En el momento en que la luz del sol comenzaba a iluminar el monte, un convoy compuesto por cinco camionetas y tres motocicletas avanzó por un sendero polvoriento. A bordo, se encontraban 40 personas entre policías y fiscales. Su destino era una extensa finca de 11.800 hectáreas en Talavera, ubicada al este de Salta y no lejos de Santiago del Estero, en un paraje remoto y aislado. La carretera más próxima se encuentra a unos 11 km, y la cobertura de telefonía móvil es inexistente en varios tramos. Cuando llueve, ciertos caminos se tornan intransitables.
Para las autoridades, el aislamiento de estas tierras las convierte en un blanco ideal. En Salta y Santiago del Estero, existen denuncias sobre grupos que invaden terrenos, desmontan bosques sin permiso, extorsionan, hurtan ganado de vecinos y explotan laboralmente a las personas. Además, muchas veces tienen apoyo político.
Infiltración y ocupación de terrenos
Jorge Neme, vicepresidente de Agrosol S.A., afirma al medio Clarín: “Se trata de grupos que ocupan terrenos y se aprovechan de los tiempos lentos de la Justicia”. Desde principios de 2026, una finca de 2.500 hectáreas de su empresa, Santa Rita, se encuentra en manos de uno de estos grupos invasores.
Al llegar al terreno de Talavera, la policía descubrió dos campamentos. De acuerdo con fuentes judiciales, varias personas portaban armas. El operativo, que se extendió durante tres días, resultó en la confiscación de herramientas como hachas, motosierras, puñales, y dos armas de fuego.
Siete individuos fueron arrestados, enfrentando cargos de abigeato y tenencia ilegal de armas. Juan Dalmasiano Díaz (52), Rafael Torres (38), Francisco Coccioli (34) y Juan Carlos Barvero (45) permanecen detenidos bajo disposición del Juzgado de Garantías liderado por Héctor Guzmán.
En cambio, Guillermo Bouhid (27), Víctor Gutiérrez (43) y Rodrigo Bermúdez (40) están siguiendo el proceso en libertad, aunque la fiscalía considera ampliar los cargos. Según informan a Clarín fuentes judiciales, ninguno contaba con antecedentes penales.
Estrategias de explotación
La situación inició cuando el gerente de la finca observó a un grupo que estableció un campamento clandestino al norte del terreno, talando postes de quebracho colorado en grandes cantidades. La denuncia se presentó ante la Policía Rural y Ambiental de El Quebrachal.
Las investigaciones revelan numerosas denuncias penales por comportamientos similares en la región: agrupaciones con conexiones políticas en Salta y Santiago del Estero que toman por la fuerza propiedades y levantan campamentos. Al inicio, los usurpadores derriban mallas perimetrales y las sustituyen por nuevas.
Posteriormente, cierran accesos e impiden el paso. El clímax llega cuando instalan retenes armados en los accesos, interrogando a quienes transitan por la zona.
“El problema no es reciente. La primera denuncia formal de la compañía se realizó el año anterior debido a la invasión. La situación se agravó en enero, cuando cercaron los terrenos y llegaron armados con chalecos”, indica Julián Aguilar, abogado de Agrosol.
Incluso se reportó la presencia de un menor en las actividades. Ante esto, la Justicia Federal realizó un allanamiento por presunta trata laboral, hallando condiciones de trabajo deplorables.
Conexión legal y explotación de recursos naturales
Tras ocupar los terrenos, comienza otra fase: las organizaciones presentan demandas de usucapión —para adquirir propiedad tras 20 años de posesión— y medidas cautelares ante los tribunales civiles.
Así, el juez mantiene las situaciones sin modificación mientras el juicio continúa. Esto permite a las bandas aprovechar el tiempo judicial para explotar los recursos madereros y apropiarse del ganado vecino.
“Aunque no ganen el juicio, ganan tiempo suficiente para explotar el terreno”, explica Aguilar.
Aún no se ha decidido el destino de las 11.800 hectáreas. La agroempresa afirma que el cabecilla de la red criminal sigue libre y las personas detenidas actuaban bajo su mando.
El abogado Mariano Sitelli dejó de representar a cinco imputados por falta de pago.
Además de otros delitos, estas agrupaciones son responsables de abigeato. Clarín accedió a la resolución judicial que confirmó la detención preventiva de algunos acusados, donde propietarios de campos colindantes denunciaron extorsiones y amenazas.
Sus actividades incluyen exigir parte del ganado bajo amenazas de muerte. Algunas personas cedieron a sus demandas por temor, sin que eso detuviera los robos continuos.
“Los usurpadores llevaban el ganado dentro del nuevo cercado para reclamarlo como propio”, detalla parte de la resolución.
Las autoridades examinan varios dispositivos móviles en busca de pruebas, y se sospecha que existe una estructura organizada para llevar a cabo estos actos.
Esta problemática no es exclusiva de Salta. En Santiago del Estero, tierras rurales son frecuentemente ocupadas ilegalmente.
En cuanto a la deforestación, las bandas extraen ilegalmente madera de quebracho, causando un daño irremediable sobre el ecosistema local.
Denuncias ante la Secretaría de Ambiente no logran respuesta, ya que la institución carece de medios para atender en lugares tan remotos, según los quejosos. Algunos creen que estos grupos disfrutan de protección y operan entre las jurisdicciones provinciales.
“Confiscaron 500 postes de quebracho fuera del permiso de desmonte”, añade el abogado.
La ubicación del terreno facilita el traslado de madera hacia Santiago, a menos de 15 minutos de distancia.
Hasta la fecha, cuatro imputados permanecen con prisión preventiva para proteger el medio ambiente y evitar la explotación ilegal de recursos forestales, explica la fiscal Pisacic.