En Córdoba, un profundo escándalo ha sacudido a la comunidad tras la revelación de una red de abuso infantil relacionada con remiseros vinculados a políticos y fuerzas de seguridad. La situación, que se destapó hace dos semanas cuando se buscaba a una menor desaparecida, ha resultado en la detención de quince personas, incluyendo a un agente policial. En un movimiento significativo, las autoridades desplazaron este miércoles a los líderes de las comisarías de Río Seco y la Legislatura suspendió a un diputado del partido gobernante relacionado con el caso.
La gravedad de las acusaciones, que incluyen abuso y acoso a menores a quienes también se les colocaron chips anticonceptivos desde los 11 años en centros de salud locales, se intensificó cuando una mujer llamada Marfa compartió su impactante historia. Ella había denunciado en 2020 a José Aníbal Villarreal, el asistente ya arrestado del diputado peronista Ernesto Ramón Flores, por abuso sexual.
Impacto en la Policía y la Legislatura
El miércoles, Flores -quien previamente fue intendente de Villa María de Río Seco, lugar donde se desarrolló la red para acceder a las menores- tuvo que abandonar temporalmente su posición en la Legislatura. El Partido Justicialista aprobó una licencia sin sueldo de seis meses para el legislador oficialista.
Medidas del Ministerio de Seguridad
En respuesta a la crisis, el Ministerio de Seguridad ordenó la remoción de la cúpula policial en el departamento Río Seco. Esta decisión incluyó al director y subdirector de la Unidad Departamental y a los jefes de las zonas 1 y 2. El ministro Juan Pablo Quinteros argumentó que la acción se tomó debido a la “pérdida de confianza de la sociedad en la institución” y solicitó que se investigue el posible encubrimiento de una denuncia de 2020 contra Villarreal.
La confesión de Marfa, quien fue criada por la familia de Villarreal desde los 2 años y escapó a los 16, es alarmante. Detalló el maltrato y abuso físico y sexual que sufrió, asegurando que finalmente pudo denunciar con el apoyo de su pareja actual, aunque la investigación quedó estancada hasta ahora. Ante las recientes detenciones por abuso sexual a otras adolescentes, expresó: “Al fin, se está haciendo justicia después de tanto tiempo”.
Desarrollo de la Investigación Judicial
La fiscal de Instrucción de Dean Funes, Analía Cepede, busca añadir al proceso el testimonio de una cuarta víctima que surgió recientemente, permitiendo más arrestos. En el caso figuran quince detenidos, entre ellos el policía Juan Cruz Cejas Bustamante, acusado de abuso sexual con acceso carnal y grooming tras descubrirse pruebas incriminatorias en su teléfono.
La fiscal Cepede también ordenó registros en dos hospitales de Villa de María de Río Seco y San José de la Dormida, para investigar si los chips anticonceptivos fueron implantados a las menores sin seguir las normativas contra el abuso.
Siete de los detenidos enfrentan acusaciones formales de abuso sexual con acceso carnal, profundizando la crisis judicial y política.
Repercusión Política en la Provincia
Paralelamente, la Legislatura cordobesa concedió una licencia de 180 días a Ernesto Ramón “Cañito” Flores, sin sueldo, a pedido personal. La oposición, sin embargo, exigió su destitución total del parlamento.
Aunque Flores no es acusado directamente, el escándalo lo involucra por la detención de su asistente Villarreal y porque algunos abusos ocurrieron en terrenos de su propiedad, según la fiscalía.
El ala peronista describió los hechos como “repudiables” y confía en que la justicia lleve adelante la investigación. No obstante, la oposición manifestó que tal licencia es “un signo de impunidad”, según Brenda Austin, legisladora radical, en declaraciones a la radio Cadena 3.
SMB