Después del trágico accidente sufrido por Bastián Jerez el 12 de enero, cuando el niño de 8 años iba acompañado de cuatro personas en un UTV que colisionó con una camioneta 4×4, el Juzgado Civil y Comercial N° 4 de Dolores impuso una medida cautelar que “prohíbe toda actividad” con este tipo de vehículos, incluyendo cuatriciclos y motos, en la región conocida como “La Frontera”, en Pinamar.
Acción Judicial en Respuesta a Riesgos
Esta medida fue una respuesta a un amparo presentado contra la administración municipal encabezada por Juan Ibarguren, donde se señalaban los peligros de las actividades realizadas con estos vehículos en esa franja costera de dunas.
Condiciones Inseguras en La Frontera
Según el dictamen, estas competencias y pruebas informales “se llevaban a cabo sin un control adecuado, ni señalización o delimitación de áreas, compartiendo el espacio con peatones, familias y niños”. Esta situación, señala el fallo, condujo a “numerosos accidentes viales graves y mortales, varios de ellos con menores como perjudicados”.
Motivos Detrás del Fallo
El recurso que impulsó la decisión judicial fue presentado por el ex director de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), Pablo Martínez Carignano, quien destacó que la meta “es prevenir que más personas fallezcan o sufran lesiones severas”.
El Rol del Estado en la Prevención de Riesgos
De acuerdo al ex funcionario, “la experiencia indica que la falta de sensatez humana no se detiene ante carteles o sanciones” y por ello afirmó que “frente a un riesgo real de muerte, el deber del Estado es evitar el desarrollo de conductas peligrosas”.
Por su parte, el tribunal consideró demostrado “un riesgo real, conocido y que puede evitarse”, subrayando la responsabilidad de las autoridades locales de “ejercer su autoridad para prevenir daños a la vida, la integridad física y la seguridad pública”. De igual modo, aludió a la aplicación del principio de precaución para anticiparse a “daños potencialmente graves e irreversibles”.
En consecuencia, la medida cautelar ordena “la inmediata suspensión de toda actividad recreativa motorizada, como carreras, competencias o pruebas de habilidad, independientemente de su forma, hasta que se demuestren condiciones adecuadas de seguridad y monitoreo en el área”.
Antes de esta resolución, el municipio de Pinamar había optado por no intervenir en la zona, alegando que La Frontera es “propiedad privada”.
“No creemos que prohibir sea una solución, sostenemos que hay muchas personas que disfrutan de manera responsable y con respeto hacia la naturaleza de nuestras playas y dunas, cuentan con documentación y elementos de seguridad. Hay unos pocos irresponsables que permiten a sus hijos menores conducir cuatriciclos sin cinturón, y eso es lo que no queremos y revisamos. Debemos ser conscientes de que estos vehículos no son para cualquiera y hay que usarlos con mucha prudencia”, comentó Ibarguren a Net TV el jueves.
El fin de semana, el contexto cambió. La notificación fue enviada a las autoridades locales “con carácter de urgencia” y la prohibición ya se encuentra en efecto.
BPO