El Instituto Duayén, una escuela privada situada en Villa Ortúzar con más de treinta años de trayectoria, está enfrentando una complicada situación que podría culminar en su clausura. Originalmente fundada por un grupo de educadores, la institución posteriormente fue traspasada a familiares, y hace alrededor de un año y medio, fue adquirida por una compañía inversora en el sector educativo. Según los testimonios de varias familias, desde entonces, la calidad de la gestión ha empeorado, provocando la salida de casi todos los estudiantes y generando serias sospechas de desmantelamiento.
Este colegio laico, que ofrece educación en nivel inicial, primario y secundario, tenía una cuota mensual que oscilaba entre 650.000 y 700.000 pesos —considerado un costo medio-alto para la región— y llegaba a albergar aulas con dos cursos completos. Actualmente, de acuerdo con lo que han contado testigos a Clarín, apenas quedan unos 15 estudiantes en toda la escuela.
Problemas salariales y renuncias masivas
Ana, madre de una estudiante que estuvo en el colegio desde los dos años y que este año tuvo que cambiarla de escuela, es una de las personas que compartieron su experiencia. Según ella, la nueva administración empresarial implementó algunos cambios menores —como los uniformes— pero no pasó mucho tiempo antes de que las familias supieran que los sueldos de los docentes no se pagaban desde octubre o noviembre del año anterior. Ana cree que la causa de esta crisis podría ser intencionada, aunque aclara que es una interpretación personal.
El año pasado, cuando se dejaron de abonar los salarios, los docentes iniciaron una huelga y el conflicto pareció solucionarse aparentemente, con una promesa de pago en cuotas que nunca llegó a ser totalmente efectiva. La tensión creció notablemente entre abril y mayo de este año, y a principios de junio comenzaron a propagarse rumores sobre un posible cierre.
Cristina, otra madre consultada, relató que uno de sus hijos tuvo una maestra hasta mayo, quien renunció por falta de pago; fue reemplazada por otra docente que, un mes después, también dimitió por la misma razón. El área de inglés fue suspendida completamente por igual problema. “El propietario decidió qué hacer con ese dinero y optar por no pagar a los maestros”, comentó Cristina, quien destacó que muchas familias, incluida la suya, cumplían con el pago puntual de las tarifas. Ante la falta de maestros de grado, la directora, la secretaria y algunos profesores con larga trayectoria fueron quienes sostuvieron el dictado de clases, a pesar de no recibir su salario.
La racha de renuncias continuó el 14 de julio con una profesora de inglés, quien envió un correo electrónico a las familias disculpándose “por mi silencio durante este tiempo” y anunciando: “He decidido no continuar en la institución por causas que ya todos conocemos”. En su mensaje agradeció el apoyo recibido durante esos meses y les deseó lo mejor a las familias para la segunda mitad del año.
Reuniones conflictivas y el embargo financiero
De acuerdo con lo señalado por las familias, cuando intentaron obtener explicaciones, el propietario y representante legal de la escuela no asistió a las reuniones previstas; en cambio, los docentes explicaron que la falta de pago se debía a un embargo sobre las cuentas de la institución. Según esa versión, cuando las familias pagaban la mensualidad por transferencia, el instituto de recaudación embargaba el dinero, así que se sugirió a los padres abonar en efectivo para garantizar el pago a los docentes y proseguir con las clases.
Ariadna, otra de las madres, brindó una justificación adicional: le comunicaron desde el colegio que había litigios previos por falta de pago de cargas sociales, con una moratoria que se cumplía hasta que los nuevos dueños tomaron control y cesaron esos pagos. Eso provocó el embargo de las cuentas del colegio. Por ello, se ofreció a las familias pagar en efectivo —con comprobante y garantía de no deuda— para que el dinero se destinara directamente a los docentes, o bien realizar las transferencias sabiendo que esos fondos serían capturados para afrontar los litigios.
A pesar de que casi todas las familias pagaron en efectivo durante julio, según comentó Ana, la situación de los docentes se mantenía sin resolver al llegar el receso invernal.
Falta de directivos
El deterioro institucional no se limitó al aspecto económico. Según los testimonios, en el nivel inicial dimitieron tanto la asesora pedagógica histórica como la directora, ambas antes o durante el receso de invierno. En la primaria, la directora está con licencia psiquiátrica y no asiste al colegio, mientras que la vicedirectora había renunciado a comienzos del año. Nadia, otra madre consultada, agregó que la vicedirección del jardín también quedó sin ocupar.
Como señal adicional de crisis, esta semana retiraron el cartel con el nombre del colegio de la fachada del edificio, lo que las familias interpretaron como un intento de cambiar la identidad de la institución.
Pérdida masiva de estudiantes
El impacto en la inscripción escolar fue crucial. Nadia comentó que un séptimo grado completo dejó el colegio, al punto de que el maestro a cargo se quedó sin alumnos y tuvo que colaborar con sexto grado. Según su relato, en la primaria solo quedan 16 estudiantes y en la secundaria, 20. Las familias que aún permanecen esperan salir adelante hasta fin de año antes de decidir cambiar de colegio.
Ariadna es una de las madres que tuvo que trasladar a sus hijas a otra institución cercana al Duayén. Explicó que años anteriores ya habían vivido situaciones similares de cambio de profesores, con mínimas consecuencias, pero en esta ocasión el pánico generalizado entre las familias resultó en una retirada masiva y simultánea que debilitó los cursos ya que muchos de ellos apenas tenían 20 o 22 alumnos. “Quedamos a merced de la mayoría”, lamentó, y destacó el buen nivel académico que, según ella, el colegio mantenía en comparación con otras instituciones de la región, con un enfoque en inglés, deportes y natación.
Ana, por otro lado, se puso en contacto con el Gobierno de la Ciudad —el colegio recibe un subsidio estatal de cerca del 10%— y le informaron que estaban al tanto de la situación, pero que la escuela garantizaba que no cerraría y que solucionaría su estado económico. La búsqueda de plazas en otras instituciones de la zona se complicó debido al cierre, el año anterior, de otro colegio cercano, lo que saturó varias escuelas en Belgrano R.
Perspectivas del colegio y encuentros con las autoridades
A lo largo del año, según coinciden los relatos, hubo varias reuniones entre las familias y las autoridades del colegio, en las que estas negaron continuamente que existieran inconvenientes con el pago a los docentes, y afirmaron que la institución no cerraría. Al momento de publicarse esta nota, Clarín no pudo obtener una respuesta de ningún directivo del Instituto Duayén. Todos los teléfonos de la escuela figuran como fuera de servicio. Las madres aseguran que estos funcionaban hasta las vacaciones de invierno.
SC