El inicio del ciclo lectivo en las universidades ha sido complejo. Debido a retrasos en los pagos y al incumplimiento de la Ley de Financiamiento por parte del Gobierno, numerosos paros han interrumpido las clases.
En este contexto de desafíos y conflicto, los rectores de las universidades públicas se reunieron para nombrar al nuevo líder del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), un cuerpo representativo para las instituciones educativas superiores.
El elegido fue Franco Bartolacci, quien actualmente dirige la Universidad Nacional de Rosario, una de las universidades más prominentes del país. Bartolacci es politólogo, con una trayectoria en el radicalismo que comenzó en la Franja Morada. En una entrevista con Clarín tras su elección en un congreso en La Pampa, compartió sus opiniones.
Crisis en el sistema universitario
– ¿Cómo se encuentra el sistema universitario argentino en la actualidad?
– La situación del sistema universitario y científico nacional hoy es sumamente crítica. Aunque históricamente enfrentamos obstáculos, la magnitud de los actuales es sin precedentes. Los problemas abarcan todas las áreas del ámbito universitario y científico. Lo más preocupante es la cuestión salarial de los trabajadores de la educación superior. En un país como Argentina, con una economía compleja, reconocer salarios justos para quienes educan a futuros profesionales es crucial. Actualmente, la mayoría del personal académico gana sueldos insuficientes, con el 60% de los trabajadores docentes ganando menos de 500.000 pesos al mes.
– ¿Es el salario la principal inquietud de los rectores?
– Sin duda, la situación precaria de la universidad y el ámbito científico en todas sus facetas genera preocupación. Problemas presupuestarios, de infraestructura y en el sistema científico son prominentes, siendo el financiamiento de la ciencia aún más crítico que el de las universidades. No obstante, el tema salarial es lo más urgente en este momento.
– ¿Cuál es su postura ante los paros en diversas universidades?
– He sido claro: la protección de la universidad se logra al manejar tres aspectos simultáneamente. Primero, exigir con seriedad los recursos necesarios para operar. Segundo, promover reformas internas necesarias, dado que el mundo y Argentina han evolucionado, y la universidad debe adaptarse. Tercero, garantizar que la universidad pública siga activa, brindando clases y exámenes, y generando conocimiento. Esto es lo que la sociedad valora y apoya incluso en tiempos difíciles. El reto es avanzar en estos tres aspectos juntos.
Desafíos y reformas en el ámbito universitario
– Entonces, mantenerla operativa es esencial. ¿Qué mensaje ofrecerán a los estudiantes que enfrentan interrupciones en sus clases?
– Nuestra máxima prioridad son los estudiantes, ya que son la esencia de la universidad pública. Como se ha expresado antes, esta es la “República de los estudiantes”. Por ello, es fundamental asegurar salarios justos para quienes enseñan, asegurando al mismo tiempo que las universidades funcionen plenamente. Mantener nuestras instituciones abiertas y comprometidas con su misión es la mejor defensa, respondiendo al gran esfuerzo que hacen los estudiantes y sus familias.
– ¿Cuál es su opinión sobre la nueva ley que el Gobierno busca implementar para modificar la Ley de Financiamiento vigente?
– Hasta ahora, el Gobierno no ha demostrado disposición para resolver este problema. La propuesta actual no ofrece soluciones a las dificultades presentes. Defendemos la implementación de la Ley de Financiamiento Universitario y estamos dispuestos a dialogar sobre su aplicación, pero una mejora salarial que supere el 40% -lo que refleja el desajuste entre aumentos e inflación- no se resolverá de un día para otro. Sin embargo, la base debe ser lo que establece esa ley.
– Entonces, ¿la ley oficial no es una solución adecuada?
– Correcto, no ofrece una solución efectiva. Aunque las discusiones continúan, nuestro propósito es encontrar soluciones reales que resuelvan la problemática.
– ¿Existe temor a que se derogue la ley de financiamiento?
– Ha habido intentos de desarticularla. Es una ley cuyo recorrido fue complejo: se debatió, se aprobó, fue vetada, luego respaldada, promulgada pero no aplicada, y la justicia ha sido necesaria para hacerla valer. Incluso hubo intentos fallidos de derogarla durante la discusión del presupuesto en diciembre.