Retos en la Distribución de la Vacuna Pfizer
La disponibilidad de las vacunas del Covid de Pfizer ha estado a menudo en discordancia con las necesidades del sistema de salud en Argentina, tanto por exceso como por falta. Inicialmente, durante la pandemia, las dosis llegaron con demora porque el gobierno kirchnerista decidió priorizar acuerdos con otros fabricantes. En la actualidad, según la información obtenida por Clarín, aún quedan por recibir cerca de 8 millones de dosis del pedido original, cuyo plazo vence el próximo año, justo cuando la demanda del inmunizante está en notable descenso.
Estadísticas de Administración y Nuevas Estrategias
Desde octubre del año pasado hasta ahora, solo se han administrado 271.311 dosis de Pfizer. El Estado nacional continúa suministrándolas sin costo alguno ante la amenaza persistente del virus, que sigue contagiando y mutando, siendo especialmente peligroso para personas con enfermedades preexistentes, adultos mayores y niños pequeños, según el Registro Federal de Salud Nominalizado (Nomivac).
La selección de octubre no es sin razón. Según Clarín, durante ese mes de 2025, Argentina recibió los últimos envíos de Pfizer, totalizando casi un millón de dosis. Al observar la cantidad de personas que se vacunaron durante ese tiempo, aproximadamente el 70% de esas dosis sigue sin utilizar. Vale aclarar que la caducidad del producto, según la FDA, es de 12 meses.
El gobierno kirchnerista firmó contratos iniciales con Pfizer desde el segundo semestre de 2021, ya cuando la pandemia había causado gran impacto. El primer acuerdo fue el 16 de agosto de 2021 por 20.080.710 dosis, a 12 dólares cada una, y el segundo, el 18 de enero de 2022, por 18.501.160 dosis, a 12,50 dólares la unidad. Actualmente, faltan cerca de 8 millones por llegar, con un valor acumulado cercano a los 100 millones de dólares.
Desde 2023 y durante 2024, se realizaron varias modificaciones a los contratos para extender los tiempos de entrega debido al bajo interés en la vacuna. El plazo máximo previsto vence en noviembre de 2027, y se plantean dos opciones: extender nuevamente este plazo, si es factible, o explorar un plan alternativo.
En el último año, se han inoculado un poco más de 270 mil personas contra el Covid en el país. Los contratos entre el Gobierno y los fabricantes son confidenciales, por lo que las partes se abstienen de comentar detalles. Sin embargo, Clarín obtuvo información de dos fuentes relacionadas con Pfizer, quienes afirmaron una disposición de la empresa para analizar ajustes en la estrategia original.
La lógica detrás de estos cambios se basa en el poco probable -sino imposible- escenario de que la población argentina demande todas las vacunas. Por ello, se está valorando la idea de ofrecer otros medicamentos que resulten más útiles para la comunidad respetando el mismo monto financiero, evitando así desperdiciar recursos de manera innecesaria.
Las fuentes señalaron que ya se iniciaron discusiones preliminares entre el Gobierno y la filial local de Pfizer. En estas charlas, se consideró un abanico de medicamentos para sustituir las vacunas, aunque se debe mantener reservas para quienes soliciten el inmunizante.
A pesar del secretismo inherente a los contratos, ni el Gobierno ni la empresa han confirmado oficialmente estos posibles cambios. Ante consultas directas sobre posibles negociaciones, las autoridades gubernamentales respondieron: “No hay movimiento ni modificaciones”. Desde la farmacéutica, al momento de cerrar este informe, tampoco hubo respuesta.
Si bien no existe claridad sobre el desenlace de estas gestiones, es probable que una declaración oficial solo se haga pública ante avances concretos. De ser así, la narrativa de Pfizer en Argentina podría pasar de un inicio marcado por debates políticos sobre condiciones contractuales, a una solución más racional y adecuada ante una reducción en la emergencia sanitaria.