En el último tiempo, los casos de denuncias falsas se han convertido en un tema recurrente en los medios de comunicación. Un ejemplo reciente es el del médico Pablo Ghisoni, quien fue absuelto por la Corte Suprema de Justicia de Buenos Aires. Después de una década de haber sido acusado de abuso sexual, Ghisoni pudo volver a reunirse con dos de sus hijos, convirtiéndose su caso en un referente.
La situación ahora se traslada a la ciudad de Rosario, donde tres psicólogas están siendo investigadas por presuntamente elaborar informes manipulados con la intención de impedir que los hijos se reconcilien con padres que la Justicia ya ha declarado inocentes.
“Un grupo de profesionales pertenecientes a la AEVAS (Asociación de Altos Estudios en Violencias y Abusos Sexuales) en Santa Fe, ha empleado observaciones textualmente similares para diversos casos, lo que indica el uso de plantillas para tales circunstancias”, sostiene Viviana Cosentino, abogada que, junto a otros colegas y padres afectados, ha interpuesto una denuncia penal contra tres psicólogas identificadas por sus iniciales P.B., N.A., y G.R.S.
La denuncia fue presentada en septiembre de 2025 ante el Ministerio Público de la Acusación en Rosario, y cuenta con las firmas del ex ministro de Justicia provincial Juan Lewis, la ex camarista Carina Lurati, y los abogados Froilán Ravena, Ramiro Coso, José Nanni, Estela Marelli, Adriana Torchio y la mencionada Cosentino.
“Se trata de una demanda por asociación ilícita, corrupción de menores y falso testimonio agravado”, aclara Cosentino. La investigación ha sido asignada a la fiscal Guillermina Aiello, quien está examinando toda la información proporcionada, según refieren desde el Ministerio Público.
“La Corte Suprema provincial ha mantenido encuentros con fiscales para abordar una serie de denuncias contra padres separados por presunto abuso infantil, quienes también han demandado a tres psicólogas”. Estas pertenecen a una organización privada vinculada con el ex juez federal Carlos Rozanski, quien negó las acusaciones.
“Esto no es más que una maniobra propagandística por parte de grupos de padres que han sido alejados de sus hijos”, comentó Rozanski. Además, agregó que “hasta la fecha no se ha presentado ningún caso judicial”.
Un patrón inquietante en los informes psicológicos
Cosentino comentó que la detección de patrones idénticos en distintos informes psicológicos ocurrió “por accidente”. Tras la absolución de su cliente Pablo Barra en primera instancia, se dio una conversación en los pasillos de los tribunales con colegas, lo que permitió descubrir que varias evaluaciones psicológicas mostraban el mismo modelo con la firma de las mismas psicólogas.
Para Cosentino, la coincidencia era demasiado sospechosa: “Los informes describían reacciones idénticas de los menores; muchos sentían repulsión o rabia hacia sus padres, o incluso se autoagredían o ignoraban al padre en dibujos familiares. La similitud era tal que, con solo ocultar los nombres de los niños, parecería tratarse del mismo informe.”
Otros profesionales como pediatras y abogados de familia no corroboraron las afirmaciones presentadas en dichos informes, los cuales “no reflejaban comentarios acordes a los de las psicólogas”. Cosentino subraya que no se trata de negligencia, sino de información falseada con el fin de apoyar medidas cautelares y así postergar la reconciliación entre padres e hijos.
El testimonio de Pablo Barra
Pablo Barra, de 51 años, quien reside en Rosario y trabaja como visitador médico, no ve a su hija desde junio de 2018. “Me acusaron de abusar de mi pequeña hija, Lucía (nombre ficticio), entonces de tres años. Todo se desplomó, perdí mi empleo, aunque con el tiempo me he logrado recomponer. El viernes debo comparecer nuevamente en Rosario para una audiencia que podría ratificar mi absolución”, comenta.
Barra se muestra esperanzado respecto al juicio: “A pesar de todo, tengo esperanzas en este tramo final. Espero que la decisión sea a mi favor y, si todo va como deseo, el lunes podré gestionar el reencuentro con mi hija en el Juzgado de Familia”.
Sobre las acciones de las psicólogas, Barra opina que “tienen razones tanto ideológicas como económicas para actuar así. Creen estar ayudando a las madres preocupadas”, señala Barra, quien ahora tiene tres hijas, incluyendo unas mellizas.
Cuestionado sobre el funcionamiento del sistema judicial, Barra se pregunta “cómo es posible pasar tantos años sin ver a mi hija si se me declaró inocente; si fuera peligroso, no estaría libre”. A pesar de la situación, no pierde la fe en un desenlace favorable.
Por su parte, Marcelo Liaud (60 años), fue exonerado de los cargos que le imputó su ex esposa, quien lo acusó de abuso. Desde entonces, Liaud no ha podido ver a su hijo Milo (nombre ficticio), de nueve años, y opina que la justicia es igualmente responsable por la tardanza en gestionar sus derechos de visita.
Liaud denuncia que tras la orden de permitirle ver a su hijo en los Tribunales por no representar ningún riesgo, ésta no fue cumplida. Además, crítica que el sistema judicial no llamó a su ex esposa ni a él como testigos para evaluar su rol como padre.
La organización AEVAS y las psicólogas reciben respaldo, según Liaud, del Colegio de Psicólogos de Rosario. Esto sumado a un convenio que poseen con el Ministerio Público para capacitar fiscales, hace que cuestionar la validez de sus informes sea un desafío.
MG