“Iremos todos con armas, será una celebración increíble”. Esta amenaza lanzada por al menos cuatro jóvenes de 14 años puso en alerta a una institución educativa en Moreno, resultando en la apertura de un proceso penal contra los menores por el delito de “intimidación pública” y el decomiso de un importante número de armas.
Incremento de amenazas en colegios
La continua oleada de amenazas de ataques en escuelas afecta a numerosos centros educativos tanto en varias provincias como en la Ciudad de Buenos Aires. Uno de los incidentes más recientes tuvo lugar en la Escuela Técnica N° 4 de Moreno, lo que provocó una serie de allanamientos y la incautación de diversas armas.
El último viernes, la administración de la escuela técnica fue informada de que al menos cuatro estudiantes habían sido captados en fotografías portando lo que parecían ser armas de fuego dentro de uno de los salones del colegio.
Intervención judicial y policial
Se subieron a Instagram y a estados de WhatsApp imágenes donde se veía a cuatro jóvenes mostrando pistolas junto a las inscripciones “La mafia de los Santis” y la amenaza “Dale mañana giles”.
La Fiscalía de Moreno-General Rodríguez y la Delegación Departamental de Investigaciones (DDI) del distrito, junto con secretarías de Seguridad locales, intervinieron en el caso.
La investigación determinó que los responsables de estas publicaciones eran menores, por lo que el caso se transfirió al Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil, desde donde se solicitó la autorización para allanar siete residencias de los presuntos involucrados.
Los investigadores de la DDI inspeccionaron las casas señaladas, confiscando una pistola Bersa Thunder calibre .22, otra de marca Magtech de igual calibre y dos rifles de aire comprimido.
También se incautaron dispositivos electrónicos y 16 teléfonos móviles para realizar las pericias correspondientes en su contenido, según informaron las fuentes de la investigación.
Consecuencias y reacciones
En total, cuatro jóvenes de 14 años, uno de 16, otro de 17 y uno de 19 fueron notificados sobre el proceso penal por intimidación pública. Todos serán interrogados este jueves.
Un investigador implicado en la identificación de los sospechosos expresó: “Durante los allanamientos, las familias estaban indignadas por las acciones de los jóvenes. No es algo que se tome a la ligera y causa un grave impacto en los estudiantes, quienes se sienten angustiados”.
Fuentes judiciales indicaron que el Departamento Judicial de Moreno-General Rodríguez ha recibido más de 120 denuncias de amenazas, tanto virtuales como mediante grafitis en escuelas del área. Muchas de estas situaciones están bajo investigación para identificar a los autores.
Entre estas amenazas, se destaca una hecha a través de un chat en redes sociales entre dos adolescentes, que decía: “Iremos todos armados, será una gran fiesta. No quiero que lo ocultes, sabes quién soy. Esto es solo una advertencia para todos esos tontos. Los de tercero cuarta son unos tontos, ¿entendiste?”.
Otra amenaza, publicada como una historia de Instagram, incluía una lista de 12 nombres de estudiantes de cuarto y quinto año de secundaria.
“Nos vamos a vengar de todo lo que nos hicieron sufrir, tanto en el turno tarde como en el turno mañana. El 17/04 o el 20/04, sufrirán las consecuencias por el bullying que nos hicieron, tanto dentro como fuera de la escuela”, rezaba otra publicación bajo investigación judicial.
Tras eventos trágicos como el ocurrido en la ciudad santafesina de San Cristóbal, donde un adolescente de 15 años abrió fuego y mató a un compañero, múltiples colegios del país denunciaron amenazas, ya fuera con grafitis en baños o por redes sociales.
Por eso, varias provincias y la Ciudad de Buenos Aires decidieron establecer un protocolo de intervención conjunto entre la justicia, la policía y organismos de protección de Niñez y Adolescencia.
En Mendoza, por ejemplo, esta semana comenzó con controles policiales en más de cien escuelas y se instauró la obligación de llevar mochilas transparentes tras la aparición de amenazas pintadas.
Las administraciones provinciales han revelado que más de 200 escuelas están bajo este sistema y que al menos seis estudiantes mayores de 16 años están en proceso de ser acusados por amenazas de muerte e incitación al uso de armas en las escuelas de la región.
En Córdoba, el Ministerio de Seguridad firmó una resolución para implementar el Protocolo de Recupero y Resarcimiento, con el cual los costos de intervenciones causadas por amenazas en colegios serán reclamados a los tutores legales de los alumnos judicialmente implicados.