Datos revelados tras el fallo de la Corte Suprema
Con el reciente fallo de la Corte Suprema que emplaza al Estado a retomar el control sobre los incrementos en las cuotas de las prepagas, han salido a la luz detalles acerca del monitoreo realizado por la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS) en los últimos tres años. Gracias a una solicitud de acceso a la información pública, se ha podido despejar cuántas quejas han presentado los afiliados ante presuntos aumentos injustificados y las sanciones que han derivado de estas denuncias.
La solicitud de información y sus implicancias
Hernán Reyes, abogado y antiguo legislador de la Coalición Cívica ARI, ingresó el pedido sobre los incrementos de las empresas de medicina privada. En su escrito destaca: “Deseamos obtener información sobre: la cantidad de compañías de medicina prepaga que han comunicado mensualmente los incrementos en sus planes desde agosto de 2024 hasta la fecha actual, desglosando toda la información proporcionada. Asimismo, deseamos conocer qué empresas han fallado en proporcionar estos datos y las consecuencias que esto ha tenido según la Superintendencia de Salud”.
Estadísticas sobre denuncias y sanciones
Dentro de la solicitud, se exigió información sobre “la cantidad de quejas por incrementos indebidos de acuerdo al grupo de edad, clasificadas mensualmente desde agosto de 2024 hasta el presente. También se pide que se detallen las empresas más denunciadas y el número de quejas correspondientes a cada una. Asimismo, se solicita detalle de los montos reclamados, ya sea en términos porcentuales o, si es posible, en valores monetarios. Además, se pide conocer el número de procesos de investigación pendientes, procesos concluidos y sus respectivos resultados. Finalmente, se requiere el número de sanciones impuestas por violación del Decreto 102/2025 y el plazo medio para resolver un reclamo”.
Deficiencias en la información proporcionada
La SSS ha proporcionado solo parte de lo solicitado, mencionando que desde agosto de 2024 hasta septiembre de 2026 se recibieron 803 denuncias (lo que representa más de una queja diaria en todo el país), pero solo se impusieron 11 multas, lo que equivale a una multa por cada 73 demandas. Sin embargo, no se identificaron las prepagas sancionadas, la frecuencia de las sanciones, ni se ofrecieron detalles sobre la desagregación de las facturas, una medida introducida por el Gobierno en 2025 para facilitar la comprensión de las facturas por parte de los afiliados.
La postura de la SSS y el marco legal
La SSS justifica la falta de detalles explicando: “No disponemos de registros desagregados que permitan identificar la normativa incumplida en cada sanción. Por ello, no podemos asegurar si estas sanciones están directamente relacionadas con el incumplimiento del Decreto N° 102/2025, ni si hay una recurrencia en infracciones a esta normativa”. La Coordinación de Sumarios dejó de ser competente para gestionar sanciones bajo el nuevo régimen introducido por la Resolución N° 951/2025, por lo que la información se limita a los registros disponibles hasta ese momento.
Por otra parte, desde la Subgerencia de Gestión de Servicios al Usuario del Sistema de la Salud de la SSS se admitió que no poseen más información sobre el resto de los temas solicitados. Reyes, el solicitante, resaltó que ninguna de las peticiones de acceso a la información están excluidas por el Artículo 8 de la Ley N° 27.275 ni constituyen datos personales según la Ley N° 25.326, y cualquier omisión sería un incumplimiento de la Ley N° 27.275 de acceso a la información.
Tras el pronunciamiento de la Corte sobre el control de los aumentos en las cuotas, Reyes celebró: “Hemos estado denunciando abusos desde el principio. La salud no debe estar a merced de las empresas”. Se espera que las prepagas continúen ajustando sus cuotas según el IPC, pero ahora esos ajustes deberán ser oficializados mensualmente por la SSS.
Por ahora, la SSS no se ha pronunciado sobre esta cuestión. La Unión Argentina de Salud (UAS), que reúne a las prepagas, señaló: “Es solo un fallo que cuestiona el decreto 70. Estamos revisando el caso, tiene varias áreas grises. Todo parecerá seguir igual, y cada caso será resuelto en los tribunales sin garantías del resultado”.
