Introducción al caso de Ángel López en los juzgados de familia de Chubut
El trágico fallecimiento de Ángel Nicolás López, un niño de 4 años, ha generado una profunda conmoción en Chubut. En 2025, los juzgados de familia de Comodoro Rivadavia recibieron 2.209 casos, siendo uno de ellos el de Ángel. El niño sufría múltiples golpes en la cabeza, y su madre junto a su padrastro hoy se encuentran detenidos por este hecho.
Los problemas del sistema judicial y la decisión del juez Pérez
Ángel quedó atrapado en una disputa por la custodia entre sus padres, rodeado de acusaciones de violencia y antecedentes de maltrato. Ninguna de las instituciones encargadas de su protección, como el Poder Judicial, el Equipo Interdisciplinario (ETI) o el Servicio de Protección de Derechos de la Niñez (SPD), pudo evitar el desenlace fatal.
Por su parte, el Superior Tribunal de Justicia de Chubut ha decidido auditar al Equipo Interdisciplinario de Comodoro Rivadavia durante 60 días, pero esta medida no afecta al juez Pablo José Pérez, quien permitió que Ángel fuese entregado a su madre, Mariela Altamirano, a pesar de las advertencias en su contra.
La situación en Comodoro es alarmante: la mayoría de los casos en los juzgados de familia están relacionados con violencia familiar. Un empleado destaca la sobrecarga del sistema y menciona que era cuestión de tiempo para que un caso como este ocurriera.
Intervenciones y reacciones ante el caso
La intervención ordenada no alcanza al Servicio de Protección, pero sí al Equipo Interdisciplinario, que depende del Poder Judicial. La complejidad del sistema hace difícil controlar los actores involucrados en estos casos, lo que en ocasiones resulta en una falta de acción efectiva.
Víctor Castillo, abogado del padre de Ángel, cuestiona severamente la actuación de la justicia. Asimismo, las instituciones jurídicas han defendido al juez Pérez frente a los señalamientos.
Consecuencias y futuras acciones
Las denuncias contra las psicólogas Jennifer Leiva y Vanesa Marín destacan en este caso, al ser señaladas por haber realizado informes que facilitaron la entrega de Ángel a su madre biológica.
Raúl Magnasco, presidente de la fundación Más Vida, recalca que deben existir consecuencias severas para quienes fallaron en proteger a Ángel, y confía en que la justicia emita una condena ejemplar.