Dieciocho meses después del anuncio oficial sobre la creación de la denominada Agencia Nacional de Evaluación de Financiamiento de Tecnologías Sanitarias (ANEFiTS), fuentes gubernamentales aseguran que se está avanzando en su implementación. Aunque aún no hay una fecha concreta, un alto funcionario ha confirmado que el proyecto sigue en marcha: “Se llevará a cabo”.
Este ente será responsable de decidir qué medicamentos de alto costo -como los destinados a tratar cáncer, enfermedades raras o autoinmunes, entre otros- deberán ser financiados por las entidades de salud: el Gobierno, las obras sociales y las empresas de medicina prepaga. Un comité especializado analizará la relación costo-eficacia para emitir su veredicto en cada caso. Esta decisión podría tener un gran efecto sobre el sistema de salud.
La creación de este ente es vista como un cometido pendiente que este Gobierno ha decidido enfrentar, buscando dotar al sistema sanitario de una estructura funcional y transparente. Utilizando criterios objetivos y reglas claras para todas las partes, la ANEFiTS no solo fortalecerá la sustentabilidad económica del sistema de salud, sino que también garantizará que cada recurso invertido tenga un efecto positivo y comprobable en la salud y el bienestar de los argentinos, según la declaración oficial difundida el 27 de marzo de 2025.
Desde la promulgación del plan, que pretende equilibrar los intereses de los financiadores que buscan disminuir la carga económica de estos fármacos, con los de las farmacéuticas internacionales que desean introducir sus innovaciones en el país con mínimas trabas, ha parecido estar en pausa. Esto coincidió con la visita del secretario de Salud de Estados Unidos, Robert Kennedy Jr., a Argentina en mayo del año pasado.
Recientemente, sin embargo, el tema de esta agencia ha vuelto a surgir como prioridad, siendo uno de los principales puntos de discusión en el XXIX Congreso Argentino de Salud organizado por la Asociación Civil de Actividades Médicas Integradas (ACAMI), que reunió a representantes de los distintos sectores del sistema de salud, tanto público como privado.
Antes del congreso celebrado este jueves, Alfredo Gamietea, presidente de Osdepym -una de las principales obras sociales del país-, ilustró la magnitud del problema actual con los medicamentos de alto costo: “En nuestro caso, el 2% de los pacientes consume el 50% del presupuesto en medicinas”. Los financiadores reconocen que históricamente las medicinas representaban aproximadamente el 14% del gasto y ahora superan el 40%.
Desafíos del sistema de salud
La desproporción en el gasto por parte de pocos pacientes afecta la disponibilidad para la mayoría, lo que también impacta en los salarios del personal de salud y en el rezago tecnológico. Esto a su vez deteriora la calidad de los servicios, que varía según el caso pero tiende a ser cada vez más deficiente.
El Fondo Solidario de Redistribución, sustentado en las contribuciones de las obras sociales y prepagas y originalmente destinado a mitigar el impacto de los llamados medicamentos “catastróficos”, ha dejado de cumplir su propósito. Se ha vuelto deficitario, principalmente por el gasto asociado a la discapacidad, incluyendo áreas como educación y transporte, que los financiadores han pedido por años que se financien a través de otros ministerios, y no de Salud.
Necesidad de regulación y apoyo
El desajuste en el financiamiento para los medicamentos más caros ha derivado en procesos judiciales, a través de amparos que presentan los pacientes. Aunque el programa de mediación “Promesa” intenta reducir estas demandas, aún no es vinculante y las disputas en temas de salud siguen siendo recurrentes en los tribunales.
El impacto salarial es un aspecto crucial derivado de estos desajustes. Héctor Daer, secretario general del gremio de la Sanidad, destacó en el congreso de ACAMI que debido a la falta de incentivos, ha disminuido el interés en estudiar enfermería u otros campos relacionados con la salud. “En una década, cuando los actuales empleados se jubilen, nos encontraremos sin reemplazos”, alertó.
Otro tema de preocupación fueron los costos que los hospitales públicos cobran a los pacientes de las obras sociales por tratamientos. La diferencia en tarifas entre el sector privado y público fue un tema destacado, especialmente en los hospitales de la Ciudad de Buenos Aires y Mendoza. Hubo amenazas de acudir a la Justicia si no se modifica esta política, ya que se considera que los hospitales públicos están siendo usados para recaudar, en detrimento del sector privado.
El ministro de Salud de la Ciudad de Buenos Aires, Fernán Quirós, que participó en el congreso más temprano y se retiró antes de las declaraciones de Daer, respondió posteriormente a esta consulta: “Los aranceles en CABA son de mercado. Si hay valores altos en ciertas líneas, siempre estamos dispuestos a evaluarlos”. Añadió que prefieren no atender a personas con cobertura para priorizar a los más vulnerables, y que las instituciones deben mejorar su acceso para atraer más pacientes.
PS