El contexto detrás del apoyo a la ley de financiación educativa
Lo que se considera el “mal menor” fue el sentimiento expresado por algunas fuentes vinculadas a rectores de universidades nacionales que participaron activamente en las discusiones de la reciente Ley de Financiamiento Universitario enviada al Congreso por la Casa Rosada.
Preocupación y expectativas entre los rectores
Aunque el proyecto de Milei no cuenta con la aprobación total de estos rectores, ellos lo respaldan, ya que perciben que su implementación podría ser la vía más rápida para asegurar recursos. Estos fondos son necesarios para garantizar el inicio exitoso del ciclo académico en todas las universidades nacionales en este mes y para mantener el funcionamiento del sistema durante el resto del año.
La posición institucional de las universidades
A nivel institucional, el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) ha mantenido su postura al exigir el cumplimiento de la ley vigente a través de comunicados. “Hay una ley en vigor y hemos manifestado la necesidad de que se cumpla. Hemos iniciado acciones legales y ya tenemos un fallo de primera instancia favorable. Este cumplimiento debería incluir la convocatoria a paritarias con los gremios”, explicó Oscar Alpa, presidente del CIN.
Los desafíos de la nueva propuesta gubernamental
El nuevo proyecto modifica la Ley de Financiamiento Universitario ya validada dos veces por el Congreso, incluso tras un veto presidencial. Esta ley fue resultado de un extenso conflicto, y el Ejecutivo Nacional, a pesar de estar obligado a promulgarla, nunca la puso en práctica. Esto ha llevado a denuncias por incumplimiento de obligaciones legales.
El nuevo proyecto, comparado con la ley vigente, solo reconoce una pequeña parte de la pérdida salarial del sector desde diciembre de 2023, específicamente un 12,3% de lo perdido en 2025, sin contemplar las pérdidas de 2024, que ascendieron al 38% ese año. La propuesta ha sido objeto de negociación entre rectores del CIN y funcionarios del Ministerio de Educación, encabezados por Alejandro Álvarez, durante los primeros meses del año.
El Gobierno tiene el objetivo de resolver el litigio judicial abierto por la falta de implementación de la ley vigente. Algunos rectores, por otro lado, temen que, debido a la actual configuración del Congreso, ciertos sectores del mismo oficialismo, como los cercanos a figuras más críticas como Patricia Bullrich, podrían abogar por la derogación total de la ley ya aprobada.
De no actuar, las universidades podrían enfrentar un vacío legal y financiero, con prolongadas disputas judiciales y sin los recursos necesarios para afrontar el comienzo del próximo año académico.
Las universidades esperan que el nuevo proyecto educativo de Milei sea pronto discutido y sancionado por el Congreso. “No había otra opción. Es esta ley o el riesgo de una derogación de la ley vigente que no se está aplicando. La composición actual del Congreso es lo que eligió la ciudadanía. Al aprobarse la nueva ley, se asegurarán el ajuste por las pérdidas de 2025 y se establecerá una base más alta para las negociaciones paritarias”, comentó una fuente cercana a los rectores a Clarín.
Análisis de los elementos de la nueva ley
El proyecto de ley del Gobierno, recientemente enviado al Congreso, consta de muy pocos artículos y se centra en modificar, pero no derogar, la ley existente. La modificación clave está relacionada con la remuneración de los docentes y trabajadores no docentes de la educación superior. La ley 27.795, previamente aprobada por el Congreso, había estipulado que el Estado debería compensar la pérdida por el Índice de Precios al Consumidor (IPC) desde diciembre de 2023, lo que implicaba el 38% de 2024 y el 14% en 2025.
El proyecto gubernamental actual no aborda ninguna recomposición para 2024 y únicamente prevé un ajuste del 12,3% por las pérdidas de 2025, pagado en tres tramos a lo largo del año. También se propone una paritaria trimestral, aunque no se incluye la cláusula sobre ajustes mensuales con base en la inflación.
En cuanto a los gastos operativos de las universidades nacionales, un aspecto crítico para los rectores, la antigua ley incluía una corrección por las pérdidas de 2024 y 2025. El nuevo proyecto, sin embargo, solo se enfoca en 2026, vinculando los gastos a la inflación por encima del 14,3%, como lo proyecta el Presupuesto 2026.
El aumento garantizado así busca cubrir la inflación que supere lo previsto, asegurando que las universidades reciban fondos suficientes para sus necesidades operativas.
Adicionalmente, se propone un aumento específico para los hospitales universitarios, superando los 80.000 millones de pesos. Este punto no estaba contemplado en la ley anterior y representa un reconocimiento al crítico estado financiero que atraviesa el sistema sanitario gestionado por las universidades nacionales.
Fuentes académicas indican: “El presupuesto hospitalario está en una situación preocupante. Estos recursos son urgentes y necesarios”.
Además, la Casa Rosada ha considerado el contexto cultural al redactar el nuevo proyecto. Un artículo original de la ley de Financiamiento Universitario abordaba los objetivos de la norma. Aunque el nuevo documento conserva estos objetivos, reemplaza el lenguaje inclusivo con el tradicional.
Historia de un largo conflicto
La potencial aprobación del nuevo proyecto podría ser el desenlace de una extensa historia de discrepancias universitarias, siempre influenciadas por la política desde la llegada de Milei a la Casa Rosada.
La discordia comenzó en 2024, después de que el Gobierno prorrogara el Presupuesto Nacional sin ajustar las partidas para las universidades, generando un golpe económico significativo.
La creciente inquietud culminó en una protesta a gran escala en abril de 2024. Además de la pérdida salarial, las universidades carecían de fondos para funcionar y muchos rectores alertaron de la imposibilidad de cubrir servicios básicos.
En respuesta a la primera movilización, el Gobierno liberó fondos operativos para las universidades. Sin embargo, la cuestión salarial siguió sin resolverse. Esto propició el avance legislativo de la Ley de Financiamiento Universitario, enfocada en la actualización de sueldos de acuerdo a las pérdidas desde 2023.
Después de que el presidente vetara la ley, fue ratificada por una amplia mayoría parlamentaria, obligando a su promulgación, aunque nunca aplicada, lo que impidió el reajuste salarial.
Posteriormente, una acción legal del CIN llevó al juez federal Martín Cormick a ordenar la aplicación “inmediata” de la ley, que el Ejecutivo luego evadió apelando al vínculo académico del juez como motivo de recusación.
Este reciente proyecto podría cerrar el cíclico conflicto, en el que todas las partes involucradas han experimentado pérdidas significativas.