Detención de ex funcionarias en caso de fentanilo contaminado
Este miércoles, el juez federal Ernesto Kreplak interrogó a dos antiguas funcionarias de la ANMAT, quienes fueron arrestadas el martes. Se trata de Nélida Bisio, ex responsable del organismo, y Gabriela Mantecón Fumadó, ex directora del INAME, en el contexto de la pesquisa federal sobre fentanilo alterado, relacionado con alrededor de 90 fallecimientos y más de 40 afectados. Al momento de escribir este artículo, no se había dado a conocer el contenido del testimonio. ¿Qué fallos o decisiones fueron fundamentales para justificar sus detenciones?
Investigación y participación de la ANMAT
A diferencia de otros 13 imputados en la investigación de mayo de 2025, todos ex empleados de las empresas implicadas, Bisio y Mantecón Fumadó son las únicas ex funcionarias acusadas. La ANMAT, bajo el Ministerio de Salud dirigido por Mario Lugones, ingresó como denunciante, pero fue removido en agosto de esa posición, ya que surgieron contradicciones debido al rol que desempeñaba.
Implicaciones de la remoción de la querella
La remoción del ministerio de su rol de querellante ocurrió alrededor de un año cuando la Justicia allanó el ministerio de Salud, recogiendo documentos de 2024 y 2025. En agosto del año pasado, Mantecón Fumadó fue relevada de su cargo en el INAME, sin contar que Bisio renunció en enero de 2026, siendo sustituida por Luis Fontana, ex directivo de OSDE.
A pesar de su alejamiento de la ANMAT, la justicia siguió de cerca sus actividades todo el año pasado, destacando un encuentro ocurrido el 14 de enero de 2025 entre Bisio y representantes de HLB.
Decisiones cuestionadas y la espera de la carta de advertencia
En una primera declaración, Bisio afirmó desconocer a Ariel García Furfaro, propietario de HLB. Sin embargo, posteriormente admitió un encuentro en enero de 2025, liderado por ella y Mantecón Fumadó, donde la tensión fue evidente. El encuentro se dio semanas antes de que 300,000 ampollas infectadas con bacterias multi-resistentes llegaran a cinco jurisdicciones del país, y antes de que la primera muerte se reportara el 12 de febrero de ese año.
Detalles del informativo judicial y antecedentes
El documento que justifica los cargos contra las ex funcionarias consta de 192 páginas elaboradas por la Fiscalía en lo Criminal y Correccional Nº1, con María Laura Roteta y Sergio Rodríguez. Resalta el conocimiento de Bisio y Mantecón sobre los antecedentes de incumplimientos de HLB y su laboratorio productor, Laboratorios Ramallo, antes de la producción de los lotes contaminados.
De acuerdo a la fiscalía, los laboratorios tenían un historial de malas prácticas en producción y control de calidad, con reportes por desviaciones significativas en sus productos: hongos, microorganismos, envases defectuosos, y residuos marrones biológicos. En 2023, se solicitó una inspección ante estas irregularidades, pero nunca se llevó a cabo.
La crucial reunión con HLB y las acciones posteriores
La inspección final del 28 de noviembre de 2024 a Ramallo, donde se producían los medicamentos para HLB, se hizo con previo aviso. Esto permitió al laboratorio efectuar correcciones superficiales. Sin embargo, las fallas eran tan críticas que fue imposible ocultarlas completamente.
A raíz de este análisis, ANMAT determinó que Ramallo debía detener la producción hasta solucionar los defectos, además de preparar una “carta de advertencia”. Aunque esta carta fue elevada el 3 de enero de 2025, la fiscalía asegura que fue debido a ellas que no se firmó hasta el 10 de febrero, y se difundió el 24 de febrero, cuando el fentanilo adulterado ya estaba en circulación con trágicas consecuencias.
La reunión del 14 de enero reveló que acordaron con García Furfaro postergar la carta esperando que el laboratorio presentara un plan de acción, así como ayudarles con rótulos de productos que no los tenían.
Según los fiscales, hubo intención de sacar del mercado productos de HLB el 8 de enero de 2025, pero no se ejecutó, perpetuando el riesgo sanitario.
Declaraciones finales en el caso de fentanilo contaminado
El análisis de este proceso sostiene que las funcionarias, al recibir advertencias sobre los riesgos fatales, no tomaron medidas preventivas, resultando en numerosas muertes evitables. Este caso plantea dudas sobre la “cobertura estatal” que permitió no solo la operación continua de los laboratorios, sino la distribución de productos peligrosos pese a múltiples alertas.
Como concluye el informe judicial, proteger la salud de la población era su deber, uno que dejaron de lado.