La Inteligencia Artificial (IA) está superando límites insospechados, incluso penetrando en ámbitos tan estructurados como el Poder Judicial. Los magistrados ahora recurren a aplicaciones y herramientas que aceleran el tratamiento de datos, pero para asegurar que su empleo no conduzca a decisiones erróneas o prácticas inadecuadas, la Suprema Corte de la provincia de Buenos Aires ha lanzado una normativa para regular su integración de manera estratégica y ética en la administración de justicia.
Con la resolución 1719, el máximo tribunal provincial busca establecer un marco regulador que permita actualizar la gestión de procedimientos y optimizar la eficiencia administrativa, todo ello sin poner en riesgo los derechos fundamentales de los individuos.
Los magistrados, secretarios y auxiliares del sistema judicial podrán aprovechar las capacidades de la inteligencia artificial, pero siguiendo un protocolo que será desarrollado con la participación de todos los involucrados en el sistema.
Un Proceso de Consulta Participativa
Se llevará a cabo un “proceso de consulta participativa” para la elaboración de las normas que aseguren un “uso y desarrollo responsable de la Inteligencia Artificial”.
Según informaron las autoridades de la Suprema Corte, se abrirá un espacio para que la comunidad jurídica participe: jueces, agentes judiciales, colegios de profesionales y entidades académicas.
Las contribuciones se gestionan a través de un portal especializado dentro de la web oficial de la Suprema Corte, diseñado especialmente para este propósito. Este proceso se desarrollará durante un mes, desde el 8 de junio hasta el 8 de julio. Una “Comisión de Gobernanza y Uso de Inteligencia Artificial” se encargará de analizar los datos recibidos y deberá presentar un informe antes del 31 de agosto.
La IA y su Utilidad en el Ámbito Judicial
Acerca del uso de IA dentro de las funciones específicas de los funcionarios judiciales, Clarín consultó a jueces del ámbito penal de La Plata. La respuesta fue concluyente: “Para ciertas labores es aplicable, como rastrear antecedentes. Hay plataformas que ofrecen datos que agilizan la preparación de argumentos y veredictos”, comentó un magistrado.
No obstante, aclaró que “no puede reemplazarse el contexto, ni la experiencia personal, ni la interpretación de un razonamiento”.
Desde la Suprema Corte indican que no se han detectado casos de sentencias completas elaboradas exclusivamente con IA, aunque “dada su accesibilidad, es prudente una cierta regulación”, según señalan.
La normativa, firmada por Sergio Torres, Hilda Kogan y Daniel Soria, subraya que la tecnología debe servir solo como un apoyo y prohíbe la sustitución del “razonamiento humano en la toma de decisiones judiciales”.
Se prevé lograr una transparencia total; los operadores tendrán que informar cuando empleen estas tecnologías, además de proteger estrictamente la privacidad de los datos personales.
El uso de IA quedará limitado para diversas prácticas judiciales, no permitiéndose la automatización completa de decisiones legales, tales como resoluciones sobre la admisibilidad, medidas cautelares, o decisiones de fondo, que deben ser competencia exclusiva del juez.
Asimismo, no se permitirá el uso de sistemas que operen sin una supervisión humana efectiva sobre los resultados producidos.
Sin embargo, será posible utilizar IA para tareas relacionadas con la gestión de documentos, clasificación de expedientes, organización de audiencias, así como la generación de estadísticas, análisis de plazos y desempeño en los procesos judiciales.
Para todas las demás funciones, “la intervención directa del juez será necesaria e insustituible”, concluyen desde la Suprema Corte.