En una decisión que generó controversia, una magistrada de la Provincia de Buenos Aires decidió este lunes suspender temporalmente, durante dos meses, la implementación del nuevo Régimen Penal Juvenil que reduce la edad de imputabilidad a los 14 años, apenas 48 horas después de su entrada en vigor.
El Habeas Corpus Colectivo
La medida fue dictaminada por Marta Elba Pascual, quien dirige el Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil N° 2 en Lomas de Zamora. La decisión se tomó como respuesta a un habeas corpus preventivo colectivo presentado por la Federación Familia Grande Hogar de Cristo. Esta organización, liderada por el sacerdote José María Di Paola, conocido como el padre Pepe, actuó en defensa de adolescentes que se encuentran privados de libertad.
Incertidumbres Jurídicas
La resolución trae consigo muchas dudas, y distintos jueces del fuero juvenil señalaron la existencia de un “gris jurídico”. En este contexto, el juez de Menores de Quilmes, Elbio Ramos, recientemente detuvo a un menor de 15 años amparándose en la nueva normativa.
Clarín accedió a la sentencia donde la jueza Pascual centró su atención en la capacidad del Estado para gestionar el cambio legal, aprobado por el Congreso hace más de seis meses. Según su evaluación, se debe evaluar si la provincia puede ampliar el número de adolescentes bajo su jurisdicción penal sin las condiciones adecuadas en infraestructura y recursos humanos necesarios para cumplir con estándares legales y constitucionales.
El tribunal justificó su postura basándose en las evaluaciones del Centro Socioeducativo para la Privación de la Libertad Ambulatoria en Lomas de Zamora, donde se fijó un tope de 60 internos debido a la falta de condiciones adecuadas.
La jueza mencionó progresos en infraestructura y servicios básicos, pero señaló deficiencias persistentes en acceso a educación, formación profesional, empleo y restricciones excesivas de libertad, según reportes del Organismo Provincial de Niñez y Adolescencia.
Consecuencias de No Actuar
El fallo subraya la responsabilidad del Poder Judicial de intervenir preventivamente ante violaciones de derechos. “Ignorar las condiciones mínimas para adolescentes detenidos incrementa, a la larga, la inseguridad y violencia en la sociedad”, enfatizó.
Pascual también resaltó la necesidad de remodelaciones para el adecuado alojamiento de jóvenes ante el potencial aumento de detenciones debido a las nuevas directrices legales.
El documento finalizó ordenando la suspensión temporal de la ley 27.801 por 60 días en Buenos Aires y estableció una audiencia para el 16 de septiembre. En esa reunión, autoridades provinciales deberán informar sobre las acciones para implementar la nueva ley.
No todos coinciden con esta resolución. Un magistrado expresó al diario Clarín que “una ley no puede ser suspendida por un juez, muchas cuestiones están pendientes por resolver”. La medida podría estar limitada a la jurisdicción de Lomas de Zamora, mencionó otro juez.
La Comisión Provincial por la Memoria, opuesta al cambio legal, aún no tiene una comprensión clara de los efectos de esta decisión, destacando la falta de incorporación del habeas corpus en la Corte Provincial.
Marta Elba Pascual, actual responsable del Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil N° 2 de Lomas de Zamora, fue anteriormente ministra de Familia y Desarrollo Humano en la provincia durante el mandato de Eduardo Duhalde.
Tras la oficialización de la ley a través del Decreto 875/2026 en el Boletín Oficial, donde se explica cómo operativamente se aplicará el nuevo sistema, surgieron críticas desde áreas judiciales vinculadas a menores. Estas voces disidentes, presentes tanto a nivel nacional como provincial, cuestionan el enfoque punitivo planteado.
El Organismo Provincial de Niñez y Adolescencia (OPNyA), bajo el Ministerio de Desarrollo de la Comunidad y liderado por Andrés “Cuervo” Larroque, tiene a su cargo los centros de reclusión para jóvenes en conflicto con la ley. Larroque se manifestó en contra de la baja de edad de imputabilidad, criticando los recortes presupuestarios nacionales que afectan programas de niñez y adolescencia.
El gobernador Axel Kicillof también expresó que se deberían priorizar programas de inclusión para jóvenes antes que adoptar medidas punitivas, cuestionando indirectamente la ley promovida por el gobierno nacional.
Reacciones Políticas
La senadora Patricia Bullrich reaccionó rápidamente al dictamen de Pascual, criticando al gobernador Axel Kicillof por, según sus palabras, “ponerse del lado de los delincuentes”.
En su cuenta de X, Bullrich escribió: “Mientras los bonaerenses temen por su seguridad, enfrentan una justicia garantista que permite que los delincuentes continúen su actividad delictiva, arruinando familias”.
La decisión ha generado un acalorado debate con implicaciones profundas, poniendo en tela de juicio el enfoque de las políticas penales juveniles en Buenos Aires.