Progreso en la modificación de la normativa sobre salud mental: se elimina una condición esencial para actuar en situaciones críticas

Un paso hacia adelante

Después de dieciséis años desde su implementación, la Ley Nacional de Salud Mental está a punto de experimentar un cambio significativo. A pesar de meses de presentaciones en comisión y un estancamiento en el debate, La Libertad Avanza logró el jueves por la noche asegurar la firma del dictamen mayoritario gracias a un acuerdo con grupos aliados.

Aspectos claves de la reforma

El miércoles pasado, la líder del bloque oficialista, Patricia Bullrich, junto a las presidentas de las comisiones de Salud y Legislación General, Ivanna Arrascaeta y Nadia Márquez, compartieron las reformas propuestas, las cuales serán discutidas en la sesión del 22 de octubre. Bullrich resumió la esencia de la reforma en una frase que recalca un enfoque preventivo en lugar de esperar un peligro inminente. Esta reforma es vista por muchos expertos como necesaria y largamente esperada, aunque también hay preocupaciones.

El proyecto, enviado por el Poder Ejecutivo al Senado el 20 de abril, se centra en modificar la internación involuntaria; reemplaza el concepto de “riesgo cierto e inminente” por “riesgo grave de daño a la vida o integridad física” tanto de la persona en cuestión como de terceros. Para proceder con una internación, se requerirá la evaluación tanto de un médico, preferiblemente psiquiatra, como de otro profesional, de forma ideal un psicólogo. El momento de intervención cambia significativamente, ya que permite actuar ante un riesgo evaluado sin esperar que el peligro sea inmediato.

El papel del profesional y la nueva estructura

Con esta reforma, se da un papel central al diagnóstico médico, especialmente destacando el rol del psiquiatra en la toma de decisiones, un cambio visto por Oscar Abudara Bini como una vuelta a la practicidad previa que estaba obstaculizada por una excesiva burocracia. Ahora, se agilizaría la respuesta en situaciones agudas que requieren intervención inmediata.

Ricardo Corral, un reconocido psiquiatra y docente, enfatiza que el diagnóstico médico es imprescindible para diferenciar entre síntomas psiquiátricos y aquellos que podrían ser señal de enfermedades físicas subyacentes. Este enfoque busca evitar intervenciones tardías y garantizar que los pacientes reciban el tratamiento necesario y adecuado en el menor tiempo posible.

Controversia y crítica a la ley vigente

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El artículo 20 del proyecto propone una evaluación obligatoria de riesgos potenciales si no se indica una internación; este criterio podría llevar a internaciones “por precaución”, lo cual ha sido criticado por Esteban Martínez, presidente de la Asociación de Psiquiatras Argentinos. Martínez argumenta que con mejor claridad técnica, la ley actual ya permite considerar un plazo más amplio para evaluar conductas de riesgo sin necesidad de modificar la ley.

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Impacto en el sistema de salud

Una preocupación importante es sobre el sistema actual de hospitales especializados y su capacidad para responder adecuadamente a las necesidades. Ricardo Corral apunta que estos cambios en la ley deben complementarse con recursos adecuados, asegurando un sistema de salud mental más efectivo. También aboga por mantener hospitales especializados para casos complejos en lugar de centralizar toda la atención en hospitales generales, dado el costo tanto humano como operativo del modelo actual.

La reforma al sistema de salud mental busca, por tanto, responder a una necesidad urgente de ajustar el marco legal a la realidad actual, priorizando la previsión y adecuando los procesos a las verdaderas necesidades de los pacientes, pero también enfrenta críticas sobre su implementación y la falta de recursos financieros adecuados.

Conclusiones y pasos futuros

Actualmente, el dictamen está preparado para su discusión en el Senado el 22 de octubre. Si se aprueba, será remitido a la Cámara de Diputados para su posterior sanción. Este proceso legislativo deja abierto el debate sobre si el verdadero reto radica en cambiar la letra de la ley o en disponer de los recursos necesarios, como camas, personal capacitado y financiamiento, para que estas reformas sean efectivas y pragmáticas.

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En resumen, la modificación propuesta a la ley de salud mental pretende garantizar una intervención más oportuna y efectiva para aquellos en situación crítica, respetando los derechos de los pacientes mientras se enfrenta a un sistema de salud mental que se reconoce como inadecuado en su infraestructura y recursos actuales.

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