Cuando las ganancias se reducen, cualquier fluctuación en los gastos se vuelve crucial. Las escuelas privadas en la provincia han señalado cómo las tasas municipales cobradas en los partidos bonaerenses afectan significativamente sus ya ajustadas finanzas.
Preocupación por el impacto económico
De acuerdo con lo expresado por la Asociación de Institutos Privados de Argentina (Aiepa), que agrupa a más de 3.000 establecimientos en Buenos Aires y CABA, en 2026 algunos municipios han incrementado estos impuestos hasta un 100% en comparación con el año anterior.
Detalles de los incrementos
Se refieren a normativas que establecen un abono que oscila entre el 0,02% y el 0,07% de la facturación mensual obtenida por las instituciones educativas. En términos prácticos, por cada millón de pesos de ingresos, las escuelas deben destinar entre $2.000 y $7.000. “Aunque el porcentaje no sea elevado, cada carga adicional afecta a los costos fijos de las organizaciones educativas”, comentó Aiepa.
Factores que amenazan la sostenibilidad
La asociación subraya que esta presión tributaria se suma a otros factores que ponen en riesgo la continuidad de las instituciones educativas, como el aumento de servicios básicos (electricidad, gas, agua), la demora en la aprobación de los incrementos de cuotas y la reducción en la cantidad de estudiantes matriculados.
En la Provincia, el sector educativo privado abarca el 30% del sistema educativo, atendiendo a 1,38 millones de alumnos en niveles de inicial a secundario. Más de 5.800 centros educativos son administrados por empresarios privados o entidades religiosas.
Alrededor del 80% de estas entidades reciben algún tipo de subsidio estatal para los salarios docentes, aunque los gastos restantes son responsabilidad de los administradores.
Las quejas de las escuelas privadas respecto a las tasas municipales se suman a otras medidas del Gobierno nacional contra tales impuestos. Desde 2024, el Ministro de Economía, Luis Caputo, lanzó una iniciativa prohibiendo el cobro de conceptos municipales en las facturas de servicios públicos.
Recientemente, dirigentes de la LLA en la Provincia propusieron en 129 municipios bonaerenses proyectos de ordenanza para reducir o eliminar tasas consideradas excesivas. En teoría, una “tasa” implica una contraprestación por parte de quien la cobra.
La comunidad educativa se alarmó cuando el Concejo Deliberante de Pilar sancionó la ordenanza 112/25 que duplicó la Tasa de Inspección de Seguridad e Higiene (TISH) aplicable a diversas actividades empresariales, incluido el sector educativo, incrementando la tasa del 0,015% al 0,03% de la facturación mensual. Además, se impuso una contribución de 7.500 pesos mensuales por cada empleado de las Pymes, categoría que también incluye a las escuelas privadas.
Opiniones de los afectados
Según las autoridades locales, dicho cargo se implementa a cambio de servicios de salud, como la habilitación de un hospital municipal y atención ambulatoria, ambos gratuitos para todos los ciudadanos del distrito.
El secretario ejecutivo de Aiepa, Martín Zurita, explicó que “estas decisiones impactarán significativamente en las escuelas, que suelen tener una plantilla considerable de personal. Una escuela privada funciona como una Pyme con un mínimo de 60 a 120 empleados”, subrayó.
Calculando los datos del sector, se estima que una escuela de tamaño medio podría desembolsar entre 1,5 y 2 millones de pesos mensuales en tasas municipales, implicando un costo anual superior a los 20 millones de pesos.
Un estudio de Clarín mostró que casi todos los municipios bonaerenses imponen este tipo de gravámenes a los colegios. Por ejemplo, en La Plata se aplican tasas TISH, pero no de forma uniforme. “Existe una exención proporcional al subsidio provincial recibido. Fundaciones y asociaciones sin ánimo de lucro podrían estar exentas si cumplen ciertos requisitos”, indicó un funcionario municipal.
En el área metropolitana, el gravamen varía: Hurlingham aplica un 0,07%, Zárate un 0,06%, al igual que Vicente López, San Isidro, Malvinas Argentinas y Avellaneda.
Mercedes, por su parte, establece un 0,055%, mientras que Tres de Febrero y Tigre cobran un 0,05%, y Escobar un 0,04%, mencionando solo algunos casos.
“Frente al panorama actual, la situación es insostenible para nuestras instituciones. Pareciera que no se evalúa la realidad económica de las escuelas”, sostuvo Zurita, agregando que la entidad está considerando diferentes acciones para que las autoridades municipales reconsideren su postura. Aiepa ha enviado solicitudes y peticiones a varios concejos deliberantes buscando revertir la situación.
Dificultades con las cuotas escolares
Los últimos acuerdos salariales también complican la gestión de los colegios privados. El gobierno de Buenos Aires acordó un incremento salarial del 9% para los docentes en tres etapas, sumándose a otros beneficios otorgados anteriormente.
No obstante, la Dirección General de Escuelas de la provincia no ha aprobado revisiones en las cuotas escolares. Las instituciones con subsidio (que representan el 80%) requieren autorización para ajustar los precios, mientras que las instituciones no subvencionadas pueden determinar sus tarifas y transferir el coste de las tasas a los padres.
“Es esencial que se permita un ajuste proporcional de las tarifas para cubrir estos gastos”, reclamó Zurita.
La falta de equilibrio financiero y la disminución en el número de estudiantes llevan a cierres no deseados en las instituciones. Esto ha sucedido recientemente en CABA y en La Plata.
Este fenómeno también se atribuye a la reducción en las tasas de natalidad y a la caída en la matrícula, que se estima ha disminuido en unos 300.000 estudiantes en todo el sistema en los últimos cuatro años.
La Plata. Correspondencia
MG