Después de pagar una fianza de 18,500 dólares, Agostina Páez, de 29 años, sigue desde Argentina el curso de la acusación de racismo que enfrenta en Brasil. Sin embargo, su situación se podría complicar debido a la demanda de una ONG brasileña, que exige una sanción más dura y una compensación “a la comunidad brasileña”.
Breve regreso a Argentina
Agostina Pérez permaneció detenida durante 75 días en Río de Janeiro, acusada de haber cometido ofensas racistas en contra de empleados de un bar de Ipanema. Tras el pago de casi 20,000 dólares, logró salir de Brasil, voló a Buenos Aires y posteriormente regresó a su provincia natal en Santiago del Estero.
Reacciones en Santiago del Estero
Los días de Agostina en Santiago del Estero se vieron sacudidos por las acciones de su padre, Mariano Páez, quien imitó los gestos racistas que se le atribuyen a su hija. Este incidente, rápidamente viralizado en redes, ocurrió en un bar de la capital santiagueña al poco tiempo de que la abogada arribara a la ciudad.
Negación y polémica en las redes
Tras la viralización del video, Mariano Páez negó su implicación, manifestando no comprender “la maldad y odio” generados por la difusión de un video que, según él, era manipulado. Afirmó, además, que podría haber sido modificado con “inteligencia artificial”, a pesar de admitir ser regular en dicho establecimiento.
Presión legal por parte de ONG
Los gestos de Mariano se han convertido en un eje central para el argumento presentado por el Centro de Articulación de Poblaciones Marginalizadas (CEAP), una ONG “de carácter cultural, educativo, social y de asistencia social” que reúne a afrodescendientes y miembros de colectivos feministas.
Evaluando las imágenes del incidente ocurrido en enero y las declaraciones sobre el caso, la ONG argumenta que el comportamiento racista es un patrón familiar.
Actualmente, Agostina Páez debería realizar un pago compensatorio equivalente a 120 salarios mínimos para las víctimas, lo cual asciende a aproximadamente US$39,000 al tipo de cambio actual. No obstante, la organización -con 37 años de historia defendiendo los derechos humanos y combatiendo racismo e intolerancia religiosa- solicita que se aumente esta cantidad y que los fondos se utilicen para proyectos sociales en colaboración de Argentina y Brasil.
Carlos Nicodemos, abogado de CEAP, indicó que el propósito es asegurar una “indemnización por el daño moral a la víctima, así como también una reparación colectiva a la comunidad brasileña”, según declaraciones a La Nación.
En cuanto a la decisión del juez Guilherme Duarte de permitir que Agostina Páez retorne a Argentina tras el pago de la fianza, la ONG expresó desacuerdo, considerando que el sistema judicial ha favorecido más a la acusada que a las víctimas.
Desde Santiago del Estero, tanto la abogada como su familia pueden seguir el proceso final de alegatos de la fiscalía y la defensa antes del veredicto. Antes de ello, el tribunal debe decidir si acepta a CEAP como amicus curiae.