El retorno a las clases tras el receso de invierno en Ciudad y Provincia se verá afectado por un paro nacional convocado por la Confederación de Trabajadores de la Educación (Ctera), que podría tener repercusiones en todo el territorio nacional.
La movilización, que demanda la renegociación de los acuerdos salariales, la reactivación del Fondo Nacional de Incentivo (Fonid) y una urgente revisión salarial, incorpora por primera vez un elemento externo a las disputas docentes: el Ejecutivo anticipó que hará cumplir un apartado de la Ley de Reforma Laboral que considera la educación pública como “un servicio esencial”, estableciendo la obligación de mantener “un 75% de las actividades” durante acciones de huelga.
Este punto legal será el centro de atención en la huelga de maestros y profesores programada para este lunes, abarcando todos los niveles y modalidades educativas.
El inicio del periodo escolar estaba estipulado para el 3 de agosto en CABA, Provincia de Buenos Aires, Santiago del Estero y Chaco, al culminar las dos semanas de vacaciones de invierno.
No obstante, la líder sindical Sonia Alesso anunció para ese día una medida directa respaldada por los gremios docentes de varias provincias. En Buenos Aires, Suteba, el sindicato más grande con más de 80 mil miembros, ha confirmado su participación junto con la FEB, Udocba, Sadop y AMET. Los líderes prevén un notable impacto en el sistema educativo provincial.
Participación en CABA
En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), los sindicatos docentes principales que se adhieren son la UTE (Unión de Trabajadores de la Educación) y Ademys (Asociación Docente de Enseñanza Media y Superior), este último con un plan de protesta que abarca medidas adicionales.
Por su parte, el Gobierno tiene diferentes expectativas. El Ministerio de Capital Humano comunicó el fin de semana que se llevará a cabo un control para asegurar una cobertura mínima del 75% en el funcionamiento habitual de las escuelas, conforme lo estipula la Ley 27.802, que categoriza la educación como un servicio esencial.
Se anunció una “verificación aleatoria” a nivel nacional para revisar la ejecución de esta normativa. También se instó a “todos los integrantes del sistema educativo” a garantizar el cumplimiento de dicha ley.
Aún persiste una disputa legal respecto a la aplicación de esta ley. Ctera logró una medida cautelar para suspender provisionalmente la declaración de la educación como servicio esencial. Sin embargo, el Gobierno explica que la apelación del Poder Ejecutivo sostiene vigente ese argumento mientras el juicio sigue en curso.
Desafíos de Implementación
“Es Inviable”
A pesar de ello, existe un consenso de que su realización es impracticable. “¿Quién va a fiscalizar más de 35.000 escuelas en todo el país? ¿Los funcionarios de la secretaría de Trabajo nacional? Sería necesario dedicar dos semanas a esa labor”, afirmó Olga Ortigoza, representante de Suteba de La Matanza, en diálogo con Clarín.
“El comunicado solo busca intimidar a los docentes. Pero habrá un paro masivo debido a la insostenible situación de los trabajadores”, concluyó la educadora.
El Gobierno nacional no tiene autoridad sobre la educación inicial, primaria y secundaria. Desde la reforma de los años ’90 durante la gestión de Carlos Menem, las escuelas fueron transferidas a las provincias. La Nación no administra escuelas primarias ni secundarias.
Los docentes son empleados de los estados provinciales, que pagan sus sueldos y negocian las condiciones laborales. Por ello, el Gobierno se opone a convocar y realizar (desde la asunción en 2023) la paritaria nacional para establecer un salario mínimo para el sector.
En Buenos Aires, la supervisión del funcionamiento de cada institución está a cargo del inspector escolar. Hay inspectores en cada distrito y localidad que dependen de la Dirección General de Escuelas (equivalente al Ministerio de Educación). Sin embargo, en ese organismo han adelantado que no vigilarán la adhesión a lo regulado por la nueva Ley Laboral promovida por Javier Milei.
Tampoco los agentes del ministerio de Trabajo de la Provincia actuarán como “supervisores” de esa exigencia.
Hace 20 días, el Gobernador Axel Kicillof logró un pacto salarial con los docentes provinciales: recibirán un incremento del 7% acumulado, pagado en dos partes: un 5% con los haberes de julio y un 2% adicional en agosto, ambos calculados sobre los salarios de junio.
De esta forma, un trabajador con 10 años de servicio percibe un sueldo neto de $ 885.901 como preceptor, $ 1.018.575 como maestro de grado de jornada simple y $ 1.380.137 como profesor. El salario de un maestro de grado de jornada completa alcanzará los $ 1.982.586 en julio y $ 2.037.149 en agosto.
Ctera, una central de docentes adversa al Gobierno de Milei y cercana al kirchnerismo, ha realizado siete paros nacionales hasta ahora: cuatro en 2024, dos en 2025 y uno en lo que va del año. Actualmente, el entorno jurídico es diferente. La medida de este lunes mostrará el efecto en los docentes de la advertencia oficial y verificará la eficacia del discutido artículo de la Reforma Laboral.
La Plata. Corresponsal
MG