El Superior Tribunal de Justicia (STJ) de Chubut ha decidido intervenir durante un periodo de 60 días en las actividades del Equipo Técnico Interdisciplinario (ETI), el cual había determinado conceder la custodia de Ángel López a su madre. Ángel, un niño de 4 años de Comodoro Rivadavia, falleció el 5 de abril. En su lugar, se ha nombrado a María Marta Nieto, camarista, para asumir el control.
Auditorías para evaluar las actuaciones
El presidente del STJ, Andrés Giacomone, anunció en la mañana del martes su intención de llevar a cabo una revisión para valorar la actuación de las instituciones y expertos del ámbito de familia implicados en este desafortunado caso que ha impactado a la nación.
Revisión del sistema judicial
Giacomone expresó que, aunque se trata de un asunto que causa gran dolor, es fundamental examinar el funcionamiento global del sistema. La decisión fue tomada de manera unánime y respaldada por los seis miembros del principal cuerpo judicial de la provincia, incluyendo a Javier Raidan, Silvia Bustos, Camila Banfi, Mario Vivas y Ricardo Napolitani, además del propio Giacomone.
Funciones y responsabilidades
Esta disposición resulta en que la Cámara de Apelaciones de la jurisdicción tome parte en el caso, con Nieto asumiendo las tareas de supervisión. Estará acompañada por Valentina Kresteff, coordinadora de los ETI, y por Gisela Ochoa, funcionaria del STJ.
Examen integral de las áreas implicadas
El mandato judicial estipula que se lleve a cabo una “auditoría exhaustiva y un seguimiento del cumplimiento de las funciones asignadas al Equipo Técnico”, encargado de proveer asistencia a los juzgados de Familia en intervenciones relacionadas con la infancia, violencia doméstica y situaciones de peligro.
La Cámara de Apelaciones deberá entregar reportes semanales al STJ sobre las acciones realizadas en la investigación sobre el pequeño, quien de acuerdo a la autopsia, presentó 22 lesiones internas atribuibles a golpes en la cabeza.
Según Giacomone, citado por ADN Sur, la auditoría comprenderá “a toda la estructura institucional”, incluyendo juzgados, equipos técnicos, servicios de protección de derechos y otras áreas responsables. Afirmó que no se puede realizar un análisis individualista cuando hubo varios actores involucrados en este proceso.
La revisión es una respuesta a la magnitud y repercusión del caso. Destacaron que el ETI “desempeña un papel crucial en la evaluación de situaciones familiares y en la protección de menores, por lo que su actividad es esencial en casos críticos como el investigado en la justicia actualmente”.