“Se obligaba al pequeño a permanecer desnudo frente a la pared como forma de sanción. Le negaba la posibilidad de sentarse al retirar la silla… Retrasaba su comida de forma intencionada”, declaró ante la Justicia un trabajador del hogar Remedios de Escalada, en Formosa.
En este hogar, viven niños que se encuentran en situaciones familiares difíciles y han sido puestos bajo el cuidado del Estado. Sin embargo, en las historias compartidas por quienes pasaron por ahí, se describen castigos abusivos, malos tratos y el uso de sedantes para mantenerlos bajo control. A pesar de las acusaciones, no se observa ninguna acción tomada al respecto.
I.J.M., un niño de 11 años, llegó al hogar en octubre del año pasado tras un incidente de violencia doméstica. Su padrastro intentó agredir a su madre, Elena, e I.J.M. trató de defenderla. En medio de la confusión, ella cometió el error de morder al niño.
Debido a estos acontecimientos, I.J.M. fue institucionalizado. Una semana después, su padrastro falleció por un ACV, pero el menor no retornó a su hogar con su madre y hermanas, sino que permaneció en la institución.
“La institucionalización debería ser temporal y excepcional. La escuela confirma que Elena siempre estuvo comprometida, algo que no se refleja en los expedientes ni en las acciones de la Dirección de Niñez”, expresa Gabriela Neme, diputada provincial y abogada de Elena, al diario Clarín.
Durante los primeros meses de estancia en el hogar, Elena no tuvo permitido visitar a su hijo. Recién en marzo pudo comenzar a verlo los viernes, aunque siempre bajo la supervisión de un empleado o psicólogo.
“Incluso durante las llamadas por Zoom con la asesora, ya que ella nunca lo visitó personalmente, I.J.M. estaba bajo supervisión porque así lo estipula la ley, y en las actas constan sus súplicas para estar con su madre”, relata Neme.
Revelaciones Impactantes
En junio, I.J.M. fue hospitalizado por neumonía y, en el ambiente seguro del hospital, le reveló a su madre el sufrimiento que vivía dentro del hogar.
“Duchas con agua fría, lo obligaban a estar desnudo en los pasillos, le castigaban interrumpiendo su alimentación o adormeciéndolo con medicación. I.J.M. narró que sumergieron su cabeza en un inodoro y que, cuando se portaba mal, le aplicaban una inyección que lo dejaba dormido. Incluso lo golpeaban con cinturones, el niño presenta cicatrices en la pierna y moretones en las nalgas”, detalla la diputada.
Además, describió cómo le decían que su madre lo había abandonado, generando en él una sensación de rechazo y abandono.
Denuncias e Impunidad
Una denuncia presentada dos meses antes por un trabajador contra un compañero expuso la grave situación. “El Gobierno de Formosa decidió transferir al operador que denunció las irregularidades en lugar de sancionar a los verdaderos responsables, dejando a los niños en condiciones peligrosas”, revela Neme.
La denuncia, a la que accedió Clarín, incluía acusaciones de privación deliberada de comida a los niños como forma de castigo.
“Presencié cómo les quitaba la comida del plato a tres niños mientras comían. Observé cómo lo hacía con sus manos”, se lee en uno de los fragmentos del documento.
Intentó ofrecer a los menores otra porción, pero el agresor se lo prohibió rotundamente. Además, se narran incidentes de acoso y maltrato hacia un niño con discapacidad, que era alimentado por botón gástrico y no hablaba.
Desesperación Materna
Elena, frente a las atrocidades que sufría su hijo, presentó una denuncia. En vez de brindarle apoyo, le suspendieron las visitas. Buscó ayuda judicial, pero su derecho a ver a su hijo seguía sin cumplirse. Desesperada, junto a su abogada, se acuarteló en la oficina de la Niñez hasta obtener el permiso para reanudar las visitas.
“El expediente afirmaba falsamente que la madre no estaba interesada en ver a su hijo”, expone Neme.
El Escape y las Consecuencias
Después de retomar el contacto con su madre, cansado de los abusos, I.J.M. huyó del hogar el 4 de septiembre.
“Memorizó el teléfono de su madre, escapó y localizó a una vecina. Le pidió que contactara a Elena con la excusa de que tenía un encargo pendiente”, expone la abogada.
Ya en el reencuentro con su madre, I.J.M. relató todo lo vivido en el hogar y pidió ayudar a otro niño llamado Lionel, que también sufría allí.
A pesar de todo, la justicia dispuso que regresara a la institución, aunque su madre y Neme se resistieron. Finalmente, un nuevo llamado judicial dictaminó que debía vivir con su abuela materna en Corrientes, a 300 kilómetros de distancia, y con un historial de denuncia por violencia.
Elena ahora enfrenta cargos por resistirse a las autoridades y tiene prohibido salir de Clorinda, lo que le impide ver a su hijo en Corrientes.
En un desgarrador recuento, Neme afirma: “I.J.M. llegó de la mano de su mamá al juzgado y salió dopado de un hospital. ¿Qué presenció el niño que no quieren que vuelva con su madre?” La noticia reciente es que el niño volvió a escaparse, pero esta vez de la casa de su abuela.
“Sabemos que ahora está bajo la protección del Juzgado de Familia y Niñez N° 1 de Corrientes, y confiamos en que esta vez sus derechos serán respetados”, concluye Neme.
Testimonios de Exresidentes
A escasos pasos del hogar donde residía I.J.M., se encuentra una residencia para niñas, manejada por los mismos empleados. Sara Ramírez, de 18 años, vivió allí durante diez meses desde los 16 años.
La madre de Sara, Marcela, relata que las niñas enfrentaban problemas de consumo y otros desafíos típicos de la adolescencia. “Nos señalaron a nosotros, los padres, como un peligro por intentar disciplinarlas”, cuenta. Así es como terminaron en la residencia Renacer.
Sara describe un entorno de gritos, burlas y abusos, en una casa de más de veinte chicas. Marcela opina que el personal carece de formación adecuada.
“Mis hijas fueron sedadas con tranquilizantes y llevadas a urgencias psiquiátricas”, añade.
Mientras estaban en el hogar, los padres perdieron todo contacto con sus hijas y eran mantenidos en la oscuridad sobre sus situaciones. “Era un entorno manipulado a su antojo por los empleados”, explica.
Sara, todavía con el trauma grabado en su memoria, afirma que les administraban drogas como clonazepam o diazepam.
Las demás residentes tampoco tenían permitido asistir a la escuela. “Cualquier conflicto con otras chicas resultaba en una visita a la sala de emergencias y la administración del conocido SOS”, confiesa Sara.
Vividamente recuerda el confinamiento en cuartos con cámaras, las comidas llevadas a la fuerza, las restricciones de movimiento. “Nos señalaban como el único problema”, concluye.