Un número creciente de gobiernos está implementando regulaciones en torno al uso de teléfonos móviles en las escuelas, impulsados por la inquietud de los padres y la opinión pública respecto al posible daño que estos dispositivos pueden causar en los niños. Las medidas adoptadas varían desde limitaciones hasta prohibiciones absolutas, aunque muchas de estas decisiones se toman sin un análisis exhaustivo.
La mirada científica sobre el uso de móviles
A pesar de que las investigaciones científicas sobre el impacto de los celulares en el entorno escolar están aumentando en diferentes naciones, los resultados no son todavía concluyentes. En algunos casos, se ha evidenciado una mejora en el desempeño académico tras imponer ciertas restricciones; en otros, no se han observado cambios significativos.
El reciente informe del Observatorio de Argentinos por la Educación aborda este tema, revisando tanto el avance del uso de celulares en alumnos como la evidencia científica y las políticas implementadas en diversas regiones.
Estadísticas sobre la posesión de móviles
Según la prueba Aprender 2024 de tercer grado, elaborada por Andrea Goldin (Conicet y Universidad Di Tella), Martín Nistal y Tomás Besada (Argentinos por la Educación), el 59% de los niños de 8 años ya cuenta con su propio teléfono móvil. A este dato se le suma un 23% que, aunque no tiene un dispositivo personal, usa uno que pertenece a un familiar.
Existe una significativa variedad en las estadísticas provinciales. En Santa Cruz, Catamarca y Tierra del Fuego, más de dos tercios de los pequeños poseen un teléfono, mientras que en Misiones y Formosa este porcentaje es menor.
El análisis también descubre diferencias según el nivel socioeconómico: un 63% de los estudiantes en el segmento más alto tiene un celular, en comparación con el 52% de aquellos en el quintil inferior.
El debate sobre las regulaciones
Las preocupaciones sociales respecto a los celulares en los niños han llevado a muchos países a regular su uso. Según Unesco, en 2026 cerca del 60% de los países han implementado algún tipo de regulación formal sobre el uso de móviles en escuelas, en comparación con menos de un cuarto en 2023.
Las prácticas en el extranjero varían considerablemente. Francia, Países Bajos y Chile han instaurado prohibiciones completas, mientras que Brasil, Finlandia y Dinamarca permiten su uso solo con fines educativos bajo la supervisión de un docente.
En Argentina, no hay una regulación nacional uniforme respecto al uso de teléfonos en las aulas. Algunas provincias han establecido sus propias leyes o protocolos, enfocándose principalmente en el uso dentro del aula, si bien algunas también afectan otros espacios escolares.
En Mendoza, por ejemplo, el uso de móviles está permitido solamente para actividades pedagógicas supervisadas, mientras que en Salta y Tucumán las normas pueden adaptarse a las necesidades del entorno particular de cada escuela.
Evaluando las prohibiciones
La cuestión de si prohibir o no los celulares en las escuelas sigue generando mucho debate. Aunque hay opiniones divergentes y falta evidencia concluyente, la posibilidad de implementar las prohibiciones aún se considera.
Andrea Goldin sugiere la importancia de recolectar datos locales sobre estas regulaciones. “Aunque importamos mucha información del exterior, es esencial entender cómo las políticas afectan a nuestro contexto específico”, comentó a un medio local.
Para ella, la estrategia debería incluir a toda la comunidad educativa, desde docentes hasta familias, para desarrollar enfoques conjuntos en la educación digital. En términos de salud mental, la preocupación radica en el aumento de problemas entre los jóvenes, una tendencia que puede empeorar el rendimiento académico.
Por su parte, Roxana Morduchowicz recomienda integrar la enseñanza del pensamiento crítico sobre tecnología en la agenda pública educativa, promoviendo un uso responsable y consciente de la misma.
La necesidad de una legislación nacional
La cuestión de si se debe establecer una legislación nacional para regular el uso de móviles en las escuelas también está sobre la mesa. Para Goldin y Morduchowicz, sería un avance positivo, aunque reconocen las complejidades asociadas debido a la diversidad jurisdiccional.
Además, Artopoulos opina que una legislación nacional debería fomentar hábitos digitales saludables, haciendo énfasis en un uso inteligente de los recursos tecnológicos, en lugar de aplicar prohibiciones absolutas.