Tras las amenazas a varias instituciones educativas después de la tragedia en San Cristóbal, diversas regiones optaron por imponer sanciones a los padres de estudiantes responsables. El Gobierno de Santa Fe ha decidido trasladar el gasto de las operaciones policiales a las familias implicadas. Recientemente, se hizo viral la reacción de un padre al descubrir que deberá abonar más de 6 millones de pesos.
“Cara la jodida”, comenta el hombre en una grabación del operativo que circuló ampliamente en las últimas horas. Este es el primer caso de notificación emitido en esta región.
La grabación no dura más de un minuto, tiempo suficiente para escuchar a una agente policial leer la multa y el importe exacto: $6.024.944.
Sorprendido, el padre repite en dos ocasiones la misma frase: “Cara la jodida”. Se le informa que el pago debe realizarse sin demora en un plazo de cinco días hábiles.
Estrategia para enfrentar la problemática
Esta medida es parte de una estrategia oficial con el fin de detener un fenómeno que ha aumentado en las últimas semanas, con más de 400 reportes en toda la provincia y al menos 73 individuos reconocidos. La mayoría, sobre el 95%, son jóvenes.
Desde el Ministerio de Justicia y Seguridad han señalado que cada intervención policial tiene un costo estimado entre 5 y 6 millones de pesos, y podría superar los 11 millones dependiendo del alcance del despliegue.
Acciones legales y consecuencias
“Vamos a recuperar cada peso”, aseguraron autoridades provinciales, al destacar que estos operativos desvían recursos que deberían estar enfocados en la prevención del crimen.
Simultáneamente, el Ministerio Público de la Acusación está llevando a cabo una investigación penal para determinar la responsabilidad individual basada en la edad y el nivel de implicación. En paralelo, se han realizado operativos y registros en varios lugares para identificar a los responsables.
Impacto de las amenazas tras el tiroteo
El gobierno provincial apuesta por endurecer las sanciones como medida disuasiva para evitar nuevos incidentes. Según datos oficiales, tras anunciarse las multas, se ha observado una disminución en la cantidad diaria de casos, lo cual, según las autoridades, sugiere que el impacto económico puede ser un inhibidor efectivo.
El mensaje desde las autoridades es claro: no se permitirán amenazas, y las familias tendrán que asumir los costos de lo que el Gobierno ya no considera una simple “broma”, sino un problema de seguridad pública.
Paralelamente, el Gobierno provincial ha destacado que en los últimos días se ha visto una reducción en la cantidad de amenazas reportadas, atribuible a la combinación de sanciones económicas y el progreso de las investigaciones penales. Datos oficiales señalan que el esquema de reclamación de costes y la identificación de los responsables han producido un “efecto disuasivo” reflejado en la disminución de denuncias.
También se enfatiza que la estrategia no se limita únicamente a la imposición de sanciones: se incluyen medidas de seguimiento desde el sistema judicial y acciones coordinadas con el sector educativo y social para evitar futuros casos.
En este contexto, el Ejecutivo sostiene que la respuesta debe ser completa, acompañada de un mensaje sin ambigüedades: las amenazas son delitos y tendrán consecuencias tanto a nivel judicial como económico.