Nueva normativa en Francia plantea discusión sobre la edad adecuada para el acceso juvenil a redes sociales

En el mundo desarrollado, la infancia y la adolescencia parecen estar adentrándose en un “retroceso analógico”, algo que están promoviendo varios gobiernos. Ante una crisis global de salud mental juvenil, el enfoque está en el acceso temprano a las redes sociales.

Normas estrictas para el uso juvenil

Recientemente, Francia ha adoptado una legislación sin precedentes en la Unión Europea. Desde el 1 de septiembre, con el inicio del año escolar europeo, a los menores de 15 años se les prohibirá crear nuevas cuentas en las plataformas digitales.

En el caso de los jóvenes franceses que ya poseen cuentas activas en plataformas como TikTok, Instagram, Snapchat o X, tienen hasta enero de 2027 para que las empresas bloqueen esas cuentas. Además, al igual que en las escuelas primarias, en las secundarias tampoco estará permitido el uso del celular; estos dispositivos deberán permanecer apagados o guardados en los casilleros durante todo el horario escolar.

El debate continúa en América Latina

En Argentina, el debate ha ido más allá de las recomendaciones académicas y los “acuerdos parentales” en grupos de WhatsApp de padres. Este tema comenzó a cobrar relevancia legislativa en los últimos meses, especialmente después de las restricciones impuestas a los menores en Australia y el Reino Unido.

La pregunta clave es: ¿pueden los Estados realmente exigir a gigantes como Meta, TikTok o Google el cierre de cuentas de menores? Asimismo, ¿es factible implementar una restricción digital similar en las aulas argentinas? La respuesta aún depende de leyes que no se han promulgado.

Antes que nada, es esencial determinar si debería establecerse una “mayoría de edad” para el uso de redes en el país, y qué tipo de contenido debería ser restringido para el acceso juvenil.

Roxana Morduchowicz, doctora en Comunicación y consultora para la Unesco, no apoya la prohibición de las redes más allá de los 13 años, que actualmente es la edad mínima para abrir una cuenta.

“Aunque las redes tienen riesgos, impedir su uso a adolescentes podría llevarlos a otros espacios en Internet, más complejos y sin regulación, que podrían resultar peores”, comenta en Clarín.

Si se busca proteger a los jóvenes del acoso en línea, pregunta Morduchowicz, “¿logrará la prohibición eliminar el problema? Aquellos que participan en acoso buscarán nuevas vías en Internet para seguir haciéndolo, ya que el problema no son las redes en sí, sino el medio que utilizan”.

El diálogo, sugiere, debería centrarse en educar a los jóvenes sobre el significado y alcance del acoso y la intimidación digital.

Otro argumento en contra de negar el acceso a jóvenes de 14 a 17 años, dice la especialista, es que “se omiten las oportunidades educativas y comunicativas que estas plataformas ofrecen para expresarse y conectar con otros”.

Prohibir el uso de las redes podría tener un efecto contrario, haciéndolos más susceptibles “porque resulta complicado enseñar el uso consciente y apropiado de las plataformas si no tienen acceso a ellas”.

Por ello, destaca la importancia de proporcionar “una formación en ciudadanía digital que permita a los estudiantes debatir críticamente y con ética sobre las tecnologías”.

El argumento del gobierno francés

El presidente Emmanuel Macron dejó clara su postura en París: “Dejamos a nuestros niños en una jungla digital que absorbe su atención. Las emociones de nuestros jóvenes no deberían ser explotadas por algoritmos”. La base científica de esta ley proviene de la agencia de salud francesa y comisiones parlamentarias que evaluaron los efectos de TikTok.

Los estudios indicaron que “la exposición continua al desplazamiento infinito lleva a cuadros severos de depresión, baja autoestima, trastornos del sueño, sedentarismo y riesgo de ciberacoso”.

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En Argentina, el vacío legal es evidente. “Todo depende del área jurisdiccional”, comenta Morduchowicz, y señala que la Secretaría de Educación no proporciona guías claras.

La regulación está dictada por las condiciones de uso, que estipulan una edad mínima de 13 años para registrarse. Sin embargo, este control es débil, ya que muchos falsean su edad al abrir una cuenta. No obstante, la presión global ha impulsado varias iniciativas en el Congreso Nacional y las legislaturas provinciales.

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Uno de los proyectos de mayor interés nacional es la Ley de Acompañamiento Parental, presentada por la diputada María Jimena López, que busca un marco de responsabilidad conjunta entre el Estado, las familias y las empresas tecnológicas. Limitaría la navegación a adolescentes de 14 a 16 años, permitiéndola solo con el consentimiento rastreable de padres o tutores, y otorgando autonomía digital a partir de los 16 años.

Paralelamente, proyectos en el Senado, como el de Luis Juez, buscan suprimir características adictivas en cuentas de jóvenes, restringiendo notificaciones durante la noche y ocultando “me gusta” para reducir la ansiedad de aceptación social.

A nivel provincial, Buenos Aires encabeza la demanda de regulación. Un proyecto de Gustavo Cuervo quiere establecer legalmente una edad mínima de 13 años para crear cuentas en el territorio bonaerense.

A diferencia de otras propuestas, esta regulación no aceptaría excepciones: ni siquiera la autorización parental permitiría que un niño más joven tenga una cuenta, pasando las sanciones directamente a las empresas tecnológicas.

El enfoque en el dispositivo móvil

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En Argentina, seis de cada diez niños de 8 años poseen su propio celular, y no hay consenso sobre prohibir su uso en las escuelas. Según un informe del Observatorio de Argentinos por la Educación, que analizó el aumento del uso de celulares y la evidencia científica disponible, el 23% de los niños usan dispositivos familiares.

Solo el 18% carece de acceso a un teléfono móvil. Las diferencias son evidentes entre provincias; en Santa Cruz, Catamarca y Tierra del Fuego, más del 65% de los estudiantes de tercer grado tienen un celular, mientras que en Misiones y Formosa, la cifra es aproximadamente del 40%.

Las disparidades también se ven en el nivel socioeconómico: el 63% de los estudiantes del quintil superior posee un dispositivo propio, frente al 52% del quintil inferior.

AS

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