Sin mostrar emociones, tal y como había sido en cada ocasión ante el público, la religiosa japonesa Kumiko Kosaka escuchó su sentencia: 20 años de prisión por su participación en siete de los atroces abusos sexuales sufridos por jóvenes sordomudos en el Instituto Católico Próvolo de Mendoza.
La fiscalía junto con la parte demandante había pedido que se le impusieran 22 años a la monja, quien fue señalada como autora directa de los abusos y cómplice de los sacerdotes en estos crímenes en el centro religioso.
En cambio, la defensa defendió su inocencia y optó por no proponer una pena específica ante el tribunal.
El jueves pasado, durante una sesión cerrada en el Polo Judicial de Mendoza, el Tribunal Penal Colegiado N° 2 decidió sentenciarla a 20 años en prisión e impedirle durante una década cualquier actividad que implique contacto con menores.
Los magistrados Gabriel Bragagnolo, Federico Martínez y Juan Manuel González Pina prohibieron su salida del país y establecieron una caución de 15 millones de pesos.
“La Justicia llegó lenta, pero finalmente Kumiko también ha sido condenada. Mi hija, aunque ya es adulta, no pudo asistir porque es revivir todo el sufrimiento que ella le causó”, expresó Ariel Lizarraga, padre de la primera denunciante en el caso Próvolo.
La revisión de la sentencia
La situación de la religiosa cambió de manera drástica después de que la Suprema Corte de Mendoza revisó la exoneración que el Tribunal Penal Colegiado N.º 1 de Mendoza, compuesto por las juezas Gabriela Urciuolo, María Belén Renna y María Belén Salido, había dictado en 2023.
La máxima corte provincial determinó su responsabilidad en cuatro eventos y su participación necesaria en dos casos de abuso con acceso carnal contra los estudiantes de la institución.
Además, se la encontró responsable como autora en tres instancias de abuso sexual simple. La reconsideración de la sentencia destacó que las pruebas anteriores fueron evaluadas de una “manera fragmentada”.
El abogado defensor Carlos Varela Álvarez presentó un recurso extraordinario federal ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, buscando que se revise la reciente condena de la corte mendocina.
Por otra parte, Sergio Salinas, abogado de la querella, indicó que la religiosa se retiró “por su propio pie del polo judicial”, y permanecerá en libertad hasta que “se decida si se le otorga arresto domiciliario o prisión regular”, mientras que “por ahora, no tiene permiso para abandonar el país”.
Oscar Barrera, abogado representando a las familias del Próvolo, subrayó el significado de esta resolución para las víctimas: “Es una validación de sus derechos y la verdad. Asimismo, la Corte de Mendoza concluyó la disputa infundada sobre errores en el caso inicial que condenó a los sacerdotes, identificando que los fallos fueron cometidos por el tribunal que la había absuelto previamente”.
Barrera puntualizó que Kumiko no será encarcelada prontamente, dado que “la condena a 20 años no es definitiva. Aún restan los recursos ante la Corte nacional e incluso internacional”.
Descubrimiento de una trama de abusos
El incidente en el Instituto Antonio Próvolo, situado en Luján de Cuyo, reveló una red de abusos y violaciones sexuales sistemáticas desde 2005 hasta 2016, que afectaron al menos a veinte menores y adolescentes hipoacúsicos que concurrían al internado.
La investigación judicial comenzó en noviembre de 2016, a partir de las denuncias hechas por los propios estudiantes con el apoyo de intérpretes de lengua de señas, proceso que culminó con la clausura definitiva del establecimiento educativo en 2017.
Luego de un juicio contra los principales implicados, el sistema judicial de Mendoza impuso condenas al sacerdote Horacio Corbacho, con 45 años de prisión; Nicola Corradi, sacerdote condenado a 42 años y fallecido en 2021 bajo arresto domiciliario; y al jardinero Armando Gómez, quien recibió una sentencia de 18 años de cárcel.
En septiembre de 2018, el encargado administrativo José Bordón admitió su culpabilidad mediante un juicio abreviado, llevándose una pena de 10 años en prisión.
La religiosa de origen japonés es la quinta persona sentenciada. Según los testimonios obtenidos con intérpretes y ayuda psicológica, los chicos solían referirse a ella como la monja mala.
Las sentencias derivadas del caso Próvolo tuvieron un impacto global: fue la primera vez en 50 años de acusaciones de vejaciones, abusos, maltrato y corrupción de menores que los clérigos de esta orden religiosa con sedes en Verona, Italia, y en La Plata y Mendoza, Argentina, fueron condenados.
Mendoza. Correspondencia.
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