Una década de espera judicial
Carolina Monteros se encuentra nuevamente en medio de una batalla judicial diez años después de haber denunciado que fue abusada sexualmente por dos individuos. Sin embargo, el debate que se ha generado tras la absolución de Franco Trapani y Álvaro Rodríguez por parte de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán va más allá de su caso específico. Este evento ha reabierto la discusión sobre la valoración de las pruebas en los delitos sexuales, la aplicación de la perspectiva de género y los límites de los principios tradicionales del derecho penal en casos de violencia sexual.
El camino del proceso legal
El caso se inició el 3 de julio de 2016. Carolina, con 18 años en aquel momento, había salido a disfrutar la noche junto a una amiga en un local nocturno en Tafí Viejo. Según la acusación, cerca de las seis de la mañana, abandonó el lugar con Franco Trapani. Durante el trayecto, Trapani contactó a Álvaro Rodríguez, quien se incorporó al vehículo. El destino final fue la residencia de los padres de Trapani.
Carolina, en su denuncia, afirmó que los dos hombres la forzaron sobre una cama matrimonial y la sometieron sexualmente por turnos durante varias horas. Relató que se resistió, lloró y rogó que se detuvieran, hasta que consiguió levantarse. Cerca de las diez de la mañana, se retiró de la casa en compañía de ellos.
No levantó su denuncia de inmediato; lo hizo tres días más tarde, lo que se convirtió en un punto de crítica contra ella.
Carolina compartió con Clarín su experiencia: “Esa noche transformó mi vida para siempre. Fui víctima de abuso sexual perpetrado por dos hombres. En los días que siguieron, me encontraba en estado de shock, aterrorizada por las amenazas, avergonzada y profundamente confundida. No es cierto que todas las víctimas estén en condiciones de denunciar inmediatamente. Cada individuo procesa un trauma de manera particular”.
Explicó que presentó la denuncia al tercer día porque necesitaba ese tiempo para procesar los eventos, reunir valor y estar lista para enfrentar lo que implicaba denunciar. “Sabía que denunciar significaba revivir el trauma y enfrentar un proceso arduo, pero también que no podía permanecer en silencio”, enfatizó.
Impacto de la absolución judicial
Después de un desarrollo lento y prolongado, enfrentado a planteos judiciales y múltiples demoras, el proceso judicial casi llega a una década de duración. Finalmente, en octubre de 2025, se realizó el juicio oral. Tras nueve audiencias, el juez Antonio Nicolás Gutiérrez dictó una condena contra Trapani, imponiéndole diez años de cárcel, y a Rodríguez, ocho años, por el delito de abuso sexual con acceso carnal agravado. Pese a las condenas, no se detuvo a los acusados debido a la ausencia de prisión preventiva mientras se resolvían las apelaciones. Meses después, la sentencia fue anulada por la Corte Suprema de Tucumán, que absolvió a los acusados por falta de certeza.
Esta resolución fue rechazada por diversas organizaciones de derechos humanos y especialistas en violencia de género, que criticaron la forma en que se valoraron las pruebas y la interpretación del tribunal provincial.
Reacciones y el camino de Carolina
En una conmovedora reflexión, Carolina indicó a Clarín: “Estos diez años han sido extremadamente difíciles. No solo tuve que vivir con el trauma del abuso, sino también con un proceso judicial interminable, lleno de dilaciones y revictimizaciones continuas. Todo este tiempo luché contra personas con poder económico significativo, enfrentando una lucha profundamente desigual”.
Cuando se emitió la condena, hubo un momento de esperanza. Sin embargo, la subsiguiente absolución fue devastadora: “Fue un golpe muy fuerte. Sentí dolor, impotencia y una profunda desilusión. No solo por mí, sino por el mensaje que envía a otras víctimas que piensan en denunciar”. A pesar de ello, Carolina asegura que continuará su lucha: “Junto con mi abogado, agotaremos todas las vías legales posibles. Espero que los tribunales consideren el caso con perspectiva de género y que se sigan respetando las pruebas presentadas”.
La defensa de Trapani y Rodríguez presenta una visión completamente opuesta. Según declaraciones a Clarín, el abogado Alfredo Falú sostiene que la denuncia es infundada y que la absolución se debe a la insuficiencia de pruebas para contrarrestar el principio constitucional de inocencia.
Falú alega que fue Carolina quien se acercó a Trapani en el evento, decidió subir voluntariamente al vehículo y luego fue a la habitación por su propia cuenta. Además, sostiene que no hubo violencia ni agresión sexual, y que la denuncia fue una reacción al conocer su pareja sobre el evento.
La decisión judicial reflejó dos interpretaciones opuestas de las pruebas. Según la Corte, la sentencia condenatoria no justificó por qué ciertas contradicciones no afectaron la credibilidad de la víctima. Asimismo, se observó que algunas lesiones no coincidían con las conclusiones médicas y que los testimonios no eran concluyentes. Por el contrario, el abogado acusador defiende que la sentencia fue impecable y que la decisión de la Corte provincial fue destructiva e insensata.
Intervenciones externas y acciones colectivas
La Fundación Mujeres x Mujeres de Tucumán intervino presentando un amicus curiae, que critica que el fallo y las posturas del Ministerio Público Fiscal replican estereotipos clásicos de “la cultura de la violación”. Argumentaron que se espera un comportamiento específico de las víctimas, se otorga importancia a comportamientos previos como indicadores de consentimiento, y se busca evidencia física concluyente como requisito para probar una agresión sexual.
Desde Ni Una Menos de Tucumán también condenaron el fallo, señalando que este tipo de decisiones sientan un precedente preocupante contra las víctimas de violencia sexual. Criticaron la manera en que se manejó el caso, indicando un posible trato preferencial hacia los acusados.
Rumbo a la reconstrucción personal
Mientras el proceso legal sigue su curso, Carolina continúa intentando reconstruir su vida. Compartió que permanecer en la misma ciudad ha tenido costos significativos: “Durante estos diez años, mi vida cambió por completo. A veces sentí que el proceso legal me estaba consumiendo en mi búsqueda de justicia. Hubo momentos de mucho dolor, frustración y agotamiento. Nunca dejé de creer que levantar mi voz y denunciar fue lo correcto, aunque ha sido un camino repleto de desafíos personales y laborales”.