La causa sobre blanqueo de capitales en la gigantesca feria de La Salada, una red de comercio ilícito que operó por años, ha quedado paralizada tras la liberación de los principales sospechosos ordenada por la Cámara Federal de La Plata debido a la falta de mérito.
Una decisión controvertida
El viernes pasado, los jueces Carlos Alberto Vallefín y Roberto Agustín Lemos Arias decidieron revertir las medidas adoptadas por el juez federal de Lomas de Zamora, Luis Armella, que, junto con la fiscal Cecilia Incardona, había solicitado el procesamiento y prisión preventiva de los acusados.
Los principales involucrados
Entre los exonerados se encuentran Jorge Omar Castillo y Enrique “Quique” Antequera, líderes notorios del grupo, junto a varios de sus familiares y trabajadores. Castillo supervisaba La Salada y el Paseo de Compras Urkupiña. Estos individuos fueron apresados en mayo de 2025 durante un extenso operativo que implicó más de 60 allanamientos sucesivos.
Detalles de la investigación
En julio de 2025, la investigación apuntaba a grandes sumas de dinero en efectivo que se integraban al mercado legal por medio de la compra de vehículos, inmuebles, viajes internacionales y gestión de negocios. La Salada consistía en tres mercados con más de 4,000 locales. Un día de alquiler de un puesto costaba entre 130,000 y 140,000 pesos, junto a un pago semestral por “llave” de 6,000 a 7,000 dólares.
Se documentaron cientos de intervenciones telefónicas que probaban el consistente arribo de furgonetas a la casa de Castillo, donde se entregaba el dinero recaudado. Tan sólo en los allanamientos de mayo de 2025, se incautaron más de 400 millones de pesos y 2 millones de dólares en efectivo.
No obstante, los jueces dictaminaron que el fallo del juez Armella fue apresurado, argumentando la falta de pruebas conclusivas que vinculen los activos de los imputados con el dinero ilícito.
La resolución de la Cámara también revocó los embargos multimillonarios que pesaban sobre las propiedades y automóviles de los sindicados.