Colusión en la sombra
En una acción sincronizada, un conjunto de individuos, incluidos funcionarios estatales, técnicos de aseguramiento de calidad, y directivos del laboratorio HLB Pharma, orquestaron un oscuro esquema entorno al fentanilo adulterado. Este escándalo, que finalizó con al menos 90 fallecidos y 44 personas afectadas en centros médicos de todo el país, intentó ser sepultado bajo prácticas de incineración de pruebas, pseudo robos y la eliminación de comunicaciones entre los principales implicados en esta trama de horror.
Encubrimiento coordinado
La denominada “operación limpieza” se desplegó durante 10 días tras estallar el escándalo, cuando los responsables se enteraron de que el Hospital Italiano de La Plata había advertido que las ampollas de anestésico de HLB causaban muertes en cuidados intensivos. La Fiscalía de La Plata y la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) determinaron que en esos días se activaron protocolos de encubrimiento, amparados por la inacción o complicidad de funcionarias estatales claves como Nélida Agustina Bisio (exadministradora de ANMAT) y Gabriela Mantecón Fumadó (exdirectora de INAME), quienes fueron detenidas por la causa federal que investiga este desastre.
Maniobras oscuras
Aunque el informe sobre el brote bacteriano del Hospital Italiano llegó el 2 de mayo de 2025 a las autoridades, no se tomó ninguna medida hasta el 12 de mayo. Durante este tiempo, se permitieron acciones que aparentaron ser robos o actos vandálicos para ocultar la desaparición de documentación clave. Se llevó a cabo una destrucción selectiva de evidencias, y se descubrió que miembros del INAME habían avisado a los laboratorios de inspecciones próximas, permitiendo una limpieza nocturna para alterar las condiciones de la planta antes de los controles.
Caminos de impunidad
Los chats recuperados de los teléfonos decomisados y otras pruebas demuestran la ejecución de estas tácticas de encubrimiento, que incluyeron la incineración de documentos y el borrado masivo de información en servidores. Ariel García Furfaro, arrestado por su implicación en este caso, se encontraba procesado junto a otros miembros del laboratorio. Las exfuncionarias pagaron altas sumas como fianza para obtener su libertad, bajo fuertes restricciones como no salir del país.
La manipulación de pruebas y el encubrimiento parecen haber sido deliberadamente facilitados por las funcionarias implicadas, quienes dieron a los laboratorios el margen necesario para llevar a cabo estas acciones. Este caso es un reflejo preocupante de cómo los fallos en la regulación pueden tener consecuencias fatales.