Un paciente con una afección cardíaca grave enfrenta un riesgo significativo para su vida. Este adulto mayor tenía una cirugía agendada en un reconocido hospital especializado en cardiología en la capital. Sin embargo, su obra social, el PAMI, decidió posponer la intervención en el último momento. Aunque inicialmente habían aprobado la compra del insumo esencial, la empresa encargada de proveerlo no tenía el producto disponible. De manera confidencial, la empresa expresó que, aunque tenían insumos, el PAMI no ha realizado pagos en más de siete meses, lo que refleja la severa crisis de financiamiento que afecta a la mayor obra social del país, ahora también impactada por una huelga de 72 horas de los médicos de familia.
En muchas ocasiones, se ha utilizado la metáfora del jamón en el sándwich para describir a los casi 6 millones de jubilados y pensionados que dependen del PAMI, siendo víctimas del recurrente problema de insostenibilidad que enfrenta esta institución. Actualmente, este fenómeno es aún más evidente, ya que los problemas se amplían de manera alarmante, escapando al control de las actuales autoridades de Salud.
Impacto de la deuda y las protestas en el PAMI
El problema comenzó con la deuda reportada durante meses por farmacias y centros médicos que colaboran con el PAMI. A pesar de considerarse demoras manejables (una soga siempre al límite de su ruptura pero aún con flexibilidad), la situación alcanzó un punto crítico este martes debido al paro de médicos de familia, quienes protestan por la disminución de sus honorarios. Las voces ahora hablan de una “crisis considerable”, como señala Eugenio Semino, defensor de la Tercera Edad, quien reconoce una cesación de pagos similar a las crisis del 95 y 2001.
El encuentro del miércoles pasado entre el ministro de Economía, Luis Caputo, y el ministro de Salud, Mario Lugones, exponía un enorme reto. Caputo prometió que el Tesoro liquidaría las deudas por servicios e insumos si se reducía justamente aquello que más se necesita: servicios e insumos. Sin embargo, varias fuentes confirman que ese ajuste ya se ha realizado.
El caso del hombre con la cirugía cardiológica pospuesta no es aislado. Otro paciente, que sospechaba una obstrucción intestinal parcial, también enfrentó un dilema. Al no recibir un turno oportuno en su centro médico habitual en el norte, su hija acudió a una consulta privada, donde se diagnosticó un tumor rectal. Los médicos recomendaron una operación inmediata para evitar complicaciones mayores.
La hija condujo a su padre a su centro médico asignado por el PAMI, conocido coloquialmente como “capita”, que no pudo ofrecer un turno adecuado. Logró una cita, pero la urgencia de la operación no fue priorizada por los médicos.
La hija, ahora preocupada, recurrió a un hospital público que colabora con el PAMI en la ciudad. Creía que podría ser atendido allí, incluso residiendo en la provincia de Buenos Aires. Sin embargo, la respuesta fue desalentadora: “No tenemos quirófano ni para nuestros propios afiliados, menos aún para alguien de otra UGL”. Los médicos reconocieron que la cirugía era necesaria de inmediato.
De regreso en San Isidro, la realidad era que faltaban quirófanos disponibles, lo que significa que el calendario de operaciones está completamente saturado por semanas, incluso meses.
PAMI: reducción de servicios y el retorno a las capitas
Eugenio Semino se preguntó: “¿Por qué no logran un turno para cirugía?”. Él mismo respondió: “Porque no se están realizando pagos a tiempo y con menos cupos, se genera un embudo formidable. Cuando se cancela una operación, no se puede reprogramar al día siguiente. Es similar a cuando te cancelan un vuelo; no necesariamente vuelas al día siguiente”.
El paro de 72 horas, vigente hasta este miércoles, promete complicar aún más el panorama, que Semino describe como problemático hace meses en las provincias y ahora intensificándose en la Ciudad. Recomienda que aquellos con prestaciones suspendidas o servicios inaccesibles contacten a la Defensoría de la Tercera Edad en avenida Belgrano 673, Capital Federal, o envíen un correo a [email protected].
Un médico con 600 pacientes compartió su experiencia, describiendo la situación como “crítica”. Antes de la resolución 1107/2026 del 9 de abril, ganaba entre 2.300.000 y 2.400.000 pesos mensuales. Con la gestión de Luana Volnovich, la “tasa de uso” se redujo del 50% al 33%, limitando la cantidad de pacientes mensuales que un médico podía atender. Además, se establecieron dos tipos de honorarios distintos para consultas.
El primer tipo de consulta, para nuevas evaluaciones generales del paciente, podía repetirse al mes con estudios en mano. Estas eran remuneradas con 12.000 pesos y se podían realizar una vez al año. Había también cinco o seis consultas adicionales de 5.000 pesos cada una por año. Los médicos también podían obtener un incentivo al completar cursos de capacitación ofrecidos por el PAMI.
“Todo esto se detuvo. Ahora, por mis 600 pacientes, recibo una asignación fija mensual de 1.200.000 pesos, que equivale a la mitad”, explicó el médico.
PAMI y las clínicas: la falta de cupos
Además de las trabas en los pagos que reclaman desde las farmacias, otro gran problema pesa sobre las clínicas y sanatorios. Según múltiples fuentes del sector, existen dos problemas interrelacionados. Uno es la crisis financiera que ha llevado a algunos centros médicos al cierre o al riesgo de hacerlo, debido a su dependencia de los servicios a jubilados y pensionados, mientras que el PAMI manifiesta su incapacidad de pagarles.
El otro problema, explicado desde el PAMI como un intento de poner “orden” frente a la sobrecarga operativa de los centros que daban más turnos de los posibles, es que, desde noviembre, se redujeron los cupos. Esto significa que si antes se otorgaban 30.000 turnos mensuales, desde noviembre esa cifra disminuyó en un tercio, explicó un representante de un centro médico provincial.
Este ajuste lleva a que los pacientes esperen por sus turnos, ya sea para ver a un especialista o para realizarse un procedimiento. “Ya hemos agotado los turnos disponibles hasta junio inclusive”, declaró una fuente consultada.
A pesar de los abusos en diversos niveles de atención, la preocupación general es el impacto negativo que estas medidas restrictivas empleadas por el Ejecutivo para controlar el presupuesto podrían tener en los pacientes.
PS