En un trágico giro de los acontecimientos, cinco individuos fueron arrestados por su presunta participación en una red de explotación laboral, revelada tras la muerte de un trabajador por intoxicación en una planta de fundición de metales pesados ubicada en Tortuguitas.
La investigación, liderada por la Justicia federal en colaboración con la Policía Federal Argentina (PFA), resultó también en el rescate de 14 trabajadores y el cierre de dos locales dedicados al reciclaje de baterías automotrices, tras diversos allanamientos en la provincia de Buenos Aires.
Por “supuesta violación de las leyes pertinentes en materia de trata de personas y homicidio involuntario”, los cinco detenidos, todos ciudadanos argentinos y adultos, fueron puestos a disposición judicial.
Entre los implicados, figura un hombre de 84 años, señalado como dueño de la empresa bajo escrutinio y presunto cabecilla de la trama, quien se presentó voluntariamente con su abogado en el juzgado correspondiente.
El Ministerio de Seguridad de la Nación informó que los trabajadores ejecutaban actividades de fundición de plomo y manejo de chatarra en condiciones de explotación laboral, expuestos permanentemente a sustancias altamente tóxicas empleadas en el proceso de reciclaje y fabricación de baterías.
La indagación dio inicio a partir de una denuncia efectuada por un hospital público tras la muerte de un empleado, quien sucumbió a gases letales en una planta industrial donde se sospecha que se fundían metales pesados diversos.
Según informes oficiales, el trabajador fallecido, de 20 años y originario de Misiones, tenía en su sangre 122,8 microgramos de plomo por decilitro, cuadruplicando el límite permitido para quienes laboran en ese entorno.
A raíz de los hechos, el Ministerio de Trabajo de Buenos Aires presentó una denuncia ante la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX). Esta acción permitió descubrir que varias personas podrían estar sometidas a explotación laboral y expuestas a materiales peligrosos para su salud.
Paralelamente, con informes de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, la aseguradora y testimonios de un familiar, los investigadores señalan la ubicación de un segundo terreno no registrado oficialmente.
Con esta evidencia, el Juzgado Federal Criminal y Correccional de Tres de Febrero, liderado por Juan Manuel Culotta y con la Secretaría N° 8 a cargo de María Eugenia Negrello, encargó al Departamento de Trata de Personas de la PFA profundizar en las pesquisas.
Las operaciones de campo e inteligencia revelaron que los afectados residían en contenedores dentro de las instalaciones donde efectuaban su trabajo.
“De los 23 empleados inspeccionados, 14 fueron identificados como víctimas de trata con fines laborales. Vivían, comían y dormían en el mismo espacio donde trabajaban, sobre residuos peligrosos y sin equipos de protección”, detalló el Ministerio de Trabajo de Buenos Aires.
Los cinco detenidos son adultos argentinos, entre ellos el supuesto líder de la red y cuatro cómplices más.
La Justicia, con las pruebas obtenidas, solicitó el allanamiento de dos instalaciones ubicadas en las calles Jorge Stephenson y Luis Sullivan, en Malvinas Argentinas.
Las personas rescatadas, que presentaban distintas dificultades de salud a causa de intoxicación, recibieron atención médica especializada y permanecen bajo el cuidado de la Coordinación Nacional de Rescate y Acompañamiento a las Personas Afectadas por el Delito de Trata.
Operativos en varios sectores del Conurbano
A medida que se desarrollaba la causa, los investigadores identificaron otros cuatro domicilios relacionados con el expediente en Tigre, La Plata e Ingeniero Maschwitz. Siguiendo las órdenes judiciales, se llevaron a cabo allanamientos en dichas ubicaciones, resultando en la captura de tres mujeres y un hombre asociados a las plantas previamente inspeccionadas.
Según fuentes oficiales, una imputada fue detenida al llegar a una propiedad en la calle La Pista, portando una valija con evidencia relevante, posiblemente intentando ocultarla para entorpecer la investigación.
Durante estos procedimientos, se incautaron un coche, una computadora portátil, cuatro unidades CPU, seis teléfonos móviles y diversa documentación ahora integrada en el expediente.
También se realizó un operativo en un domicilio sobre la calle Urquiza, en el partido de Tres de Febrero.