Rechazo a las Inspecciones Nacionales
En un movimiento firmemente contrario al Gobierno nacional, la Dirección General de Cultura y Educación (DGCyE) de la provincia de Buenos Aires ha enviado a todas las escuelas una guía para declinar las inspecciones propuestas por el Ministerio de Capital Humano del país. Dichas inspecciones buscan asegurar un funcionamiento mínimo del 75% en el servicio educativo durante la huelga de docentes convocada para este lunes.
Autonomía Provincial vs. Control Nacional
Bajo la conducción de Axel Kicillof, los directivos y supervisores recibieron instrucciones claras: la administración nacional debe renunciar a supervisar las actividades educativas en el contexto de la huelga. Además, a los representantes nacionales se les deja explícita la imposibilidad de requerir detalles sobre el cumplimiento de “los mínimos servicios” que establece el artículo 101 de la Ley 27.802.
Contradicciones y Disputas
El Gobierno nacional ha señalado una clara inconsistencia en el comunicado provincial, que admite la gestión provincial del sistema educativo y de los salarios, pero aún así, liga a la Nación con un conflicto salarial que compete resolver a la provincia. Esta incoherencia es destacada mientras Ctera, el sindicato, pide una revisión de salarios y la restauración del Fondo de Incentivo Docente, todo en el marco de una reciente normativa laboral que clasifica a la educación como “servicio esencial”.
En La Plata, en las regiones cercanas y en áreas metropolitanas, se observó una alta adhesión a la huelga por parte de los docentes estatales. Muchos institutos privados continúan operando normalmente, mientras que los colegios públicos anuncian la falta de actividad tanto en los turnos de mañana como de tarde.
Un líder local de Suteba mencionó que la ausencia de clases se comunicó a los padres mediante mensajes de Whatsapp, alertando sobre la situación.
Posicionamientos y Respuestas
La DGCyE instruyó a sus representantes a no proporcionar declaraciones ni información a personal de otras jurisdicciones. La ministra Terigi respalda la oposición a las inspecciones, sugiriendo que, ante la posible presencia de funcionarios de la Secretaría de Trabajo, se debe señalar su falta de jurisdicción en la materia.
Por otro lado, según la perspectiva nacional, la Secretaría de Trabajo posee la autoridad para supervisar las relaciones laborales, incluyendo la fiscalización del cumplimiento de las leyes laborales, enfocándose más en el comportamiento sindical que en los docentes individuales.
La defensa provincial se fundamenta en la Constitución, que dicta que las facultades de fiscalización o sanción sobre temas provinciales deben ser respetadas, indicando que cualquier solicitud de información sobre el personal provincial impone un control inadecuado sobre la autonomía de la región.
En distintos puntos de Buenos Aires, incluyendo escuelas específicas de La Plata y otras áreas, se registraron niveles insuficientes de asistencia, incumpliendo con las imposiciones de la ley reciente.
El paro docente abarca todo el país, respaldado por sindicatos adicionales, y ha llevado a una protesta ampliada por la sección disidente de Suteba, que cuestiona los acuerdos salariales recientes con la provincia.
Finalmente, la secretaria del sindicato, María Laura Torre, criticó el comunicado del Ministerio, demandando una acción más efectiva en la resolución del conflicto salarial a través de las reuniones paritarias adecuadas.