Recientemente, la Legislatura de Buenos Aires aprobó la inclusión de un apartado en la ley de parto respetado para asegurar la disponibilidad de anestesia epidural en hospitales públicos de la ciudad. Este cambio generó una gran repercusión y dejó a muchos preguntándose si, en efecto, las mujeres que dan a luz en hospitales públicos de CABA deben enfrentar los intensos dolores del parto sin una opción analgesia adecuada, de ser necesario. La sorpresa fue aún mayor cuando Clarín investigó la situación en distintas provincias.
Similar a la ley nacional 25929 de 2004, la palabra “analgesia” no está presente en la ley local 6365 de parto respetado, aprobada en 2020. Aunque en 2015, al reglamentar la ley nacional a través del decreto 2035, se añadió en su artículo 2.a) el derecho a elegir opciones como analgesia, en la versión porteña de esta normativa, el término no se menciona.
Hasta este punto, la falta de claridad en el texto ha llevado a interpretaciones diversas. Por ejemplo, el artículo 4.b) de la ley metropolitana menciona el derecho de la mujer a ser informada claramente sobre posibles intervenciones médicas durante el parto, permitiéndole elegir entre diferentes alternativas, sin detallar cuáles son estas opciones.
Avances en la legislación porteña
La legisladora Claudia Negri, recientemente elegida decana de la Facultad de Medicina de la UBA, ha estado promoviendo una modificación a esta ley, la cual fue aprobada recientemente. Su objetivo es asegurar “el acceso equitativo a la analgesia obstétrica durante el parto”.
El añadido a la ley es claro y fundamental. Se incluye un inciso “n” que asegura que, de ahora en adelante, las mujeres tendrán derecho a recibir información completa y clara sobre los métodos de alivio del dolor disponibles, incluida la anestesia epidural, y acceder a ellos sin costo, siempre y cuando no haya contraindicaciones médicas y respetando el consentimiento informado.
Es relevante que el añadido estipule claramente que “las instituciones de salud deben garantizar su disponibilidad”. Aunque las normativas modernas protegen los derechos del paciente y las mujeres, incluida la ley de violencia obstétrica, la decisión de utilizar anestesia epidural en partos naturales ha estado más ligada a cuestiones presupuestarias que a la elección personal.
En resumen, un contexto donde el 41% de los argentinos depende exclusivamente del sistema de salud pública planteó desafíos en el acceso a la anestesia epidural, con variabilidad dependiente de cada provincia y sus recursos.
La situación en CABA, la provincia de Buenos Aires y a nivel nacional
Clarín consultó a las 24 jurisdicciones del país. Algunas afirmaron ofrecer la epidural, mientras otras no. En estas últimas, algunas defienden su decisión argumentando que un parto bien gestionado no requiere epidural, enfatizando el respeto hacia la no medicalización a menos que sea estrictamente necesario por razones de salud.
Sin embargo, en otras provincias, la negativa a ofrecer analgesia epidural durante partos naturales fue atribuida a la falta de recursos necesarios para asegurar esta práctica en todos los nacimientos.
El problema radica en la escasez de anestesistas, quienes son los únicos capacitados para aplicar esta anestesia. El gasto no es farmacéutico, sino de recursos humanos.
El Ministerio de Salud de Buenos Aires reconoció que en hospitales porteños, la epidural no está garantizada, salvo en casos específicos de indicación médica, ya que los anestesistas son asignados a emergencias quirúrgicas prioritarias.
Según fuentes, el uso de anestesia depende de factores como la disponibilidad del anestesista y la situación en quirófano, resaltando además el incremento en las cesáreas, que requieren mayor uso de epidural.
Con esta nueva legislación, se prevé un aumento de personal para asegurar el acceso a la anestesia epidural en partos naturales, comprometiéndose la Ciudad a implementar el presupuesto necesario.
De la provincia de Buenos Aires aún se esperan precisiones, dado que el uso de la epidural no está normado y su aplicación depende del protocolo de cada centro. Con más de 100 maternidades, se requiere un análisis exhaustivo no disponible actualmente.
A nivel nacional, se identificaron diversos hospitales con financiación nacional y mixta. Mientras que el uso de la epidural está garantizado según lo indicado, la práctica revela dificultades en la disponibilidad de anestesistas para partos no quirúrgicos.
Problemas enfrentados en el litoral y el norte
En Entre Ríos, admitieron la ausencia de epidural en hospitales públicos y señalaron que pocas prepagas la cubren. Lo atribuyen a la escasez de anestesistas, que deben estar presentes todo el tiempo que dure el parto.
En Santa Fe, aunque se ofrece el alivio de dolor de forma integral y la epidural como opción recomendada, su aplicación final depende tanto del acuerdo de la mujer como del criterio médico.
En el norte, desde Chaco hasta Salta, se observan retos similares en la disponibilidad de anestesistas y la implementación de la anestesia epidural durante partos naturales sigue siendo limitada.
Esto emerge claramente en la práctica diaria, donde la intervención del anestesista en partos vaginales queda a menudo supeditada a la urgencia y evaluaciones del equipo médico.
Aunque Salta sigue guías específicas, enfatiza métodos no farmacológicos y recomienda modelos que permitan una evaluación caso por caso, asegurando cobertura para emergencias y urgencias.
Montañas y métodos alternativos
En Mendoza, aunque se ofrece la epidural en un porcentaje apreciable, la falta de anestesistas suficientes limita su acceso en todos los casos. Río Negro y Santa Cruz también tienen dificultades en garantizar este servicio, citando incluso en algunos casos que “en la mayoría del país no se realiza”.
Problemas similares enfrentan Neuquén y Chubut, con falta de profesionales dedicados exclusivamente a la analgesia durante el parto. Así, mientras se implementan leyes de parto respetado, el acceso directo a la epidural no está garantizado como una prestación rutinaria.
Ante estos desafíos, las provincias buscan desarrollar índices para conocer mejor la demanda real y comprender mejor las preferencias de las gestantes sobre esta alternativa, con el fin de ajustar sus servicios de salud.