En el contexto de la inquietud provocada por una serie de mensajes amenazantes que han circulado en colegios a nivel nacional la última semana, el gobierno de Santa Fe ha identificado a 73 individuos como presuntos autores de estas amenazas. Las autoridades están decididas a que estos individuos se hagan responsables de los gastos ocasionados por los operativos de investigación pertinentes.
Mayoritariamente menores involucrados
De acuerdo con el Ministerio Público de la Acusación (MPA), el 95% de los identificados pertenecen al grupo de menores de edad. Por este motivo, el Ministerio de Justicia y Seguridad del área ha dirigido su atención hacia los padres o tutores de estos jóvenes, esperando que ellos sean quienes cubran los costos generados por las investigaciones de estas amenazas.
Desglose de las investigaciones y gastos
El MPA ha informado que, entre el 15 y el 21 de abril, se presentaron aproximadamente 404 denuncias en toda la provincia. Como resultado, se llevaron a cabo 11 allanamientos y 16 registros domiciliarios, incautándose teléfonos móviles, armas blancas, armas de fuego, pistolas de gas comprimido, cartuchos de escopetas percutidos y proyectiles calibre 22.
Durante el mismo marco temporal, se realizaron 158 acciones relacionadas con amenazas en el entorno escolar, 148 de estas se produjeron entre los días 16 y 20, y 10 el día 21. Las cifras oficiales señalan que cada uno de estos operativos representa un gasto base de entre 5 y 6 millones de pesos, basado en los recursos humanos, logísticos y materiales invertidos.
Impacto y respuesta gubernamental
Ante esta situación, Virginia Coudannes, secretaria de Gestión Institucional provincial, sostuvo que el gobierno ha decidido implementar el cobro de estos operativos debido a la gravedad del fenómeno, el cual se ha repetido en diversos establecimientos de la provincia. “No es un chiste, es un acto delictivo”, declaró Coudannes.
El esfuerzo por seguir investigando y supervisando estos sucesos continúa. Las personas identificadas hasta el momento son menores, por lo tanto, los padres deberán responder. Desde el gobierno, se mantendrán todas las políticas educativas, de salud mental y de seguridad para asegurar que la escuela sea nuevamente un espacio de contención y aprendizaje, afirmó la funcionaria.
Procedimiento para el cobro de operativos
El procedimiento de recuperación de costos se activa una vez que se identifican a los responsables. Según la gobernación de Santa Fe, esto da paso a “un proceso administrativo para evaluar, cuantificar los costos, y conformar un expediente individual por cada caso”. Posteriormente, se emite una notificación formal de pago a los padres, brindándoles un plazo específico para cumplir con esta obligación.
En una línea similar, el Ministerio de Seguridad de Córdoba ha decidido que las familias de los estudiantes que realicen amenazas falsas de tiroteos en escuelas también deberán enfrentar los gastos de los operativos policiales. En esta provincia, 29 estudiantes han sido imputados por dichos incidentes.