Recientemente, se ha revelado una acusación contra el PAMI por haber pagado precios inflados en la adquisición de medicamentos para el tratamiento del cáncer durante el mandato de Alberto Fernández. Sin embargo, lo menos conocido es que los líderes de la Coalición Cívica, responsables de esta denuncia legal, presentaron una segunda queja, accesible a este medio, enfocándose esta vez en las tres principales asociaciones de laboratorios farmacéuticos. La acusación se centra en la supuesta cartelización.
La conducta que han descrito como “anticompetitiva”, observada por la ex legisladora Elisa Carrió y el actual diputado de la Ciudad de Buenos Aires, Hernán Reyes, fue reportada a la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC). El informe incluye 59 páginas, junto con otras 25 páginas adicionales aportando pruebas de los precios excesivos manejados de manera cartelizada por la llamada “industria”, como se designa a un selecto grupo de los 300 laboratorios que dominan el mercado local.
Investigación sobre la posible cartelización de las farmacéuticas
Los que presentaron la denuncia indican la existencia de un cartel compuesto por casi 40 compañías farmacéuticas —tanto nacionales como extranjeras—, que en los últimos años habrían desempeñado un controvertido doble papel en la comercialización de medicamentos de alto costo al PAMI, más allá de las compras realizadas por licitación.
Por un lado, participaban en esos acuerdos, y por otro, dirigían la empresa encargada de supervisar y verificar el cumplimiento de esos mismos contratos firmados entre la “industria” y el Estado.
Rol de las intermediarias en el proceso
A estas empresas intermedias se les conoce en el sector como “mandatarias”. Forman parte de la compleja cadena de distribución que va desde el laboratorio productor hasta el mostrador de la farmacia. A pesar de que la función de las mandatarias es auditar y favorecer el cumplimiento de los acuerdos entre las partes, muchas voces del sector han apuntado en voz baja, desde hace años, el problema de que la propia industria controle estas compañías.
En cuanto a la denuncia ante la CNDC, la empresa mencionada como mandataria es ACE Oncológicos, una abreviatura del más extenso “Agrupación para la Administración de Contratos de Oncología y Tratamientos Especiales”. Según la Coalición Cívica, es propiedad de al menos 38 laboratorios, incluyendo algunos de los más influyentes en las tres cámaras del sector.
Respuesta de las cámaras farmacéuticas
Clarín intentó obtener declaraciones de esas entidades. Desde CAEME, la cámara que integra a las farmacéuticas extranjeras con sede en Argentina, se afirmó que “no existe cartelización en la industria farmacéutica”. Añadieron que “en Argentina existe libre competencia de mercado y más de 150 laboratorios hacen que el sector sea altamente competitivo”.
Indicaron también que “el convenio PAMI-Industria surgió en 2002 para facilitar el acceso a medicamentos por los afiliados del PAMI en tiempos de crisis socioeconómica, permitiendo acceso gratuito o a precios reducidos en relación con el mercado”.
Mecanismos de adquisición de medicamentos del PAMI
En cuanto a CILFA, representantes de la cámara que reúne a los principales laboratorios nacionales respondieron a las consultas del medio. Carrió y Reyes pusieron de relieve compras hasta 16 veces más económicas que pudieron haberse realizado mediante licitación en lugar de un convenio marco.
Explicaron que la “farma” lleva a cabo esas prácticas gracias a una supuesta cartelización. Los mecanismos de contratación del PAMI incluyen la licitación pública y convenios marco, estos últimos para compras más imprevisibles. Sin embargo, se ha perpetuado el protagonismo de ACE Oncológicos, lo cual limita el control externo del sector sobre sí mismo.
PAMI como agente clave en el mercado farmacéutico
Reyes destacó que “los laboratorios son parte del contrato y controladores, lo que genera un agente disciplinador sobre el 45% de las compras del sector”. Los convenios marco deberían paliar necesidades imprevisibles; sin embargo, el número de medicamentos adquiridos por esta vía superó las licitaciones, contradiciendo su supuesta naturaleza de “parche”.
CILFA se manifestó en desacuerdo con las denuncias, afirmando conformidad legal en las transacciones con el PAMI. Sin embargo, desconocieron los detalles sobre ACE Oncológicos, manteniendo el debate abierto sobre la practicidad y ética de estas relaciones comerciales.
Mientras tanto, desde CILFA criticaron las alegaciones mediáticas, sugiriendo que podrían ser parte de maniobras políticas en un año electoral.