El Tribunal Supremo de España reafirmó este lunes la retirada del derecho al sufragio para aquellos descendientes de exiliados que no puedan demostrar que sus familiares escaparon durante la Guerra Civil o la dictadura de Francisco Franco debido a motivos políticos o sexuales, lo cual podría dejar a muchos fuera de las elecciones de noviembre.
Este revés representa un golpe para el presidente socialista Pedro Sánchez, quien esperaba que el Tribunal Supremo revirtiera la suspensión, ya que enfrenta encuestas desfavorables.
La “ley de nietos” es una cláusula de la Ley de Memoria Democrática de 2022, promovida por el gobierno de Sánchez, que concede la nacionalidad a los descendientes de exiliados españoles.
Con esta normativa, pueden adquirir la ciudadanía aquellos que sean descendientes de españoles que abandonaron el país durante el conflicto civil de 1936-1939 y la subsiguiente dictadura franquista, siempre que lo soliciten. Argentina, en particular, registró el mayor número de peticiones.
Los detractores han criticado fuertemente esta ley, interpretándola como un intento del presidente Sánchez de ampliar el padrón electoral con votantes simpatizantes, principalmente aquellos de América Latina, provocando que el partido de extrema derecha Vox solicitara la suspensión de la normativa.
Ya en septiembre, previo a que Sánchez convocara las elecciones, el Tribunal Supremo había congelado temporariamente los derechos de votación de ciertos beneficiarios, requiriendo evidencias adicionales de su relación con las víctimas del exilio y represión.
El lunes, se rechazó un recurso del servicio jurídico del Estado contra esta suspensión, la cual permanecerá vigente durante las elecciones generales del 29 de noviembre.
A pesar de esto, se aclaró que el fallo no afectará a aquellos que puedan evidenciar que son descendientes de personas que sufrieron “exilio por razones políticas, ideológicas, de creencia o identidad sexual” que hubieran renunciado o perdido su nacionalidad española.
Incremento en el registro de nuevos ciudadanos
Al cierre del mes de julio, el censo de votantes externos ya incluía más de 163,000 personas que habían accedido a la nacionalidad española a través de la ley de Memoria Democrática de 2022, según la resolución del tribunal.
Adicionalmente, cerca de 97,000 solicitudes de nacionalidad fueron aprobadas pero no registradas a fin de agosto, mientras que más de 304,000 peticiones seguían en trámite, de acuerdo con la misma decisión judicial.
No se sabe exactamente cuántos de estos nuevos españoles no podrán participar en los comicios, en los que Sánchez luchará por su reelección.
Controversia política en torno a la ley
Sánchez se opuso a las acusaciones de manipular el padrón electoral y criticó duramente tanto al Partido Popular (PP) como a Vox por intentar restringir derechos fundamentales de los españoles.
“¿Qué quiere decir esto? ¿Que los nietos de los exiliados durante el franquismo no podrán votar, pero sí los del régimen franquista?”, cuestionó Sánchez en un acto de campaña en Ponferrada, al noroeste de España.
El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, quien figura a la cabeza en las encuestas, celebró la decisión judicial en la red social X, manifestando que el tribunal “ha considerado el bien común sobre las decisiones irresponsables y apresuradas del Gobierno”.
Santiago Abascal, líder de Vox, declaró al medio conservador Okdiario: “No se puede crear votantes de forma ilegítima y ilegal (…) Hemos sorprendido [a Sánchez] en el acto”.
El presidente decidió adelantar las elecciones inicialmente previstas para 2027, tras el rechazo del Congreso a dos decretos de vivienda destinados a apaciguar las manifestaciones del país.
Con información de EFE
D.D.