno para infraestructura y que las construcciones se situarán en áreas con menor densidad forestal para minimizar el impacto.
Los diseñadores explican que, con fachadas curvas y estructuras triangulares, se pretende reducir la prominencia visual entre el follaje. Prometen resolver el estacionamiento bajo tierra y la regeneración del bosque con especies autóctonas.
A pesar de estos compromisos de sostenibilidad, la convalidación de la ordenanza ha suscitado debate sobre el manejo de la costa. La ratificación administrativa podría inclinarse a favor del desarrollo privado, mientras la causa judicial está estancada debido a cuestiones procesales.
Este episodio muestra una contradicción con las modificaciones normativas sobre manejo de recursos hídricos que el gobierno había propuesto. Al final del año anterior, el Ministerio de Infraestructura buscó fortalecer las competencias de la ADA estipulando prohibiciones estrictas sobre construcciones dentro de los primeros 150 metros desde la costa. Sin embargo, estas regulaciones permiten a la ADA autorizar excepciones.
En consecuencia, el ministro autorizó en este caso la ampliación de las normativas, permitiendo un desarrollo en una de las áreas más deseadas del sur de Mar del Plata, visibilizando la discrepancia entre los discursos oficiales sobre protección costera y las decisiones administrativas de La Plata.
Por el momento, aunque la ratificación en el Boletín Oficial proporciona el soporte normativo necesario para el sector privado, la discordia continúa dividiendo a la comunidad de Mar del Plata entre la expansión del desarrollo inmobiliario y la defensa de su patrimonio natural.