Una docente de la escuela primaria N° 30 D.E.9 – Granaderos de San Martín, ubicada en Palermo, fue apartada de su puesto luego de que surgieran denuncias por parte de padres y estudiantes. Indicaron que la maestra grababa a los alumnos con su teléfono móvil, aplicaba sanciones a quienes se negaban a ser filmados y les solicitaba información personal durante ejercicios escolares. Más tarde, se reveló un hecho aún más sorprendente: la maestra tenía antecedentes por homicidio culposo y había estado eludiendo a la Justicia durante cuatro años.
El Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires comenzó una investigación administrativa y comunicó que la docente había reingresado al sistema educativo en agosto de este año, tras haber cumplido una inhabilitación de cinco años impuesta tras su sentencia condenatoria.
Investigación en el colegio de Palermo
El incidente se presentó en la institución situada en Avenida Del Libertador y Olleros. De acuerdo con lo informado por fuentes del caso a Clarín, la profesora ha sido identificada como Roxana Carolina Cayo, de 53 años.
Los estudiantes comenzaron a relatar a sus padres situaciones que les parecían extrañas relacionadas con la docente. Un estudiante dijo que la profesora los grababa con su móvil y castigaba a quienes se rehusaban, no permitiéndoles salir al recreo. Otros afirmaron que en algunas ocasiones les solicitó el número de DNI y la dirección de sus casas.
Preocupaciones de los padres
Algunas familias informaron a Clarín que en una ocasión la maestra les pidió a los niños que dibujaran su DNI y anotaran los lugares que solían visitar. Según estos informes, los alumnos de sexto grado debían escribir sus datos personales en dichos dibujos.
Adicionalmente, las familias manifestaron inquietud por otro incidente: durante un evento escolar, un supuesto compañero de Cayo ingresó y comenzó a filmar a los estudiantes. Según los padres, este individuo regresó al colegio y grabó a los alumnos bajo el pretexto de crear un video para el Día del Maestro. Se denuncia que la vicedirectora, presente ese día, dio su permiso para el ingreso.
Los padres del centro educativo en Palermo afirmaron desconocer el pasado judicial de la profesora. Sin embargo, al enterarse de ello, empezaron a compartir la información entre sí.
Antecedentes legales de la docente
Además, los padres señalaron que “hay una alta rotación de maestros en la institución a pesar de ser una de las más demandadas en las convocatorias públicas por su prestigio e historia”.
De acuerdo con información obtenida por Clarín, Cayo ya había sido condenada por homicidio culposo. En 2014, fue arrestada después de cuatro años prófuga, acusada de dejar a su bebé en casa mientras salía de fiesta en General La Madrid, provincia de Buenos Aires. La bebé de seis meses se quedó sola con sus hermanos, también menores, y murió al caerse de la cama.
La docente tenía una orden de detención desde 2010 por “abandono de persona seguido de muerte” y fue arrestada en Florencio Varela por agentes de la DDI de Esteban Echeverría.
El caso fue conducido por la UFI 5 de Olavarría, bajo la dirección del fiscal Martín Pizzolo. Inicialmente, Cayo fue condenada por homicidio doloso, lo que le habría impedido volver a enseñar según las normas. Sin embargo, la Cámara de Casación más tarde ajustó la calificación a homicidio culposo, permitiéndole reincorporarse al ámbito educativo.
Acciones del Ministerio de Educación
Tras las declaraciones de los alumnos y sus padres, la escuela contactó al Ministerio de Educación de la Ciudad, el cual destituyó a Cayo temporalmente mientras se realiza la investigación.
Desde esa entidad porteña, afirmaron a Clarín que, “ante lo sucedido en la escuela Granaderos de San Martín, se tomó la decisión de apartar a la docente Roxana Carolina Cayo e investigar a fondo las acusaciones presentadas”.
El Ministerio también aclaró que Cayo se reintegró al ámbito educativo en agosto de 2026, una vez cumplida la sanción de cinco años de inhabilitación administrativa tras su sentencia por homicidio culposo.
Explicaron que, según la ley vigente, un docente condenado por un delito doloso no puede regresar a la docencia. Sin embargo, si el delito es culposo, pueden reincorporarse después de cumplir su condena y los cinco años de cese administrativo.
Aparte de desvincular a la maestra, el Ministerio de Educación anunció el inicio inmediato de un proceso para modificar el decreto reglamentario de la ley actual.
En cuanto a la indagación interna, desde el Ministerio detallaron que se está llevando a cabo un sumario administrativo para esclarecer los hechos, pero aclararon que “no apunta a ningún individuo en particular”.