En un movimiento contrario al de sus socios en Europa y Estados Unidos, el Ejecutivo de Pedro Sánchez ha dado luz verde a una regularización excepcional que afectará a 500,000 inmigrantes sin documentación, entre los cuales hay numerosos latinoamericanos, desatando críticas por parte de la derecha.
“El proceso extraordinario de regularización para quienes se encuentran en situación irregular en nuestra nación será autorizado hoy por el Consejo de Ministros mediante un Real Decreto”, declaró Sánchez en la plataforma X, junto con una carta a los ciudadanos, sobre una acción que remonta a un anuncio hecho en enero y que no necesita de la aprobación del parlamento.
En dicha carta, Sánchez argumenta que “esto es, primordialmente, un acto de normalización. Es reconocer la existencia de casi medio millón de individuos que ya son parte de nuestra vida diaria”.
“Que aquellos que ya participan de nuestro día a día lo hagan bajo condiciones de igualdad, contribuyendo al sostenimiento de nuestro país y nuestro modelo de coexistencia”, reafirma en su escrito.
Sánchez remarcó que la decisión “cuenta con el apoyo de la Iglesia, los sindicatos, los empresarios y una sociedad civil que comparte un propósito común: mejorar la calidad de vida de sus vecinos y, al hacerlo, hacer de España una nación mejor”.
No obstante, Alberto Núñez Feijóo, al mando del principal partido opositor, el Partido Popular, expresó durante el fin de semana que “España está creando un problema migratorio para toda Europa”, en donde hay libre circulación de personas, y añadió que la solución no es mediante un “descontrol migratorio”.
Oponiéndose completamente, el partido de extrema derecha Vox enmarcó la acción dentro de las “políticas destructivas de Sánchez”, según lo escrito por su líder, Santiago Abascal, quien aseguró que “lo revertiremos” en X.
En noviembre de 2024, Sánchez había anunciado una modificación al reglamento de extranjería para regularizar a 300,000 individuos por año durante el trienio siguiente, con el fin de contrarrestar el envejecimiento demográfico en un país donde los nacimientos han disminuido un 25,6% desde el año 2014, según cifras oficiales.
España tiene una población de 49,4 millones, de los cuales 7,1 millones son extranjeros.
Para el 1 de enero de 2025 había aproximadamente 840.000 inmigrantes sin regularización en España, la mayoría provinientes de América Latina, muchos de los cuales trabajan en sectores como la agricultura, la hostelería, los cuidados y la construcción, de acuerdo al centro económico y social Funcas.
Inicio del proceso de regularización
Elma Saiz, ministra de Migraciones, informó sobre el cronograma de la regularización en una entrevista radial con Cadena Ser. Según Saiz, “comenzará esta misma semana” y “se finalizará el 30 de junio”.
“Está previsto que mañana se publique en el Boletín Oficial del Estado, y desde el día 16 iniciará el trámite online, además de poder solicitar cita previa para el proceso en persona a partir del día 20”, detalló.
Podrán beneficiarse de esta regularización las personas extranjeras presentes en España antes del 31 de diciembre de 2025, que demuestren al menos cinco meses de estancia continua y no tengan antecedentes penales.
Impacto económico y social
El gobierno de Sánchez subraya los beneficios económicos positivos de la medida. La migración, como ha señalado el presidente en repetidas ocasiones, ha sido esencial para el reciente crecimiento económico y la estabilidad del sistema de pensiones de España, un país con baja natalidad y población envejecida.
Referencias históricas de regularización
No es la primera vez que España lleva a cabo una regularización masiva. Desde los años 80, se han implementado varios procesos similares, siendo el más memorable en 2005 bajo el mandato del socialista José Luis Rodríguez Zapatero, que permitió regularizar a más de medio millón de personas.
Un paso crucial en la política migratoria del gobierno
Para la actual administración, la medida representa un elemento clave en su estrategia migratoria. Reconocer la situación, enfatiza Sánchez en su carta, es fundamental para integrar a quienes ya viven y trabajan en España, rescatándolos de la economía sumergida y fortaleciendo la cohesión social.
Fuente: AFP