Después de más de trece años tras las rejas, Paola Ortiz ha logrado recuperar su libertad. Este martes, la Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia de Córdoba decidió revisar su sentencia de prisión perpetua impuesta en 2015, optando por liberarla inmediatamente tras establecer una pena de 13 años, 9 meses y 26 días, justo el período que ya había permanecido en prisión.
La liberación se produjo luego de que la abogada Rocío García Garro, de la Guardia Feminista de Abogadas, espacio promovido por Católicas por el Derecho a Decidir Argentina, junto con la abogada Julia Luna presentaran un recurso de revisión.
En Villa Nueva, Córdoba, el 31 de octubre de 2012, comenzó la historia de Paola. Entonces madre de tres hijos, vivía en un entorno de vulnerabilidad extrema, enfrentando múltiples formas de violencia que, según el Tribunal, no se valoraron en el proceso inicial.
Durante aquel crítico día de octubre, Paola, con un embarazo avanzado de 37 a 38 semanas, dio a luz sola en su hogar sin asistencia médica. El resultado fue trágico: su bebé no sobrevivió. El 19 de marzo de 2015, la Cámara en lo Criminal y Correccional de Villa María le impuso prisión perpetua. Incluso cuando su defensa apeló en junio de 2017, el Tribunal Superior de Justicia ratificó la condena.
El contexto de Paola
El Tribunal ha evaluado que durante el juicio inicial no se consideraron las circunstancias que rodeaban su embarazo, parto y puerperio.
El fallo detalla que Paola vivía separada de su esposo, en la casa de su ex suegro junto a otros familiares y sus hijos. Además, el expediente incluía fotografías que mostraban claramente la precariedad de su vivienda.
Debido al temor de ser expulsada por su suegro, Paola mantuvo su estado de embarazo en secreto ya que no tenía otro lugar al cual ir. El contexto de violencia económica, psicológica y sexual fue también un punto resaltado por su defensa.
Las evaluaciones psicológicas realizadas indicaban que Paola presentaba una personalidad vulnerable, con baja autoestima, sentimientos de soledad y abandono, así como una marcada dependencia y dificultad para prever consecuencias. Un informe adicional también evidenciaba una educación extremadamente limitada.
Reconsideración del caso
Uno de los puntos clave en la sentencia es el examen de los estereotipos de género en el derecho penal. La defensa de Paola argumentó que fue evaluada desde una expectativa tradicional de comportamiento de una “buena madre”: identificar el embarazo, recibir atención médica, saber cómo actuar durante el parto, cortar el cordón umbilical y solicitar ayuda de inmediato.
El fallo reconoce estas argumentaciones, destacando que Paola fue criticada por no realizarse controles médicos, no acudir al hospital, ni tener conocimientos médicos necesarios para el parto. Se cuestionó la expectativa de que ella supiera manejar una emergencia obstétrica a pesar de sus condiciones materiales y educativas.
El Tribunal Superior de Justicia argumentó que dar a luz sin asistencia médica no es constitutivo de delito y no debe ser automáticamente penalizable. El fallo también se refiere a la legislación sobre el parto humanizado, la cual aboga por un nacimiento respetuoso de cada familia, provechando un trato digno.
Asimismo, el Tribunal advierte sobre la falta de un enfoque “interseccional” necesario para evaluar factores como la precariedad económica, la violencia vivida y las condiciones familiares.
Al considerar todo esto, la sentencia reconoce que Paola enfrentaba simultáneamente pobreza, dependencia económica, desprotección habitacional, aislamiento, miedo y las tensiones propias del puerperio, lo cual configuran una situación de menor culpabilidad.
Además, el estado emocional y psicológico de Paola después del parto contribuyó a reducir su grado de responsabilidad, según la valoración del tribunal.
El Tribunal Superior admitió que la perspectiva actual de su análisis difiere de la empleada años atrás.
Una mirada con perspectiva de género
Para Mónica Menini, abogada de Católicas por el Derecho a Decidir, el fallo refleja la interrelación entre género, pobreza, violencia y vulnerabilidad: “El derecho penal ya no puede aislar el hecho, sino que debe integrar perspectiva de género, interseccionalidad e interculturalidad”.
Menini comparte que cuando supieron del caso, Paola ya llevaba años en prisión, pudiendo hablar con ella y decidiendo plantear un recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de Córdoba. A la solicitud se unieron 13 amicus curiae de entidades y académicos apoyando la revisión.
García Garro explica a Clarín que el fallo del Tribunal Superior reconoció factores excepcionales de atenuación relacionados con la vulnerabilidad, pobreza y violencia que Paola sufrió durante su vida, logrando incluir una perspectiva de género e interseccional antes ausente en la condena original.
“Paola está bien, en buen estado de salud, acompañada y contenida. Ahora comienza para ella una nueva etapa, un proceso de reencuentro y revinculación con sus familiares, sus seres queridos y también con su propia historia, después de más de 13 años de privación de libertad”, afirma.
“Durante este último tiempo, el acompañamiento fue fundamental. Ana Agnelli, trabajadora social de Católicas por el Derecho a Decidir, acompañó a Paola desde el año pasado en el camino hacia su libertad y, aun durante su permanencia en prisión, fue trabajando con ella distintos procesos de revinculación y la posibilidad de que pudiera escribir y reconstruir su propia historia”, relata la abogada.
Finalmente, concluye: “Hoy creemos que lo importante es respetar sus tiempos y decisiones. Es un nuevo comenzar. Paola está libre y tiene por delante la posibilidad de reconstruir su vida, recuperar vínculos y proyectar su futuro”.