El pasado martes, Mario Lugones, ministro de Salud, informó que los médicos residentes del Hospital de Alta Complejidad en Red El Cruce “Dr. Néstor Kirchner”, una de las seis instituciones sanitarias con gestión compartida entre Nación y la provincia de Buenos Aires, dejarán de estar cubiertos por IOMA para pasar a la cobertura de la obra social Unión Personal Civil de la Nación (UPCN). Esta medida, que afecta a un grupo reducido de 64 personas, brinda la opción de redirigir sus aportes hacia otras obras sociales o sistemas prepagos. Aunque el alcance inicial es limitado, esto podría marcar el inicio de un nuevo debate en el ámbito sanitario del país.
La publicación de Lugones en la red X logró 10.000 visualizaciones, a pesar de que la cantidad de afiliados al Instituto de Obra Médico Asistencial (IOMA), que presta servicios al sector público de Buenos Aires, suma 2.132.084 personas. Existen afiliados satisfechos con las prestaciones actuales bajo la dirección del ministro de salud de Buenos Aires, Nicolás Kreplak. No obstante, no faltan críticas sobre la reducción de la cartilla, las demoras en las coberturas, especialmente en la entrega de medicación costosa, y la burocracia que complica actualmente el sistema de salud argentino, convirtiéndose en un reto constante.
El simbolismo y la política detrás de cualquier modificación territorial que impacte en el IOMA son de gran peso. No solo por las implicaciones políticas, más vinculadas con La Cámpora que con Axel Kicillof, sino porque es la segunda obra social por cantidad de afiliados, justo detrás del PAMI.
Ambas entidades financieras son atractivas y comparten un elemento que contrasta con la, en apariencia, pequeña novedad presentada por el ministro. Responden a la tendencia desreguladora promovida desde el Ministerio de Desregulación y Transformación de Estado, encabezado por Federico Sturzenegger. Estos entes, al igual que OBSBA y otros, poseen afiliados cautivos.
Esto significa que los cerca de ocho millones de afiliados a PAMI e IOMA no han sido aún alcanzados por la oleada desregulatoria que promueve el actual gobierno bajo el lema de “la libertad de elegir”. Así, si así lo decidieran, no podrían redirigir sus aportes a otras aseguradoras reconocidas como obras sociales o prepagas por la Superintendencia de Servicios de Salud. ¿Este panorama tendrá cambios pronto?
Por ahora, la facultad de que más de 60 residentes del Hospital “El Cruce”, en Florencio Varela, opten por su obra social o prepaga destaca en este contexto. Este asunto revive un antiguo debate no resuelto que contrapone el derecho individual de seleccionar cobertura médica y la discusión financiera sobre la sustentabilidad de los proveedores de salud.
Implementación y repercusiones
A menos que opten por redirigir sus contribuciones, los residentes de El Cruce contarán automáticamente con la cobertura de UP, cuyo sindicato está vinculado a la corriente más rígida de la CGT.
Un experto legal en temas de salud, que prefirió el anonimato, indicó que en otras instituciones con contratos similares, los residentes podrían invocar el preceder de El Cruce en sus demandas. Sin embargo, el Ministerio de Salud podría tomar medidas antes de que eso suceda.
Hasta ahora, los residentes de El Cruce estaban forzados a tener IOMA. A partir de ahora, tienen la libertad de escoger su sistema de salud según sus necesidades y…
Desde el entorno del ministro Lugones se comunicó que se espera replicar esta decisión para liberar los aportes de otros médicos y residentes, que actualmente están con IOMA sin alternativa. Analizando ejemplos más adelante, se revela un mosaico de coberturas en los 13 hospitales nacionales en Argentina, variando de manera crítica.
La concepción ideal de la salud según el ministro
Según los colaboradores de Lugones, lo “ideal” es que los trabajadores no estén obligados a contribuir al sistema de salud. Normalmente, se destina un 3% por parte del trabajador y un 6% por parte del empleador. La idea sería que todo ese dinero quede en los bolsillos de los empleados, permitiendo que opten por pagar una prepaga, una obra social o del ámbito público. El argumento es prevenir duplicidades dado que, a través de impuestos, la población coste la salud pública.
Se remarcó que los 64 residentes del Hospital El Cruce forman solo una parte de los médicos que concluyen su formación en ese lugar. Aunque no se proporcionó el número total de residentes, se confirmó que hay distintos grupos en situaciones disímiles.
Mientras que los últimos residentes incorporados cuentan con salario y seguro de UP, otros, mencionados en este análisis, recién ahora acceden a una obra social. En otro episodio, el hospital les proporcionó IOMA (negado por el ministro Kreplak), pero posteriormente quedaron sin cobertura, una situación indeterminada hasta ahora. De aquí en adelante, optarán por UP o la cobertura que seleccionen.
Otro contexto se vive en los hospitales como el Posadas, donde, siendo responsabilidad completa de Nación, los médicos tienen UP y capacidad de desviar sus aportes. Sin embargo, los residentes del 2026 reciben servicios de MP Salud, de reciente origen. No se clarificó si esta empresa fue elegida por concurso público.
También se confirmó que los residentes de los Hospitales de Alta Complejidad Bicentenario y SAMIC son trabajadores independientes. Ellos canalizan a las obras sociales que los aceptan. En Cuenca Alta, ubicado en Cañuelas, el personal operativo sigue enrolado en IOMA.
Para dar un ejemplo adicional, en el Hospital Garrahan, gestionado entre Nación y la ciudad de Buenos Aires, la situación difiere. El personal nombrado tiene UP y puede redirigir sus aportes, en cambio, los nuevos residentes aparentemente no gozan de esta libertad. En el caso de los becados, “el hospital les asegura UP indirectamente”, lo que implica que no se les descuenta de su salario, ni tienen derecho de jubilación ni de elegir cobertura médica.
El Ministerio de Salud ha puesto de manifiesto su intención de avanzar en otorgar la opción de elegir cobertura médica en todos los hospitales financiados por Nación.