Localizado al noroeste profundo de Santa Fe, Logroño es una pequeña localidad que forma parte del Departamento de 9 de Julio. Se encuentra a unos 32 kilómetros de Tostado y más de 300 de la capital provincial. Su origen se remonta a 1911 cuando inmigrantes de Logroño, España, se asentaron aquí durante la expansión ferroviaria para comenzar de nuevo.
Logroño alberga apenas mil personas y su economía pivota en torno a la agricultura y la ganadería. Sin embargo, las oportunidades laborales escasean, obligando a los jóvenes a emigrar. Recientemente, la comunidad vislumbró un cambio, pero esa esperanza se enfrenta ahora a desafíos. Un conflicto ambiental ha situado a Logroño fuera del mapa habitual, desatando un debate más amplio que una simple obra detenida y un expediente legal. La discusión, que involucra al Ejecutivo provincial, centra sus esfuerzos en cómo abordar problemas que la mera aplicación de la ley no puede resolver para asegurar un futuro próspero.
Todo comenzó con la propuesta de una planta de desmotado de algodón, una actividad emergente en esta región ganadera, que culminó en la tala de 30 hectáreas de bosque en un área protegida, infringiendo la Ley de Bosques. El Ministerio de Ambiente de Santa Fe denunció este delito y llevó el caso a los tribunales. El proyecto fue detenido en marzo de 2025 tras confirmar los daños ambientales, admitidos tanto por la empresa como por el gobierno local.
El comienzo del conflicto
A pesar de la parada del proyecto, la solución política para la comunidad sigue ausente. Mientras la legalidad del asunto sigue en mediación judicial, Logroño se ve estancado. La ausencia de la planta implica falta de inversión y empleo, agravando el retraso estructural que ya existía.
Respuestas y exigencias comunitarias
Frente a este contexto, se organizó una pacífica manifestación institucional. Más de 300 ciudadanos, junto a instituciones locales como clubes, escuelas y comercios, han firmado un petitorio al Gobierno de Santa Fe solicitando la creación de un espacio de diálogo.
El documento no solo expresa la aguda preocupación social: también exige mecanismos de participación ciudadana avalados por la legislación provincial. Se solicita que las decisiones ambientales de considerable impacto consideren sus consecuentes efectos sociales y territoriales.
Impacto social y económico
La intendenta, Mariana Cardozo, enfatizó la conexión entre los recursos naturales y humanos: “Estamos enfrentando una dura situación que nos afecta a todos”, afirmó. La falta de empleo y la emigración juvenil son reflejos de esta problemática. “El desarrollo laboral es crucial”, añadió.
El petitorio también señala una contradicción en las políticas provinciales. Se cita el Decreto 15/2025 del gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, enfocado en potenciar el desarrollo productivo y las inversiones en el norte provincial. Sin embargo, la realidad en Logroño presenta una contrariedad respecto a estos objetivos, dada la falta de soluciones viables planteadas.
“La empresa cometió un error grave, pero también es cierto que somos nosotros los que sufrimos las consecuencias”, expresó Cardozo. Aunque han respetado la ley y el proceso judicial, la comunidad clama por un nuevo curso de acción que ofrezca salidas sostenibles.
Actualmente, el gobierno provincial no ha respondido formalmente al petitorio. Sin embargo, en Logroño, el reclamo avanza institucionalmente, sin enfrentamientos, pero con una necesidad urgente de resolución. “El pueblo ya ha hablado”, concluyó Cardozo. “Ahora, necesitamos respuestas concretas”.