En Lomas de Zamora, el Gobierno decidió reemplazar a la encargada de dos oficinas de registros vehiculares, tras descubrirse que no se habían transferido fondos que debían dirigirse a la Administración Nacional. Según la Resolución 551/2026 del Ministerio de Justicia, divulgada en el Boletín Oficial, el inevitable daño económico supera los $117 millones.
Identidad de la funcionaria afectada
Marta Elena Castañón, quien supervisaba el Registro Seccional de la Propiedad del Automotor de Lomas de Zamora N.º 5 y la oficina especializada en Motovehículos Letra A, fue objeto de esta sanción.
Origen de las irregularidades
Según documentos oficiales, en 2025 se inició una indagación administrativa para identificar posibles responsabilidades en el manejo cuestionable de estas oficinas.
El texto subraya que la funcionaria incumplió con la “obligación de transferir íntegra y puntualmente a la Administración Central los saldos de las liquidaciones de emolumentos recaudados”.
Detalles de los montos no remitidos
Los registros detallan que las irregularidades se extendieron entre julio de 2024 y febrero de 2025, con valores que en ciertos meses superaron los $18 millones.
En su defensa, Castañón argumentó que el retraso en los depósitos no era una estrategia de desviación, sino una “imposibilidad económica provocada por el desfinanciamiento” del registro.
Adicionalmente, criticó la demora en responder a sus solicitudes para resolver la deuda con pagos a plazos y mencionó que otras oficinas enfrentaban problemas comparables. No obstante, la Dirección Nacional de los Registros Nacionales informó que de aproximadamente 1.400 oficinas, solo 14 tenían deudas y 10 ya estaban bajo investigación.
Refutación de los argumentos defensivos
Los argumentos presentados fueron rechazados por la investigación. La resolución enfatiza que los remanentes pertenecen al Estado Nacional desde su origen y deben ser ingresados en los tiempos estipulados por la ley.
Análisis del uso de los fondos
El expediente también pone en duda la interpretación de la funcionaria sobre los fondos. Según el análisis, la deuda acumulada “no ha sido efectivamente debatida por la imputada, sino presentada desde un enfoque que busca justificar sus acciones”.
Además, se señaló en la resolución que cualquier disparidad económica entre los ingresos y los gastos es un riesgo asumido por el encargado y no justifica en ningún caso retener sumas que deben ser transferidas al Estado.
Inicialmente, la investigación contempló un daño fiscal de $73,5 millones. No obstante, un análisis técnico realizado por la Sindicatura General de la Nación ajustó la cifra a $117.246.510,53 al 15 de septiembre de 2026, considerando este monto de “significativa relevancia económica”.
Tras esta conclusión, el Ministerio de Justicia ha dirigido las acciones necesarias para recuperar los fondos desde las áreas pertinentes, tanto administrativas como judiciales.
La resolución deja constancia de que estos sucesos son objeto de investigación en un caso denominado “NN s/ Defraudación”, llevado a cabo por el Juzgado Federal Criminal y Correccional N.º 2 de Lomas de Zamora.
Se aclara asimismo que el procedimiento administrativo no está concluido y que la exfuncionaria puede presentar apelaciones para impugnar la decisión adoptada.
